Kamel Nacif: el
poderoso empresario de origen libanés que quiso silenciar a la periodista Lydia
Cacho.
Kamel
Nacif Borge, poderoso empresario textil de origen libanés conocido como “El Rey
de la Mezclilla”,
quedó expuesto en Los demonios del Edén, el libro con el que Lydia Cacho
documentó en 2005 una red de explotación sexual infantil y los vínculos de Jean
Succar Kuri con empresarios y políticos. Nacif respondió llevando a la
periodista ante la justicia por difamación y calumnia. Meses después, Cacho fue
detenida en Cancún, trasladada por carretera hasta Puebla y denunció haber sido
torturada y amenazada durante el trayecto. La historia dio un giro brutal: el
empresario que denunció a la periodista terminó señalado por la operación que
la llevó esposada de un estado a otro. Succar Kuri fue condenado por delitos
sexuales contra menores; Nacif no fue condenado por pederastia, pero sí quedó
bajo investigación judicial por la tortura denunciada por Cacho. El 16 de
diciembre de 2005, policías judiciales poblanos detuvieron a Cacho en Quintana
Roo en cumplimiento de una orden derivada de la querella presentada por Nacif.
La investigación posterior de una comisión de la Suprema Corte
encontró múltiples anomalías: hermetismo extraordinario, obstáculos para que la
periodista preparara su defensa y condiciones que beneficiaron al querellante.
En 2007, sin embargo, el Pleno de la
Corte no alcanzó la mayoría necesaria para declarar que se
habían cometido violaciones graves de garantías conforme a la facultad prevista
entonces en el artículo 97 constitucional. En febrero de 2006 aparecieron
grabaciones atribuidas a Nacif y al entonces gobernador de Puebla, Mario Marín
Torres. En la conversación más famosa, que convirtió al mandatario en el “Góber
Precioso”, ambos hablaban de lo ocurrido con Cacho y Nacif ofrecía enviarle
botellas de coñac. Otras llamadas difundidas mostraban interés en que la
periodista continuara procesada. Las grabaciones sacudieron al país porque
alimentaron la percepción de que la detención de Cacho no había sido un trámite
judicial ordinario, sino una represalia coordinada desde las esferas del poder.
Aunque tuvieron enorme impacto político y periodístico, la Suprema Corte
determinó que, al haber sido obtenidas sin autorización judicial, no podían
utilizarse como prueba para responsabilizar constitucionalmente al gobernador. La
dimensión del caso cambió con el tiempo porque Jean Succar Kuri sí fue
condenado. Tras años de litigios, recibió una pena que terminó fijada en 93
años de prisión por delitos sexuales contra menores y murió en 2024 mientras
cumplía condena. Esa sentencia confirmó judicialmente los delitos centrales
atribuidos a Succar Kuri, pero no convirtió automáticamente en culpables a
todas las personas mencionadas a su alrededor. La propia investigación de la Suprema Corte
registró que, en ese momento, la Procuraduría de Quintana Roo informó que no
existía una averiguación previa contra Kamel Nacif por delitos cometidos contra
menores. Años después, el caso volvió a sacudir al poder. La justicia federal
libró órdenes de aprehensión contra Nacif, Mario Marín y antiguos funcionarios
por su probable responsabilidad en la tortura contra Cacho. Nacif fue
localizado en Líbano en 2020
a raíz de una notificación internacional, pero en julio
de 2021 un tribunal federal mexicano le concedió un amparo que lo protegió de
aquella orden de captura. ARTICLE 19 cuestionó duramente la resolución porque,
a su juicio, abrió la puerta a la impunidad. Jurídicamente, sin embargo, el
alcance es preciso: Nacif no fue condenado por la tortura de Lydia Cacho. Veinte
años después, el caso conserva una fuerza incómoda porque obliga a separar dos
historias que suelen mezclarse. Una es la red de explotación sexual infantil
vinculada a Succar Kuri, cuya responsabilidad penal sí quedó acreditada. La
otra es la represalia denunciada por Lydia Cacho después de publicar su
investigación, un episodio por el que el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó en 2018 que México
violó derechos de la periodista, incluidos los relacionados con tortura,
detención arbitraria y libertad de expresión. Lydia Cacho investigó a hombres
poderosos. Después, fue ella quien terminó esposada, incomunicada y trasladada
cientos de kilómetros para enfrentar una denuncia promovida por uno de los
empresarios mencionados en su libro. El caso dejó una pregunta que sigue
incomodando al sistema de justicia mexicano: ¿Kamel Nacif utilizó una denuncia
penal para castigar a la periodista que lo había exhibido y activar una maquinaria
de poder que terminó acusada de torturarla?.
No
eran “maquiladoras”. Era nomás una, la planta maquiladora de la empresa llamada
Trans-Textil Internacional SA de CV 2. Su dueño era nada más y nada menos que
Kamel Nacif, un empresario vinculado a redes de trata infantil, que mandó
secuestrar a la periodista Lydia Cacho. Nacif era promotor y financiador de la
fundación “Vamos México”, de Martha Sahagún, esposa del entonces presidente
Vicente Fox. 4. También es primo de Roberto Borge, ex gobernador de Quintana
Roo por el PRI, actualmente preso acusado de diferentes delitos. En 2002 los
trabajadores de una planta de la empresa de KN ubicada en Acapulco se fueron a
huelga. La respuesta de Kamel fue cerrar la planta y dejarlos en la calle. Los
trabajadores intentaron quedarse con la maquinaria como indemnización, pero el
poder judicial dijo que nel. Para evitarle pérdidas, Fox le propuso mandar la
maquinaria a San Cristóbal de Las Casas e instalar una planta ahí. 9. El
gobierno de Fox le dio 6 millones de pesos a Kamel para que acondicionara la
nave industrial. El empresario pedófilo contrató a varias empresas y
proveedores locales (herreros, carpinteros, fontaneros) para esa chamba. Nunca
les pagó (que yo sepa). Kamel aceptó, pero puso condiciones: el gobierno
debería pagar el terreno, la nave industrial y pagar los sueldos. Pablo Salazar
(entonces gobernador) se comprometió a pagar los sueldos de las trabajadoras de
la maquila. En formato de becas, durante seis meses, mientras se capacitaban.
Pero quizá, solo quizá, Kamel despedía a las empleadas cada seis meses, así las
becas seguían fluyendo. En cuanto se acabó el sexenio de Fox y Kamel tuvo que
pagar sueldos, se declaró en quiebra (enero de 2007). Para ese entonces el
número de empleadas era de 300. Les tocó una liquidación de entre 2 mil y 4 mil
pesos. El plan de Kamel era que, junto con su maquiladora, instalaría un centro
nocturno (para sus otros negocios), y en un futuro también un casino. Todo eso
iba fluyendo en cuanto a permisos y todo, hasta que estalló el escándalo del
Gober Precioso y se canceló todo.
La otra estafa ó
fraude de Calderón; la compra del detector molecular GT200.
Durante el periodo de los gobiernos neoliberales, por
todos lados existió corrupción, robo de dinero del erario publico y la hacienda
publica, desfalcos, opacidad, engaño, estafas, fraudes, despilfarros, lo peor
era el descaro y el cinismo y el mal manejo de la administración y sus
recursos. Millones de pesos llegaban pero a los bolsillos de funcionarios
corruptos, con total impunidad, mientras Millones de pobres aumentaban, los
funcionarios públicos hasta de mas bajo escalafón, se paseaban en camionetas de
lujo blindadas con cientos de guaruras, guarda espaldadas que cuidaban de sus
seguridad con dinero púdico, comisionados de la policía federal. El ex Presidente Felipe Calderón desvió
millones de pesos, los excedentes petroleros, la Estela de luz, un monumento
a la corrupción, una refinería que nunca construyo pero eso si se gastaron el
dinero, el presupuesto de medicamentos que nunca llegaron y que nunca se
compraron durante la pandemia H1N1. Los hospitales que dejaron en obra negra y
nunca se inauguraron, la venta de infraestructura de PEMEX y CFE para
beneficiar a empresas extranjeras como IBERDROLA. Pero hay un fraude que llama
mucho la atención, por que se trata del fraude más inocente ó más corrupto, jamás
visto como si se tratara cuando le quitas un dulce a un niño, se trata del
detector molecular GT200, que el gobierno mexicano a través de la secretaria de
seguridad publica, compro a una empresa extranjera, a pesar de que otros
gobiernos ya habían advertido a México, de no adquirir esos aparatos por que se
trataba de una estafa. Los aparatos solo eran un artefacto de plástico hueco
por dentro con una antena. Según la
ficha técnica de venta este artefacto podía detectar vibraciones moleculares, y
recopilar átomos de un radio de hasta 500 metros, que después llevados
a un laboratorio podían servir de prueba.
La prensa los llamo productos milagro, los llamados “detectores
moleculares” que el gobierno de Felipe Calderón compró a montones para combatir
al narco, resultaron ser un fraude, juguetes de plástico. Contra las
advertencias del gobierno británico, la experiencia del FBI estadunidense y los
argumentos de la comunidad científica mexicana, el Ejecutivo y los jefes
militares siguen arriesgando la seguridad del país, de su personal y del resto
de los ciudadanos al usarlos para “detectar” bombas o drogas y justificar
cateos.
|| “hay una denuncia
presentada de un equipo que compraron, que tiene un costo en el mercado como de
600 u 800 millones, y lo compraron en 2,600 millones”.Entre el 2010 y el 2012,
las Fuerzas Armadas, Pemex y varios gobiernos estatales adquirieron un
dispositivo que supuestamente iba a salvar a la patria.
La
estafa de los “Detectores moleculares” en México: cuando el gobierno de FelipeCalderón ignoró la ciencia y quiso combatir al narco con magia. La Ouija del Diablo habría
llevado a 5,000 personas a la cárcel y ocasionado más de 1,000 cateos ilegales.
Para 2015, 1,980 personas detenidas todavía seguían detenidas. En total, se
compraron 1,112 aparatos modelos GT-200, uno de los infames detectores
moleculares de origen británico que provocó verguenza para instituciones
mexicanas que gastaron cerca de 450 millones de pesos. El funcionario de
Defensa Nacional a la que le mostraron el “dispositivo”, debió haberse sentido
como quien encuentra un oasis en un inhóspito desierto: que conveniente era
que, precisamente en el momento en que la fuerza militar se incrementaba en
todo el país, un “dispositivo” que podría encontrar droga a 700 metros de distancia
salía a la venta. El artefacto del tamaño de una pistola de silicón consistía
en un mango de color negro, con una antena muy similar a la de un coche, que
podría localizar, presumían sus vendedores de acento inglés, todo tipo de
drogas (incluyendo marihuana), elefantes, humanos y hasta billetes. El truco
consistía, dijeron, en tarjetas intercambiables donde cada una se ajusta a la
frecuencia del objeto a buscar.
Era esencialmente
magia contra narcotráfico.
La
Secretaría de
Defensa Nacional (Sedena), encantada, no compró uno, sino más de 700. Una
ganga, debieron haber pensado, pues cada uno de ellos costó entre 20 y 38 mil
dólares. La fiebre se esparció rápidamente en 2007 y 2008, años particularmente
álgidos en materia de seguridad. Así, Defensa Nacional no fue la única
instancia en adquirir los “modernos aparatos”; le siguieron la Marina, la Procuraduría General
de la República,
gobiernos estatales de Colima, Guanajuato, Estado de México, Sinaloa, Hidalgo,
entre otros. En total, se compraron 1,112 aparatos modelos GT-200, uno de los
infames detectores moleculares de origen británico que provocó verguenza para
instituciones mexicanas que gastaron cerca de 450 millones de pesos por las
que, después se comprobó, eran cajas vacías de plástico con una antena de radio
pegada. El dispositivo en realidad no lo crearon los vendedores ingleses,
originalmente fueron creados y se comercializaron en Estados Unidos como
detectores para pelotas de golf. La fiebre de los detectores moleculares, todos
querían el suyo. México
fue parte de la tendencia iniciada por persuasivos vendedores británicos que
fundaron sus propias empresas de venta de detectores moleculares. Aunque
existieron media docena de ellas, las más prósperas fueron las de Samuel y Joan
Tree que vendian el Alpha 6; la de James McCormick que vendía el ADE650 a
través de ‘Advanced Tactical Security & Communications‘ (ATSC); y Gary
Bolton, el fundador de ‘Global Technical Ltd‘. Pero el profeta de la fiebre de
los detectores moleculares no provenía del antiguo continente, sino de Estados
Unidos. Malcolm Stig Roe fue el precursor de hacer pasar el producto
originalmente conocido como “The Golpher“, por un sistema de detección mucho
más avanzado. Vendió decenas de “detectores de explosivos” a oficinas de
policía local en Estados Unidos en la década de los 90. Lo vendió con un nombre
mucho más presuntuoso: el Quadro Tracker adquirió fama (y ventas) en Illinois y
Georgia, lo que llamó la atención del FBI. Cuando la agencia hizo sus propios
exámenes, llegó a la conclusión inevitable de que se trataba de un pedazo de
plástico inservible, y emitió una alerta en contra de la estafa. Malcolm
entonces mudó su negocio a Reino Unido, en donde ya conocía a Samuel y Joan
Tree. Los tres hicieron crecer el negocio, al que pronto se añadieron los
ingleses Gary Bolton y Jim McCormick. Poco duró la alianza: la ruptura del
grupo hizo que McCormick fundara ATSC y Bolton hiciera lo propio con Global
Technical. Pero McCormick realmente entendió el negocio: vendió el detector
molecular ADE650 a agencias de seguridad de Líbano, Nigeria y China, y aunque
lo intentó, no pudo convencer a Canadá. La explosión de la fiebre sucedió
cuando McCormick consiguió vender la friolera cantidad de 5,000 dispositivos a
Iraq, país resuelto a establecer medidas de seguridad más férreas, pues
atentados entre 2006 y 2008 habían provocado ya la muerte de más de 1,000
iraquíes.Los ingredientes eran claros: se necesitaba de lugares que,
desesperados en sus búsquedas por concretar seguridad, estaban dispuestos a
casi todo, incluso a los métodos más inverosímiles.
Las detenciones
ilegales y la propaganda de los medios
para justificar una compra inútil.
En
2007 ocurrió: los detectores moleculares llegaron a México, en particular, el
GT200 de la compañía de Bolton. Como no podría ser de otra forma, en México se
bautizó con un nombre bastante más dramático, ‘La Ouija del Diablo‘. ‘La Ouija del Diablo’: la
sensación de 2007. Cuerpos armados estaban fascinados por la funcionalidad del
dispositivo. Sedena incluso tuvo comunicación oficial a medios sobre operativos
de incautación de armas y drogas que, dijeron, no se habrían conseguido sin la Ouija del Diablo. En 2010 un
texto de El Universal da detalles de ello. El texto titulado “Con detector
molecular aseguran arsenal y dinero” explica que la Sedena hizo 11 operativos
en Michoacán en los que se consiguieron 120 mil dólares en efectivo, y
encontraron abandonados en maleza (con “ayuda” del detector) dos fusiles AK-47,
tres pistolas revolver, ocho armas tipo escuadra, tres submetralladoras, y más
armamento. Excelsior en octubre de 2008 escribió sobre los detectores
moleculares en la nota “Nueva arma de Sedena pone a temblar al narco“, texto
que asegura que la Ouija
del Diablo es un invento británico que usa el ejército inglés desde el 2000.
Aunque la nota fue eliminada de su sitio, se puede consultar vía web.archive. La
“inversión” tenía que dar frutos: Sedena ya contaba para entonces con 742
aparatos, Semar con 102 y hasta Pemex había conseguido 54, según solicitudes de
transparencia conseguidas por medios. Los detectores moleculares fueron usados
en Kenya, Líbano, Jordania, China, Iraq, México, entre otros. En el terreno
occidental, no hay país que les haya institucionalizado como México lo hizo. Las
instancias de México o ignoraron por completo la advertencia de una década
atrás del FBI, o simplemente no hicieron ningún tipo de investigación previa
sobre los “dispositivos”. El Estado Mayor presidencial incluso llegó a decir
que antes de la compra los aparatos fueron probados por personal experto en
explosivos de ese mismo cuerpo. La
Sedena comenzó a utilizarlos en sus retenes aleatorios en
carreteras del país, y si la antena señalaba a alguien, era motivo suficiente
para llevarlo a proceso por supuestamente haber tenido contacto con drogas o
armas.
Las
falsas acusaciones se arremolinaron, a tal punto que la Comisión Nacional
de Derechos Humanos expidió recomendaciones sobre el uso del dispositivo. El
caso de Ernesto Cayetano Aguilar fue uno de los más sonados: de origen mixe,
Ernesto viajaba de Coatzacoalcos para visitar a su hijo, cuando el autobús en
el que iba fue detenido para un retén. A varios asientos de distancia fue
encontrado un paquete de marihuana, y cuando inspeccionaron a todos los
pasajeros, el detector molecular lo apuntó a él. Aunque no se le encontró
drogas o armas, fue recluido en el penal de máxima seguridad de Villa Aldama
por ocho meses, hasta que se determinó que no había elementos jurídicos para
procesarlo. Como Ernesto, miles más de detenciones bajo condicione similares
ocurrieron. La Ouija
del Diablo habría llevado a 5,000 personas a la cárcel, según retoma Reporte
Índigo, y habría ocasionado más de 1,000 cateos ilegales, motivados en que el
“dispositivo” apuntaba a domicilios que tenían droga o armas dentro. Para 2015,
1,980 personas detenidas a causa de la
Ouija del Diablo seguían detenidas. Incluso se iniciaron
juicios penales contra Defensa Nacional. La comunidad científica en México no
se quedó callada. La
Academia Mexicana de Ciencias ofreció hacer pruebas al
“dispositivo” para comprobar su efectividad. El libro “The Impact of President
Felipe Calderons War on Drugs in The Armed Forces” asegura que Defensa Nacional
declinó la oferta de análisis argumentando que los detectores moleculares
tenían que ver con “seguridad nacional“. Cuando el especialista del Instituto
de Ciencias Físicas de la UNAM,
Luis Mochán, se enteró que un artefacto con semejantes características había
sido adquirido por gobiernos de los tres niveles, no podía creerlo. Era
exactamente el mismo artefacto del que había oído hablar en la década de los
90. Los detectores moleculares no usaban baterías. Los fabricantes aseguraban
que se cargaban con “energía estática”, solo necesitaban que el usuario que los
portara caminara un poco antes de operarlo Mochán, expresidente de la Academia Mexicana
de Ciencias (AMC), como otros científicos de la UNAM y de la AMC, insistieron en todo momento en que los
detectores moleculares no podrían ser otra cosa sino una estafa. Mochán no se
conformó con la negativa de la
Sedena a experimentos hechos por civiles, y siguió intentando
obtener por vías institucionales capacidad para hacer pruebas al GT200. Simultáneamente
tribunales de todos los niveles se llenaban de quejas provenientes de personas
detenidas a causa del detector molecular. El caos fue tal que la CNDH exhortó a gobierno
federal a dejar de usar en su totalidad la Ouija del Diablo. Con tal movimiento solo era
cuestión de tiempo para que alguno de los casos llegara a la Suprema Corte de
Justicia. Antes de que la
Suprema Corte emitiera veredicto, Mochán consiguió su
oportunidad. Un juzgado de Morelos recurrió a Mochán y a Alejandro Ramírez,
científico de la
Universidad del Estado, para hacer peritajes sobre la
efectividad del detector molecular. El ejército también fue convocado. Instalados
en bodegones, en enero de 2011, cuatro años después de que los detectores
aterrizaran en México, la ciencia consiguió su oportunidad. Tendrían solo una,
si faltaba rigor metodológico o había razón alguna para sospechar de los
resultados, el caso podría venirse abajo. El experimento fue tan sencillo como
se pudo: 1,700 pastillas de anfetaminas fueron colocadas, alternadamente, en
distintas cajas de cartón. El ejército designaría a un soldado que desconocía
el contenido de las cajas y que operaría el artefacto. Todo el proceso quedó
documentado en un videoreportaje hecho por El Universal, único medio de
comunicación invitado al experimento. El Universal grabó cuanto pudo. En el
video se ve a Mochán entrando y saliendo del bodegón para, junto con un elemento
de la Sedena,
colocar droga en distintas cajas.
Alertas
del FBI siguieron a la primera emitida en 1995. Hubo también en 1999 y 2002. El
Gobierno de Iraq ignoró todas y dijo en 2009 que el detector molecular sí
funcionaba, en su experiencia. En 2010 el gobierno británico emitió alertas
contra los detectores, todos ellos vendidos a nivel global desde Inglaterra.
Como
Mochán, comunidades científicas de distintos países hicieron sus propios
experimentos. Expertos en explosivos en Sidney dijeron que la caja negra del
aparato era, esencialmente, una caja de plástico. El caso de Mochán fue tan
trascendental que el investigador fue invitado dos años más tarde, al juicio
contra Bolton. Reino Unido no se habría quedado de brazos cruzados. Toda
empresa importante en el sector (la de los Tree, la de McCormick y la de
Bolton) provenía de su país. En 2009 lanzaron una prohibición de exportación de
los productos, pero solo era aplicable a ciertos países, México entre ellos.
Con los detectores moleculares encontrando formas de salir del país, Reino
Unido decidió invertir recursos para armar un frente conjunto, con
especialistas, abogados e investigadores, contra todos aquellos influenciados
por Malcolm, el persuasivo vendedor que en los 90 popularizó hacer pasar a los detectores
de pelota de golf como detectores de explosivos. En 2013, Mochán acudió a Reino
Unido para testificar en contra de Bolton. El empresario Gary Bolton recibió
siete años de condena y saldrá de prisión este 2020; los Tree recibieron solo
algunos meses además de multas, y McCormick, el exitoso vendedor del ADE651 en
medio oriente, fue condenado también en 2013 a diez años de cárcel, la máxima pena por
el delito de fraude. En México, el experimento de Mochán sirvió como insumo
para cuando el caso terminó de llegar a la Suprema Corte de
Justicia. En agosto de 2012 la
Suprema Corte declaró que el detector molecular no era válido
en la persecución de presuntos narcotraficantes, mucho menos para presentar
acusaciones en tribunales. Aún así, en retrospectiva, Mochán recuerda al
experimento como una anécdota agridulce. Dijo a Proceso que los militares
presentes preguntaron si los vecinos estaban tomando medicamentos, e incluso
hicieron sacar del salón la mesa del café, pues podría “falsear los
resultados”. Mochán pudo probar que el “dispositivo” funcionaba azarosamente,
pero los militares que estuvieron presentes siguieron sin creer lo que veían.
En
México no hubo ni un solo responsable por las compras o las órdenes dadas para
utilizar detectores moleculares. El distribuidor de la Ouija del Diablo en México,
la empresa Segtec, opera con normalidad. Despues de casi 20 años ningun funcionario publico a pisado la carcel.
|| El 18 de Marzo del 2014. La LXII Legislatura
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
presento el proyecto de ley donde se prohibía GT-200
por las fuerzas de seguridad y todas las instituciones de gobierno.||
I.
El 20 de agosto, la
Corte Criminal Central de Londres declaró culpable de fraude
a Gary Bolton, dueño de la empresa Global Technical, LTD, por fabricar y
comercializar a distintos países del mundo, incluyendo al mexicano, artefactos
falsos, entre ellos el detector molecular GT200, dispositivo que durante la
administración de Felipe Calderón; fue uno de los elementos clave para la
búsqueda de drogas en México. Tras conocer el veredicto, el gobierno mexicano
dio a conocer que el detector molecular GT200 ya no se utilizaría en ninguna
institución federal del país.
II.
El seudoinstrumento bautizado por el Ejército Mexicano como la “Ouija del Diablo”,
con un costo cercano a los 290 mil pesos por unidad –pero por el cual,
gobiernos estatales llegaron a pagar hasta 800 mil pesos–, detectaba, según su
fabricante, moléculas emitidas por las sustancias componentes de municiones,
explosivos, drogas, oro, marfil, billetes de banco, tabaco y cuerpos humanos.
Para cada detección, era requerida una tarjeta especial de programación con la
información sobre las sustancias que detectarían, lo cual permitiría a la
antena dar la ubicación. El GT200 tenía, además, la supuesta capacidad de
detectar estos materiales hasta a 700 metros de distancia en la superficie, a
profundidades de hasta 60
metros bajo tierra o de 800 metros bajo el mar,
e incluso en el interior de un aeroplano que volara a cuatro mil metros de
altura. No usaba ningún tipo de batería y su vendedor aseguraba que se nutría
de la energía electrostática de la persona que lo manipulaba.
III.
A pesar de que el aparato carecía de respaldo científico que avalara su
funcionamiento y eficacia, la empresa Global Technical, LTD, vendió a México
1,112 artefactos a diversas instituciones federales –entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), la Secretaría
de Marina (Semar) y el Ejército Mexicano (EM)– y a 27 gobiernos estatales, así
como a gobiernos municipales, por cerca de 450 millones de pesos de acuerdo con
información proporcionada por el IFAI. Más aún, mediante información
proporcionada por este mismo instituto, el gobierno mexicano no sólo invirtió cuantiosos
recursos públicos en la compra de aparatos de seguridad nacional que carecían
de toda certificación técnica, sino que al inquirirles si habían sometido a
evaluación científica al aparato, previa compra o, bien, previo a ser
utilizados, la Sedena
respondió que “no se localizó la información solicitada”; mientras que, sorprendentemente,
el Estado Mayor Presidencial contestó que “antes de decidir la compra de los
equipos GT200, éstos fueron probados por personal experto en explosivos
perteneciente a este órgano técnico militar” –El Universal, 27 de julio de
2013. Es decir, el principal comprador en México, con más de 740 aparatos
adquiridos por un monto total de más de 200 millones de pesos, reconoció haber
realizado la erogación referida, pero sobre todo haber basado la eficacia de operativos,
retenes, inspecciones –incluso éstas sin órdenes judiciales– un dispositivo que
carecía de todo rigor o evaluación científica. En otras palabras, reconoció
implícitamente haber puesto en riesgo, por omisión deliberada, el objetivo de
su labor: la seguridad de la ciudadanía.
Esto es así, ya que, como lo mostraron
estudios científicos posteriores, la probabilidad de un “falso negativo” (no
indicar la ubicación de, por ejemplo, explosivos o armas buscadas) era superior
a la de sus aciertos, es decir, que el aparato funcionaba con base en el mero
azar, lo que se traduce,
precisamente, en haber confiado a ésta la ubicación de armas o explosivos que
posiblemente – seguramente fueron utilizados con posterioridad. Tal como
sucedió en Irak.
22 Gobernadores
acusados por robo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto
En
el 2012 cuando Enrique Peña Nieto llego a la presidencia de la republica se
hablo de la nueva generación de políticos y funcionarios públicos, nos
vendieron como algo nuevo, como algo novedoso como algo nunca antes visto, pero la
política con dinero público y corrupción de las televisoras y medios
corporativos de comunicación. Una crisis de institucionaliadad y partidos politicos. Su gestión como presidente fue total impunidad y
una decadente administración, con tal cinismo y descaro hasta se presumía la
corrupción así como un mal ejercicio la
administración de los Estados, una total impunidadcorrupción, desvio y violencia. En diciembre del 2017 a
un año del termino de su mandato del EPN. 22 gobernadores del PRI fueron acusados de
desvíos con EPN; el monto en duda: 258 mil millones de pesos que le robaron al pueblo. El mayor robo del siglo.
De
norte a sur, el PRI dio los recursos públicos de los 22 estados del país que ha
gobernado durante el mandato del Presidente Enrique Peña Nieto que inició en
diciembre de 2012. El ex Gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, presumió en
una noche de copas poseer 400 pares de zapatos, mil camisas, 400 pantalones y
300 trajes de marca de lujo; al ex Gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, se le
descubrió una casa de 340 millones de pesos de 8 mil 357 metros cuadrados,
en Nuevo León; y el aún Gobernador de
Nayarit, Roberto Sandoval,
presumió su rancho “El Ensueño” de 40 millones de pesos, con un lago y criadero
de caballos… ¿Cuántos millones de pesos han desviado los gobernadores priistas
tan solo en este sexenio? De los 32 gobernadores que han administrado el país a
la par del sexenio del Presidente Enrique
Peña Nieto, sólo entre los 22 que son priistas han desviado alrededor
de 258 mil 829 millones 185 mil pesos de
los recursos públicos, de acuerdo con denuncias penales y resultados de la Auditoría Superior
de la Federación
(ASF). En aquel el momento, sólo cinco de ellos fueron detenidos o tienen orden
de aprehensión y cuatro furon denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Entre sus señalamientos destacaron ropa de lujo, mansiones, un banco o un
rancho con lago incluido. De mayor a menor monto desviado, según lo documentaron,
varios medios en aquel entonces destacaron las gestiones del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez (2010-2016),
buscado por la Interpol,
y la del ex Gobernador de Veracruz, Javier
Duarte de Ochoa (2010-2016), fue detenido en Guatemala. Pero los Duarte
sólo son una parte del desfalco total de los mandatarios emanados del PRI a las
entidades del país. Un juez dictó un auto de formal prisión en contra del
chihuahuense a finales de mayo, pero desde que circuló una fotografía del
priista en Texas, Estados Unidos, se desconocían su ubicación. Entre el 7 de
julio de 2012 y el 14 de octubre de 2014, la Secretaría de Hacienda
de Chihuahua realizó 342 depósitos, que sumaron 80 mil millones de pesos, de
sus propios fondos públicos a la
Unión de Crédito Progreso, el banco del que Duarte
Jáquez es socio. En un sólo día, el 2 de diciembre de 2013, el
Gobierno de Chihuahua depositó al banco mil 208 millones de pesos. La administración
de Chihuahua evidencio también el
desfalco de César Duarte. E Gobernador Javier Corral lo ha acusado de tener
una “red de corrupción”; y el Secretario de Hacienda estatal, Arturo
Fuentes, documentó que la deuda del estado creció 284 por ciento
durante la gestión del priista al pasar de 12 mil 547 millones a 55 mil
millones de pesos. En relación al Producto Interno Bruto Estatal (PIB), con una
deuda a 8.3 por ciento, lo que la puso
como la más alta en todo el país. Si México hubiera querido, Duarte estaría
allá, deportado: Ministro de Gobernación de Guatemala Javier Duarte de Ochoa,
era buscado por la Interpol
y localizado el 15 de abril en un hotel de Guatemala, fue señalado por
delincuencia organizada y desvío de recursos tras 186 días de permanecer
fugado. La ASF
presentó 54 denuncias penales ante la
PGR por irregularidades en el manejo del dinero público en su
administración en Veracruz (2010-2016). Documentó un manejo irregular de 35 mil
millones de pesos y durante su audiencia se le señaló de manejar una red de
corrupción. Por nivel de desfalco le sigue el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez. En
abril, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Coahuila
denunció ante la PGR
al Gobernador por el desvío de 32 mil millones de pesos durante su
administración y la de su hermano, Humberto Moreira. De acuerdo
con información de la cuenta pública y del Sistema Integral de Inversión
Pública (SIP), de 2006 a
2011 se declaró esa cantidad como inversión, pero no constan como realizadas en
ningún lado. En septiembre de 2016, el Blanquiazul también denunció penalmente
a Rubén Moreira por el presunto
desvío de 160 millones de pesos a empresas fantasma. El cuarto lugar es para el
priista Aristóteles Sandoval Díaz,
quien ha gobernado Jalisco desde 2013. La Auditoría Superior
de la Federación
llamó a aclarar el uso de 17 mil 500 millones de pesos de 2011 a 2015. Jalisco figuró
entre los estados con más observaciones por parte de la ASF a nivel nacional en sus
cuentas públicas 2015, publicadas en febrero de este año. En el ejercicio
fiscal de 2015 la entidad fue alertada por 2 mil 290 millones de pesos. El
quinto sitio en cuanto a mayor desvío lo ocupa la gestión del Gobernador del
Estado de México, Eruviel Ávila Villegas. El Informe General de la Cuenta Pública 2015
de la ASF expuso
que su Gobierno debe rendir cuentas y aclarar el desvío de 3 mil 603 millones
de pesos que recibió a través de fondos y programas federales durante 2015. De
20 observaciones, el gobierno mexiquense sólo ha aclarado tres. Los ex
gobernadores priistas Cesar Horacio Duarte Jaquez,
de Chihuahua; Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz; Rodrigo
Medina de la Cruz,
de Nuevo Leon; Carlos Lozano de la
Torre, de Aguascalientes; y Egidio Torre Cantu;
de Tamaulipas. El erario público de Nuevo León, Tabasco, Michoacán, Quintana
Roo y Colima también ha sido víctima del PRI. Al norte del país,
Rodrigo Medina de la Cruz,
ex Gobernador de Nuevo León (2009-2015), estuvo en prisión preventiva en el penal
de Topo Chico, en Monterrey. Fue acusado por peculado y daño patrimonial al
erario público por 3 mil 567 millones 967 mil 469 pesos por incentivos ilegales
y exención de impuestos a la automotriz coreana KIA, la cual estableció una
planta en el municipio Pesquería. Sin embargo, el priista salió libre en menos
de un día porque el juez consideró que no había riesgo de fuga, ya que se había
presentado a comparecer con anterioridad. Los delitos que se le imputan merecen
penas de uno a 12 años de prisión. Medina, no obstante, aseguró que no ha
cometido ninguno y acusó el daño a su imagen. El siete de abril acudió a la Fiscalía Anticorrupción
estatal a declarar. En mayo del 2013, el programa “Telereportaje” de la
estación de radio XEVT en Villahermosa, Tabasco, difundió un audio en donde al
entonces Gobernador Andrés Granier Melo (2007-2012) se le escucha afirmar
que tiene 400 pares de zapatos, mil camisas, 400 pantalones y 300 trajes de
marca de lujo, los cuales, aseguró, compró en tiendas de Rodeo Drive, en Los
Angeles, California, y de Saks, en la Quinta Avenida, en Nueva York. El priista aceptó
haberlo dicho por estar “pasado de copas”. Granier Melo ha estado encarcelado
desde 2013 en el penal de Tepepan, en la Ciudad de México, por operaciones con recursos de
procedencia ilícita. En aquel entonces la Procuraduría de
Tabasco lo acusó de dañar las finanzas de la entidad sureña al dejar una deuda
pública por 20 mil millones de pesos y por la desaparición de 2 mil 604
millones en efectivo de las bóvedas de la Secretaría de Finanzas estatal a finales de su
último año de sexenio. En julio de 2016 un juez lo acusó de defraudación fiscal
por 224 mil 352 pesos. El último priista en asumir una guberantura durante el
sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto fue Fausto Vallejo Figueroa,
ex Gobernador de Michoacán (2012-2014). La Procuraduría General
de Justicia de Michoacán lo investiga por desviar 2 mil 323 millones de pesos.
El priista, quien también es señalado por su relación con el crimen organizado,
instruyó a su ex Secretaria de Finanzas, Marcela Figueroa Aguilar, a desviar
los recursos del erario público. Al sureste del país, Roberto Borge Angulo,
ex Gobernador de Quintana Roo (2011-2016), es señalado por un daño patrimonial
al estado por más de 2 mil millones de pesos. De acuerdo con el coordinador del
Eje de Finanzas y Contraloría, Juan Vergara Fernández, el gobierno de Borge no
ingresó mil 928 millones a los fideicomisos de promoción turística del Estado.
Además, el empresario Carlos Mimenza lo demandó ante la PGR por un supuesto desvío de
200 millones de pesos a través de 26 empresas fantasma. El décimo lugar, en
cuanto a mayor monto desviado, le pertenecian a Mario Anguiano Moreno,
ex Gobernador de Colima (2009-2015). El Órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental (Osafig) estatal reportó que su administración
desvío más de 2 mil 119 millones de pesos. El informe, que cubre 2013, 2014 y
2015, detalló que el desvío más grande fue en el rubro de servicios personales,
ya que mil 867 millones de pesos originalmente fueron presupuestados para obra
pública. También se detectaron gastos en alcohol, viajes y comidas no
autorizadas por un monto de 6 millones 578 mil pesos, así como un gasto de 2
millones 632 mil pesos en cursos de capacitación para seguridad pública que
nunca se llevaron a cabo. Miguel Alonso Reyes, director
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y ex Gobernador de
Zacatecas, fue denunciado ante la
PGR por delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y
desvío.
QUÉ FUE
DE LOS GOBERNADORES PRIISTAS DE ESTA FOTO?Durante el gobierno de EPN, varios priistas ocupaban gubernaturas; hoy, muchos
de ellos están presos, prófugos o enfrentan acusaciones por corrupción.
LOS DESVÍOS EN EL
CENTRO DEL PAÍS
Siguiendo
con el orden de mayor a menor cantidad de recursos públicos desviados por
gobernadores del partido Tricolor, los cinco siguientes priistas administraron
entidades ubicadas al centro del país. Miguel Alonso Reyes, actual
director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), enfrenta una
denuncia ante la
Procuraduría General de la República (PGR) por
delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y desvío por mil 307 millones
de pesos durante su gubernatura en Zacatecas (2010-2016). De acuerdo con las
dos denuncias de la ex candidata de Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) a la Alcaldía
de Zacatecas, María Soledad Luévano, durante la administración del priista hubo
un desvío de 307 millones de pesos de recursos públicos mediante 24 empresas
fantasma, así como un desvío de mil millones de pesos en gastos de Comunicación
Social. En Aguascalientes, la Auditoría Superior de la Federación detectó
durante el penúltimo año de la gestión del ex Gobernador, Carlos Lozano de la Torre
(2010-2016), un desvío por 812 millones de pesos.
Nora
Ruvalcaba Gámez, de Morena, evaluó que de todo el sexenio debe ser más. “800
millones es una cantidad mínima, deben buscarle más y ser más enfáticos”, dijo.
El actual Gobernador, Martín Orozco Sandoval,
declaró a la prensa “moches” en el sector salud cometidos durante el sexenio de
Lozano de la Torre. En
noviembre del año pasado, el arquitecto Norberto Núñez denunció penalmente a
Lozano de la Torre
y a funcionarios de su administración, por la utilización sin su autorización
de un eslogan de la entidad y un manual de acciones para promoverse en
propaganda. Francisco Olvera, ex Gobernador de Hidalgo (2011-2015), fue
señalado por diversos desvíos durante su gestión. Francisco Olvera,
ex Gobernador de Hidalgo (2011-2015), fue señalado por hacer un negocio por 600
millones de pesos con 3 mil concesiones de taxis, costear fiestas privadas de
300 mil pesos, así como asistir con su familia al Super Bowl. En los últimos
tres años de su gestión, Radio y Televisión de Hidalgo fue dirigida por Sergio
Islas, quien fue inhabilitado y multado por un desvío por más de 100 millones
de pesos. En tanto, el ex Gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera
(2010-2016), y tres de sus ex secretarios presentaron amparos para evitar ser
detenidos. De acuerdo con su sucesor, José Rosas Aispuro, el priista le entregó
una deuda pública por 15 mil millones de pesos y se presumen malos manejos
financieros, falta de transparencia e irregularidades en las finanzas
estatales. En la dependencia de Salud estatal, documentó, existen adeudos por
alrededor de 450 millones de pesos principalmente con empresas farmacéuticas
que han dejado de abastecer a la dependencia. Además, en Obras Públicas se hizo
público el pago de obras inexistentes, deficientes e incluso con sobre precios,
así como la discrecionalidad en el otorgamiento de los contratos de obra
pública. Durante la administración del priista Fernando Toranzo Fernández
(2009-2015), la
Auditoría Superior de San Luis Potosí investigó la
desaparición de recursos del fondo de pensiones de trabajadores de
telesecundarias por 400 millones de pesos. Asimismo, en agosto del 2013 el
Gobierno de Toranzo Fernández aprobó y contrató con recursos
federales a un abarrotero, a una empresa que vende aparatos eléctricos, a una
agencia de publicidad, a una editorial, a una compañía cuyo rubro principal es
la venta de telas, y a una ferretera para que le ofrecieran “servicios de
consultoría especializada” en seguridad. Todos ellos cobraron durante ese año
al Gobierno de San Luis Potosí casi 20 millones de pesos, provenientes del
Programa Nacional de Prevención del Delito, en el rubro “servicios de
consultoría especializada”, solicitados por la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado (SSPE).
19 años de que la policía levantó a Israel Vallarta. 19 años de que la policía se inventó una banda de secuestradores. 19 de
mantenerlo preso sin sentencia. 19 de fabricar pruebas. 19 años de un montaje
19 años de impunidad.
Se cayó el montaje de Isabel Miranda de Wallace, un
alfil de Felipe Calderón. Murio la protegida de Fox y Felipe Calderón, amiga de
García luna, torturadora, ex convicta, mentirosa y corrupta Isabel Miranda de Wallace. Fabricó é inventó PRUEBAS DEL DECESO DE
SU HIJO y en consecuencia Felipe Calderón y su mano derecha Genaro García Luna
le entregaron mucho poder para TORTURAR a diestra y siniestra en compañía de
Maricela Morales y Cárdenas Palomino. No olvidemos quién fue Isabel Miranda de
Wallace! “Activista” que junto con García Luna y bajo el cobijo de FelipeCalderón hicieron del secuestro una política de Estado. No olvidemos su legado
y daño que hizo a la sociedad! Adiós a la ex candidata del PAN!
Libro terminado
Título que aborda de manera específica el caso Wallace, secuestro controvertido
y un propuesta de análisis de que fue fabricado. A 20 años de distancia el
autor analiza las acciones, discursos y evidencias de la madre, Isabel Miranda de
Wallace en dónde Hugo su hijo fue secuestrado y asesinado, lo que desencadenó
una campaña mediática sin precedentes: anuncios espectaculares en las calles,
acusaciones públicas contra supuestos culpables y una cruzada que convirtió a
Miranda en una figura icónica de la lucha contra el secuestro en México. El
libro cuestiona esta versión, revelando un entramado de contradicciones,
pruebas fabricadas y abusos de poder que transformaron un presunto duelo en un
"circo mediático". El autor argumenta que Isabel Miranda, bajo la
fachada de una madre devastada, manipuló hechos, utilizó la tortura para
obtener confesiones y destruyó la vida de personas inocentes, todo mientras
ganaba notoriedad e influencia política. El libro desentraña pistas para
entender la fabricación de este caso y cuestiona las narrativas oficiales, con
cierto dramatismo, y enlace de conciencias. Un libro que cumple según avanzas
te atrapa en la narrativa. Libro: Fabricación (2025) Autor: Ricardo Rápale
Felie Calderón, esta señora y todo su equipo de corruptos Como Genaro Garcia Luna, dejaron miles de familias destrozadas, millones de desaparecidos, millones encarcelados torturados, millones de mexicanos muertos.
La
TORTURADORA Isabel Miranda de Wallace fue reconocida con el Premio Nacional de
Derechos Humanos en 2010 por Felipe calderón. Y este mismo entregaba
reconocimientos a los narcos Genaro García Luna y Cárdenas Palomino por su
labor de "policías". El chiste se cuenta solo. Carlos Loret de Mola
no era el único que tenía la exclusiva de la realización de los montajes al
servicio del Secretario de Seguridad Publica, Genaro García Luna, ¿También Isabel
Miranda de Wallace? Todo lo relacionado con el expresidente Felipe Calderón. Isabel Miranda de Wallace fallece el 8 de
marzo de 2025, Santa Fe, Ciudad de México a los 73 años en el Hospital ABC de
Santa Fe, tras complicaciones después de una operación, murio sin recibir
castigo, destrozo familias enterasy muchas
vidas. En 2005, se hizo famosa cuando buscó a los supuestos asesinos de su
hijo; siete personas fueron detenidas En 2019 se descubrieron las mentiras en
este caso.
Isabel Miranda de Wallace habría fingido la
desaparición de su hijo para protegerlo de ‘La Barbie’, según Ricardo Rápale.
Tras la liberación de Juana Hilda González Lomelí, el periodista retomó la
hipótesis de que Hugo Alberto Wallace siguió vivo al menos hasta dos años
después de los hechos. Hugo Alberto Wallace desapareció en 2005. Dos décadas
después, una sentencia de la
Corte ha puesto en duda la verdad del caso. La Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(SCJN) La liberación inmediata de Juana Hilda González Lomelí, sentenciada a 76
años de prisión por el presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace
Miranda en 2005. La decisión del máximo tribunal se sustentó en la invalidez de
la confesión que sustentó su condena, misma que fue obtenida mediante tortura,
según documentó la
Defensoría Pública Federal y ratificó la propia Corte. Pero
el fallo de la SCJN
no solo puso fin a una prisión de 19 años injustificada; también desmanteló el
pilar central sobre el que se construyó todo el caso Wallace. La Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(SCJN) ordenó la “innmediata y absoluta” liberación de Juana Hilda González
Lomelí.
Tras
conocerse esta resolución, se reactivó una hipótesis que desde hace tiempo ha
sido sostenida por investigaciones periodísticas como la de Ricardo Raphael:
Hugo Alberto Wallace no habría sido secuestrado ni asesinado, sino que habría
fingido su desaparición para evadir una deuda con uno de los narcotraficantes
más poderosos de ese momento, Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie.
La
deuda. La afirmación proviene del periodista Ricardo Raphael, autor del libro
Fabricación, obra de más de 500 páginas que documenta seis años de
investigación sobre el caso. En sus más recientes participaciones en los
pódcast El Sistema Podcast, de Fabiola Navarro, y Penitencia, de Saskia Niño de
Rivera, el periodista Ricardo Raphael sostuvo que César Freyre Morales, uno de
los condenados por el supuesto crimen, le confesó en prisión que había tenido
contacto con La Barbie
en el penal del Altiplano. Durante ese encuentro, según el relato de Freyre, el
narcotraficante Édgar Valdez Villarreal le reveló: “Hugo Alberto se me peló con
tres toneladas de cocaína”. Isabel Miranda de Wallace, madre del empresario
Hugo Alberto Wallace, secuestrado y asesinado en julio de 2005. Este
testimonio, registrado por Raphael como parte de su investigación, ofrece una
posible explicación al supuesto montaje que, según sostiene el autor, fue
fabricado por Isabel Miranda de Wallace, madre de la supuesta víctima.
La
implicación directa de Valdez Villarreal, uno de los operadores más violentos
del Cártel de los Beltrán Leyva, proporciona un móvil de peso que compite con
la narrativa oficial mantenida durante dos décadas: la de un crimen cometido
por una presunta “banda de secuestradores” vinculados entre sí por una foto
tomada en Chalma. Uno de los elementos más polémicos del expediente Wallace fue
una gota de sangre supuestamente hallada siete meses después de los hechos en
el baño del departamento de González Lomelí. El ADN coincidía en 99% con el del
padre de Hugo Alberto: José Enrique del Socorro Wallace. Edgar Valdez la Barbie Villareal fue detenido en
2010 por ser uno de los principales operadores del cártel de los Beltrán Leyva
AFP 163. Sin embargo, en el curso de su investigación, Raphael descubrió que
ese no era su padre biológico. El verdadero progenitor era Carlos León Miranda,
primo de Isabel Miranda, quien años después confirmó públicamente haber sido padre
de Hugo Alberto. Esta revelación, junto con inconsistencias en la obtención y
análisis de la muestra, pondría en duda la validez misma del hallazgo pericial.
La tesis de Fabricación sostiene que la prueba fue sembrada deliberadamente,
como parte de una estrategia para convencer a las autoridades y a la opinión
pública de la existencia de un crimen inexistente.
Entre el activismo y
el poder
Durante
casi dos décadas, Isabel Miranda de Wallace construyó una carrera pública en
torno a la denuncia del secuestro, fundó la organización Alto al Secuestro, y
fue reconocida con el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2010. Su activismo
le abrió puertas en los círculos más altos del poder. De hecho, según Raphael,
un pacto político con el entonces presidente Felipe Calderón le permitió tener
acceso privilegiado a cuerpos de seguridad y de procuración de justicia, lo que
habría facilitado la instrumentación de su causa. “El Estado se convirtió en la
espada a sus órdenes”, dijo Raphael en entrevista, al referirse al alcance del
poder que Miranda de Wallace habría ejercido sobre funcionarios de diversas
instituciones.
¿Una muerte real o
una huida más?
El
pasado 8 de marzo del 2025, en coincidencia con la publicación del libro Fabricación,
y con la audiencia de Juana Hilda en puerta, se dio a conocer la sorpresiva
muerte de Isabel Miranda de Wallace por complicaciones médicas. El periodista
Antonio Nieto, quien dio a conocer la noticia, comentó al periodista Ricardo
Rapahel que la fuente de esta noticia fue un familiar de la activista, sin
querer revelar quién fue. No obstante, Raphael ha puesto en duda la veracidad
del fallecimiento. Entre los elementos que ha señalado están la falta de
registros hospitalarios concluyentes, la naturaleza contradictoria de las
causas de muerte declaradas, y un funeral que no permitió verificar la
identidad del cuerpo. Además, el féretro no fue abierto, la cremación se
realizó pocas horas después y no asistieron figuras relevantes del ámbito
político, pese a la exposición pública que Miranda mantuvo durante años. “Si
fabricó un secuestro, ¿por qué no podría fabricar también su muerte?”, se ha
preguntado Raphael en entrevistas recientes. ¿Y Hugo Alberto Wallace? Isabel
Miranda de Wallace, madre Isabel Miranda de Wallace, madre del empresario Hugo
Alberto Wallace, secuestrado y asesinado en julio de 2005. En sus
investigaciones, Ricardo Raphael afirma haber reunido suficientes indicios para
sostener que Hugo Alberto Wallace estaba con vida al menos hasta 2007, dos años
después de su presunta muerte. Entre ellos destacan llamadas telefónicas, movimientos
con tarjetas bancarias, testimonios de personas cercanas —incluyendo el de
Claudia Muñoz, madre de una de las hijas de César Freyre— y registros de
ubicación que apuntan a un posible escape hacia Estados Unidos y Canadá. Muñoz
ha sostenido públicamente que habló por teléfono con Hugo Alberto Wallace
después de la fecha oficial de su desaparición, una afirmación que, de ser
ratificada judicialmente, desestabilizaría aún más la versión oficial del caso.
La liberación de Juana Hilda González Lomelí no solo corrige una injusticia
individual: podría marcar el inicio del desmoronamiento jurídico completo del
caso Wallace. Ricardo Raphael en entrevista Otros cuatro condenados ya han
promovido amparos, mientras que Brenda Quevedo y Jacobo Tagle continúan sin
sentencia después de más de 15 años detenidos. Con la transición judicial en
marcha tras la reciente reforma que modificará la integración de la Suprema Corte, el
tiempo juega en contra de quienes esperan justicia tras casi dos décadas. Raphael
ha llamado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ponente del proyecto, a
enlistar el caso antes de la salida de los actuales integrantes de la Corte, para evitar que el
expediente quede empantanado por años. “Estamos a minutos de una decisión
histórica. Si no se resuelve ahora, podrían pasar cinco años más con personas
inocentes en prisión”, advirtió el periodista. Para Ricardo Raphael, el caso
Wallace no es solo un expediente anómalo; es un retrato del sistema de justicia
mexicano: sus debilidades estructurales, su vulnerabilidad ante presiones
políticas, y su uso como arma de poder. “Las cárceles están llenas de personas
que no deberían estar ahí. Fabricar culpables ha sido parte del modelo. Y este
caso lo demuestra”, sentenció.
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