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Campaña de Amnistía Internacional sobre violaciones de derechos en México
“Nos parece que esto tiene un contenido de censura aunque no
se diga de esa manera”, dice Perseo Quiroz, director Ejecutivo de Amnistía
Internacional en México.
La campaña de difusión diseñada por Amnistía Internacional
(AI) para concientizar a la sociedad mexicana sobre las 7 mil denuncias de
tortura, los 22 mil desaparecidos y otras violaciones a derechos humanos, pretendía
llegar a los más de 710 mil usuarios del Metrobús a través de carteles
colocados en 22 estaciones, pero de último momento la compañía de publicidad
“Cinco M Dos” frenó la publicación por considerar que se trataba de “contenido
político” y determinó incrementar el costo del servicio.
Por tratarse de una organización no gubernamental, AI pagó
una tarifa especial de 40 mil 600 pesos por la contratación de los espacios
publicitarios en las líneas 1, 2, 3, 4 y 5 del Metrobús y Tren Ligero el 9 de
enero de 2015, pero siete días después la empresa se retractó del convenio.
La campaña de difusión diseñada por Amnistía Internacional
(AI) para concientizar a la sociedad mexicana sobre las 7 mil denuncias de
tortura, los 22 mil desaparecidos y otras violaciones a derechos humanos, pretendía
llegar a los más de 710 mil usuarios del Metrobús a través de carteles
colocados en 22 estaciones, pero de último momento la compañía de publicidad
“Cinco M Dos” frenó la publicación por considerar que se trataba de “contenido
político” y determinó incrementar el costo del servicio.
Perseo Quiroz, director Ejecutivo de Amnistía Internacional
en México, explica a que la empresa le notificó la negativa a
cumplir con el contrato debido a que los carteles –que habían sido entregados
con anterioridad- tenían “contenido político” y no altruista.
“Nos llamaron por teléfono y nos dijeron que siempre no
podían porque tenían un contenido político y ellos tenían una relación con el
gobierno del Distrito Federal, no podían poner ese tipo de imágenes. Nos
sorprendió porque ya estaba hecho el pago y las imágenes habían pasado por una
serie de filtros de diseño”.
Andrea Ramírez, gerente Comercial Administrativo de la empresa,
lo explicó así en un correo electrónico: “El programa de responsabilidad que
manejamos está enfocado principalmente a causas altruistas, por ello es que
únicamente les cobramos el costo de producción (…) al revisar el arte de su
campaña, nos percatamos que no está enfocado a ninguna causa social altruista,
si no más bien tiene un carácter político, el cual ya no cubre con el perfil de
organizaciones a las que apoyamos bajo este esquema”.
Por ello, agrega, “en caso de requerir el servicio tendría
que considerarse como una campaña de iniciativa privada como cualquier otro
cliente”, es decir, con la tarifa regular que asciende a 300 mil pesos
mensuales. O en caso contrario, les podrían devolver el “Nos parece que esto
tiene un contenido de censura aunque no se diga de esa manera”, pues si pagar
30 mil pesos significa un esfuerzo, pagar 10 veces más solo está al alcance de
partidos políticos o empresas transnacionales, advierte Quiroz.
Aunque la campaña estaba prevista del 15 de enero al 15 de
febrero, hasta el momento, las partes no han llegado a algún acuerdo, pues
ambos mantienen su postura. Sin embargo, hasta que Amnistía Internacional
advirtió que emprendería acciones legales debido al incumplimiento del
contrato, se pactó una reunión con los representantes de la empresa.
Autor; Jesús Hoyos Hernández
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