Pablo Chapa Bezanilla; el fiscal prófugo
por irregularidades en sus investigaciones.
Una bruja resolviendo un crimen de
Estado? En 1996, la política mexicana tocó fondo con el caso de "La Paca" y el fiscal Chapa
Bezanilla. Desenterraron un esqueleto en la finca de Raúl Salinas de Gortari
usando "poderes místicos", pero todo resultó ser un fraude de comedia
negra: ¡los huesos eran del suegro de la hija de la vidente! El fiscal terminó
en la cárcel y el gobierno en el ridículo internacional.
Pablo Chapa Bezanilla, termino prófugo en España. Recibió
una de las misiones más delicadas de los años noventa: investigar los
asesinatos políticos que habían sacudido al país. Poco después, el propio
fiscal terminó prófugo, detenido en España y acusado por irregularidades dentro
de las investigaciones que debía esclarecer. Su caída fue tan espectacular como
los casos que tuvo entre las manos. Chapa llegó a la PGR en diciembre de 1994 y
terminó encabezando investigaciones relacionadas con Luis Donaldo Colosio y
José Francisco Ruiz Massieu. En el caso Ruiz Massieu sostuvo que Raúl Salinas
de Gortari había sido el instigador del asesinato. Pero entonces apareció una pieza que parecía
resolver otro misterio.
EL HALLAZGO QUE LO CAMBIÓ TODO
Manuel Muñoz Rocha, diputado priista vinculado a la trama
del asesinato de Ruiz Massieu, llevaba desaparecido desde 1994. En octubre de
1996, Francisca Zetina, “La Paca”,
entregó información que condujo a la fiscalía hasta El Encanto, propiedad de
Raúl Salinas. Ahí apareció una osamenta. Chapa creyó que había encontrado a
Muñoz Rocha. La cobertura de la época incluso registró al fiscal prácticamente
convencido de la identidad de los restos. El problema fue que el cadáver no era de Muñoz
Rocha. Las investigaciones de la Procuraduría capitalina determinaron
posteriormente que pertenecía a Joaquín Rodríguez Ruiz, consuegro de La Paca, y acusaron a Zetina y
otras personas de haber colocado los restos deliberadamente en aquella
propiedad. La situación empeoró cuando se documentó que la PGR había entregado 3.5
millones de pesos a La Paca
después del hallazgo. El ex procurador Antonio Lozano Gracia reconoció haber
firmado los cheques. El investigador comenzaba a convertirse en investigado.
DE FISCAL A PRÓFUGO
A principios de 1997, las autoridades buscaron a Chapa
para que declarara sobre la osamenta. Ya estaba fuera del país. El 16 de mayo
de 1997 fue detenido en Madrid. España lo mantuvo preso mientras se
desarrollaba el procedimiento de extradición solicitado por México. Chapa
enfrentó imputaciones relacionadas, entre otros hechos, con uso indebido de
atribuciones, informes falsos, simulación de pruebas y violaciones relacionadas
con inhumaciones y exhumaciones. Pero aquí llega el giro final.
EL CASO QUE TERMINÓ SIN CONDENA
En 1998 obtuvo su libertad con reservas de ley y el
expediente pasó a jurisdicción federal. La PGR tenía todavía posibilidades de procesarlo. No
lo hizo. En 2005, un tribunal confirmó que los delitos atribuidos al ex fiscal
habían prescrito. Chapa quedó definitivamente libre de acción penal por
aquellos hechos, no porque un juicio hubiera demostrado que todo lo ocurrido
era correcto, sino porque las autoridades dejaron transcurrir los plazos
legales. Ese probablemente sea el dato más incómodo de toda la historia. El
hombre encargado de resolver uno de los principales crímenes políticos de los
noventa terminó simbolizando algo todavía más profundo: una justicia capaz de construir
acusaciones espectaculares, cometer errores monumentales y después ni siquiera
lograr llevar correctamente a juicio a sus propios funcionarios. Pablo Chapa
desapareció del centro de la vida pública. El desprestigio institucional que
dejó el caso de La Paca,
no. ¿El mayor fracaso de Chapa Bezanilla fue equivocarse en una investigación o
demostrar hasta dónde podía degradarse la justicia mexicana?
Francisca Zetina Chávez, alias la Paca la vidente que engaño a la
justicia en México.
Francisca Zetina Chávez; la Paca, la vidente que
contrataron para resolver un asesinato. Parece argumento de una película: una
vidente, el hermano de un ex presidente, un político desaparecido, una osamenta
y la Procuraduría
General de la
República buscando resolver uno de los mayores escándalos
políticos de México. Pero ocurrió. Su nombre era Francisca Zetina Chávez, “La Paca”, y protagonizó uno de
los episodios más vergonzosos de la justicia mexicana de los años noventa. Todo
comenzó después del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario
general del PRI, ocurrido el 28 de septiembre de 1994. Las investigaciones
señalaron al diputado priista Manuel Muñoz Rocha, quien desapareció un día
después del asesinato. La PGR
necesitaba encontrarlo. Y entonces apareció La Paca. Francisca
Zetina se presentaba como vidente y había tenido contacto con personas
relacionadas con Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas. En octubre de 1996 ocurrió lo increíble. La investigación encabezada
por el fiscal especial Pablo Chapa Bezanilla llegó hasta El Encanto, una
propiedad de Raúl Salinas. La
Paca aseguró poder orientar a las autoridades hacia el lugar
donde supuestamente estaba enterrado Muñoz Rocha. Excavaron. Y encontraron una
osamenta. Durante semanas, el hallazgo alimentó una historia explosiva: el
desaparecido relacionado con el asesinato de Ruiz Massieu aparentemente había
terminado enterrado en una propiedad del hermano de un expresidente. Pero había
un problema. El muerto no era Muñoz Rocha. La investigación de la Procuraduría
capitalina determinó que los restos correspondían a Joaquín Rodríguez Ruiz,
consuegro de La Paca. Y
entonces el caso dio un giro todavía más escandaloso. Las autoridades
concluyeron que la osamenta había sido colocada deliberadamente en El Encanto.
La propia Francisca Zetina y varios de sus familiares terminaron detenidos. La
supuesta revelación paranormal terminó convertida en una investigación por
fabricación de pruebas y fraude. En 1999, un juez federal condenó a La Paca a nueve años de prisión
por fraude contra la
Federación. También fueron sentenciados Ramiro Aguilar Lucero
y Joaquín Rodríguez Cortés. El daño, sin embargo, ya estaba hecho. Una
investigación relacionada con uno de los asesinatos políticos más importantes
de aquella década había terminado dependiendo de testimonios cuestionados, una
supuesta vidente y una osamenta falsa. El caso también golpeó severamente la
credibilidad de la PGR
y de quienes dirigían las investigaciones. La historia de La Paca resulta increíble
precisamente porque no ocurrió en una novela.
Francisca Zetina Chávez Curandera y bruja se
dedicaba a adivinar la suerte y hacer limpias, hasta los políticos acudía a
ella. El entonces diputadoRuiz Massieufue asesinado de un balazo, el fiscal
quiso probar la culpabilidad de Raúl Salinas de Gortari contratando a La Paca.
Una
bruja resolviendo un crimen de Estado? En 1996, la política mexicana tocó fondo
con el caso de "La Paca"
y el fiscal Chapa Bezanilla. Desenterraron un esqueleto en la finca de Raúl
Salinas de Gortari usando "poderes místicos", pero todo resultó ser
un fraude de comedia negra: ¡los huesos eran del suegro de la hija de la
vidente! El fiscal terminó en la cárcel y el gobierno en el ridículo
internacional.
Ocurrió dentro de una investigación de la justicia mexicana.
Y años después permanece como recordatorio de lo peligroso que
resulta cuando una institución encargada de buscar la verdad comienza a
perseguir una historia antes que las pruebas. ¿Recordabas el escándalo de “La Paca” y la osamenta de El
Encanto?
Fuentes de información: 1. Reportes de Prensa Contemporánea (N+ /
Noticieros Televisa): Los archivos televisivos y digitales de la época detallan
paso a paso las transmisiones en vivo desde la finca "El Encanto", el
arresto de Pablo Chapa Bezanilla en España (a donde huyó) y la condena de
Francisca Zetina "La Paca".
2. Proceso y La Jornada
(Archivos de 1996-1997): Revistas y diarios de circulación nacional
documentaron las declaraciones de la
PGR, los peritajes forenses de la época que confirmaron que
los restos pertenecían a Joaquín Rodríguez Ruiz (el suegro de la hija de La Paca) y el cobro de la
recompensa de 4 millones de pesos que detonó la traición familiar.
3. Libros de Crónica Política: El caso está ampliamente documentado en libros
de historia política contemporánea de México que analizan el sexenio de Ernesto
Zedillo y la crisis posterior al asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.
Javier Lozano
Alarcón; el Secretario del Trabajo de Calderón que desapareció más de 45 mil
empleos.
Javier Lozano Alarcón es un politico del Partido Acción Nacional (PAN). Nació en la Ciudad de Puebla el 21 de
noviembre de 1962. Es abogado por la
Escuela Libre de Derecho de
la Ciudad de México. A pesar de haber ocupado múltiples puestos
en el sector publico, Javier Lozano; era un total desconocido en la política
mexicana, comenzó su carrera y ascenso a la política en la precampaña de Felipe Calderón,
fue miembro del equipo de transición del Presidente Felipe Calderón
Hinojosa. Con apenas unos meses de haberse afiliado al Partido Acción
Nacional. Fue Secretario del Trabajo y Previsión Social de Calderón del (2006 a 2011). Es un
demente y ocurrente miembro del partido azul, entre tantas estupideces dijo que
un político, debería parecerse a un
elefante, con unas orejas enormes para escuchar todo a su alrededor, y unos
ojos grandes para verlo todo. En el 2007 en wikipedia alguien lo etiqueto con un apodo bastante
peculiar como la “Chiva Loca”. Pero esto surgio en Octubre del 2020, en una investigación del periodista Rick Freedman; por parte del departamento de justicia de los Estados Unidos, donde aparece Javier Lozano, lo vinculan con Genaro Garcia Luna; varios funcionarios Públicos, jefes aduanales y narcotraficantes, segun lo que publico el periodista Rick Freedman.
Como secretario del trabajo, debió fomentar el
empleo y mejoras para la clase trabajadora, El sello distintivo de Felipe Calderón,
fue todo lo contrario como todos los gobiernos de derecha, anti mexicanos hipócritas y demagogos, todos los secretarios de su gabinete, por ejemplo un secretario de
Educación que hacia todo lo contrario por fomentar la educación, una secretaria
de seguridad Publica que no brindaba seguridad, una secretaria de salud que no
servia para nada, pura demagogia el mismo Calderón declaro que inaguraba un hospital diario, una crisis institucional aberrante etc. La política laboral de Calderón se centro en
acciones antilaborales, antipopulares, y represivas. Una política empresarial desapareciendo todos los derechos laborales. Con muchas prebendas y condonacion a empresarios ligados al régimen condonacion de impuestos así pretendía pagar favores al usurpador FECAL y a toda la mafia empresarial que impuso a Felipe Calderón. Llegó al poder por un fraude electoral descarado con el entonces consejero presidente Carlos Ugalde; quienes operaron el gran fraude. La mafia empresarial aplaudía e imponía todas las políticas laborales, decían que los derechos laborales eran un obstáculo para el desarrollo la productividad y la competencia. Y solo eliminando todo eso habría desarrollo y crecimiento económico. Y así fue los que dictaban, los que redactaban, los que aprobaban la política laboral era una elite empresarial, sin consultar a los trabajadores. Con Javier Lozano, como secretario del trabajo y Felipe Calderón como presidente; se perdieron millones de empleos, el salario disminuyo, el poder
adquisitivo del peso se fue por los suelos, la inflación aumento considerablemente, del 30 al 80%. Lo peor fue el cinismo y el descaro y la burla, de cómo gobernaban,
mientras todo el gabinete del calderonato presumían sus ostentosos, lujos vienes
viajes riqueza y modo de vivir, un insulto a la pobreza todavía este parasito
del poder se atrevió a decir descaradamente cuando la Comisión de salarios mínimos apenas rozaba la
cantidad de un peso con 50 centavos de aumento cada año, Junto con Basilio González
Núñez, titular de la Comisión
de Salarios mínimos de aquel entonces que era de 60 a 63 pesos la jornada laboral. Dijo “El
salario mínimo para un trabajador es demasiado, ganando lo mínimo se puede
vivir bien", “Con el salario mínimo un trabajador puede comprar la dispensa,
pagar una casa, tener sus hijos en escuelas privadas y tener coche”. Según el todo
eso alcanzaba con el salario mínimo, el nivel de cinismo, no tiene y no tenia
madre para un funcionario del trabajo, y sepultaron a millones de familia a
vivir en la pobreza. La pobreza pasó de 48.8 millones a 53.3 millones de
personas hacia 2012, lo que representa un incremento de 4.5 millones, nada mas
en la mitad de su administración. La mejor definición es que no lucharon en contra
de la pobreza lucharon en contra de los pobres. Por conservar sus privilegios y
posiciones de un presidencialismo represor y para mantener una casta política. Javier
Lozano Alarcón fue uno de los secretarios más combativos del gobierno de Felipe
Calderón. Desde la
Secretaría del Trabajo enfrentó sindicatos, defendió
decisiones impopulares y protagonizó algunos de los conflictos laborales más
duros del sexenio. Pero incluso antes de cumplir un año en el gabinete, su
nombre ya estaba involucrado en una acusación explosiva. En 2007, el empresario
de origen chino Zhenli Ye Gon, relacionado con el decomiso de más de 205o
millones de dólares en una residencia de Las Lomas, aseguró que Javier Lozano
lo había presionado para guardar aquel dinero y le había dicho la frase que se
volvió célebre:“Copelas o cuello”. Loza no negó tajantemente conocerlo y
calificó las acusaciones de falsas. Zhenli no aportó las grabaciones que decía
poseer y nunca se acreditó judicialmente que Lozano le hubiera entregado el
dinero. La acusación quedó como una de las grandes controversias políticas del
sexenio, pero no como un hecho probado.
El poblano Javier Lozano Alarcón
estaría siendo investigado por la agencia antidrogas en Estados Unidos, que lo
identificaría como el personaje que entregaba sobornos a diversas figuras en el
sexenio de Felipe Calderón. De acuerdo con el periodista norteamericano, Rick
Freedman, el mote de “la
Chiva Loca” aparece en varios testimonios de testigos
protegidos, llamadas, diarios y cuentas bancarias desde el 2009. Esta persona
era responsable juntar y trasladar dinero, negociar con funcionarios estatales,
comandos policiales, militares, agentes aduanales y ministerios públicos. De
acuerdo con el periodista, las investigaciones apuntaron al nombre de Javier
Lozano, lo que no sorprendió. Javier Lozano se desempeñó como titular de la Secretaría del Trabajo
durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, de 2006 a 2012, al concluir su
periodo fungió como senador de la República. Sobre el tema, la periodista Olga
Wornat posteó: “Este señor no tiene cara. @JLozanoA estas ligado al narco y a
negocios de lavado. Yo que usted me cuidaría y bajaría el perfil sino quieres
terminar con traje naranja” Lo anterior en respuesta a una publicación del
panista sobre la detención del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional,
Salvador Cienfuegos, detenido y acusado por delito de narcotáfico y lavado de
dinero, así como de protección al cartel de Los Beltrán Leyva. “Sorpresa y
vileza: la detención del General Salvador Cienfuegos. Mi posicionamiento al
respecto. Estado de derecho”. Tras estos señalamientos, el exsenador no se ha
pronunciado en su cuenta de twitter, donde suele ser muy activo.
Fuente: / El Sol de Puebla el 20 de
Octubre del 2020
45 MIL EMPLEOS DESAPARECIERON DE
GOLPE
La madrugada del 11 de octubre de 2009, el gobierno de
Calderón extinguió Luz y Fuerza del Centro. El decreto presidencial acabó con
el organismo y dejó sin su fuente de empleo a más de 45 mil trabajadores, cifra
reconocida años después por el propio Gobierno federal. Lozano se convirtió en
uno de los principales defensores políticos de la decisión y enfrentó
directamente al Sindicato Mexicano de Electricistas. El SME combatió
jurídicamente la medida, pero en 2010 la Suprema Corte
declaró constitucional el decreto de extinción. La legalidad sobrevivió. El
conflicto social también. En 2010 llegó otra crisis. Mexicana de Aviación
suspendió operaciones y alrededor de 8 mil trabajadores quedaron sin ingresos. Lozano
aseguró primero que la aerolínea podría volver a volar en diciembre. Después
habló de enero de 2011. Incluso participó en acuerdos para reducir
drásticamente la plantilla con la esperanza de salvarla. Mexicana no volvió. En abril de 2011, la Cámara de Diputados acordó
citar al secretario para que explicara por qué no se había concretado la
reactivación de la empresa. En 2017 apareció fotografiado junto a Othón Muñoz
Bravo, “El Cachetes”, empresario detenido y señalado entonces por autoridades
poblanas por presuntos vínculos con el robo de combustible. Lozano reconoció
conocerlo, pero aseguró ignorar cualquier actividad ilícita. No existe
evidencia pública que demuestre que Lozano participara en los delitos
atribuidos a Muñoz. Ese mismo entorno produjo otro dato incómodo: la fotografía
también mostraba al magistrado Carlos Loranca, quien años después fue
destituido e inhabilitado por irregularidades patrimoniales. Javier Lozano pasó
del PRI al PAN, fue secretario de Calderón, senador panista y finalmente abandonó
Acción Nacional en 2018 para apoyar al candidato presidencial priista José
Antonio Meade. Su trayectoria resume una paradoja de la política mexicana:
cambian los partidos, cambian los cargos y cambian las alianzas, pero algunos
personajes permanecen durante décadas alrededor del poder. ¿Javier Lozano debe
ser recordado como un funcionario frontal o como uno de los símbolos más cinicos y polémicos del calderonismo?
Por; Jesús Hoyos Hernández//Nacional//Análisis//Política//Opinión//El poder en México//
Presidentes de México al servicio de la CIA
Durante
décadas, en México se habló de la
CIA como si fuera un fantasma lejano: algo de películas, de
espías con gabardina, de operaciones secretas en países ajenos. Pero los
documentos desclasificados cuentan otra historia.
Una
historia mucho más incómoda. De acuerdo con investigaciones del National
Security Archive de la
Universidad George Washington y archivos liberados por
Estados Unidos, varios expresidentes mexicanos aparecen vinculados a redes de
inteligencia de la CIA
durante la guerra Sucia en México y la guerra Fria. Aquí
hay que ser precisos para no caer en exageraciones: No hablamos necesariamente
de “empleados” en el sentido tradicional de recibir un sueldo público, tener
oficina o firmar contrato laboral con la CIA. Lo que los documentos señalan es otra cosa:
vínculos como informantes, activos, contactos de alto nivel o colaboradores
dentro de operaciones de inteligencia estadounidenses en México. Y eso,
políticamente, es gravísimo.
Los archivos
desclasificados abren una puerta incómoda.
LOS
NOMBRES QUE APARECEN
Entre
los nombres más mencionados en los archivos e investigaciones están los ex
presidentes: Adolfo López Mateos. Gustavo Díaz Ordaz. Luís Echeverría Álvarez. José
López Portillo. En el caso de Gustavo Díaz Ordaz y Luís Echeverría, el asunto
aparece ligado a la red conocida como LITEMPO, una operación de inteligencia de
la CIA en México
durante la Guerra Sucia y la guerra Fria.
Según el National Security Archive, esa red reclutó informantes en los niveles
más altos del gobierno mexicano. Díaz Ordaz aparece identificado como
LITEMPO-2.
Luis
Echeverría aparece identificado como LITEMPO-8. Es decir: no estamos hablando
de rumores de cantina ni de teorías sacadas de una servilleta. Estamos hablando
de documentos históricos, archivos desclasificados y trabajos de investigación
sobre la relación secreta entre Washington y funcionarios mexicanos.
EL
CASO LÓPEZ MATEOS
El
caso de Adolfo López Mateos también es especialmente delicado. Documentos
recientes relacionados con los archivos del asesinato de John F. Kennedy han
dado más claridad sobre la colaboración entre agencias estadounidenses y el
gobierno mexicano durante los años sesenta. Según el National Security Archive,
la operación LIENVOY, enfocada en vigilancia y espionaje telefónico, no habría
sido simplemente una imposición unilateral de Estados Unidos. La documentación
apunta a una colaboración más profunda con autoridades mexicanas de la época. Y
aquí aparece la gran contradicción histórica: Mientras México presumía
soberanía, neutralidad y una política exterior independiente, en los sótanos
del poder existían canales secretos de cooperación con la CIA. La patria se defendía
en los discursos. Pero en los expedientes, la historia se ve más turbia.
LÓPEZ
PORTILLO: EL CUARTO NOMBRE INCÓMODO
El
caso de José López Portillo se volvió relevante por un documento desclasificado
fechado en noviembre de 1976, apenas días antes de que asumiera la Presidencia de México.
Reportes periodísticos basados en ese archivo señalaron que López Portillo
habría sido identificado como contacto o informante de la CIA antes de llegar al poder. De
nuevo: esto debe leerse con precisión histórica. No se trata de decir
alegremente que “todos eran agentes vendidos” sin revisar documentos. Se trata
de reconocer que existen archivos oficiales que muestran una relación mucho más
cercana entre la CIA
y las élites políticas mexicanas de lo que durante años se quiso admitir
públicamente.
LA
PREGUNTA DE
FONDO
La
pregunta no es solo si uno, tres o cuatro ex presidentes tuvieron vínculos con la CIA. La pregunta verdadera
es más profunda:
¿Cuántas
decisiones nacionales se tomaron bajo influencia extranjera?
¿Cuántas
persecuciones políticas, operaciones contra grupos de izquierda, movimientos
estudiantiles o decisiones de seguridad interna estuvieron contaminadas por
intereses de Washington?
Y
sobre todo:
¿Cuánta
soberanía real tenía México mientras sus altos funcionarios mantenían canales
secretos con la agencia de inteligencia más poderosa del mundo?
Porque
una cosa es cooperar diplomáticamente con otro país.
Y
otra muy distinta es abrir las puertas del poder nacional a una agencia
extranjera.
MÉXICO
DEBE MIRAR SU HISTORIA SIN MAQUILLAJE
Este
tema incomoda porque rompe el cuento oficial. Nos enseñaron una historia donde
México siempre fue soberano, independiente y digno frente a Estados Unidos. Pero
los archivos muestran una realidad más compleja: un país que públicamente
hablaba de soberanía, mientras en privado algunos de sus hombres más poderosos
compartían información, abrían canales o colaboraban con la inteligencia
estadounidense. Eso no borra toda la historia de México. Pero sí obliga a
revisarla con menos ingenuidad. Hoy muchos políticos usan la palabra
“soberanía” como escudo, como bandera o como frase de mitin. Pero la soberanía
no se presume. Se demuestra. Y si los archivos desclasificados muestran que
presidentes mexicanos tuvieron vínculos con la CIA, entonces México tiene derecho a saber la
verdad completa. No por revancha. Sino porque un país que no revisa sus pactos
secretos queda condenado a repetirlos. La historia no siempre grita. A veces
espera décadas, guardada en un archivo, hasta que alguien se atreve a abrir la
caja. Y cuando se abre, el polvo no solo cae sobre los papeles. También cae
sobre los héroes de bronce.
Documentos
desclasificados de la CIA
y las investigaciones del periodista Jefferson Morley en el National Security
Archive revelan que cuatro presidentes mexicanos colaboraron de forma secreta
con la Agencia Central
de Inteligencia (CIA) durante la
Guerra Fría bajo la red de espionaje y control denominada
Operación LITEMPO. Los mandatarios identificados como informantes o enlaces de
alto nivel son: Adolfo López Mateos (1958-1964): Identificado con el
criptónimos LITEMPO-1. Autorizó la creación de redes de intervención telefónica
y vigilancia conjunta contra embajadas de países socialistas y de Cuba en la Ciudad de México. Gustavo
Díaz Ordaz (1964-1970): Registrado como LITEMPO-2. Mantuvo una estrecha
relación con el jefe de la estación de la CIA, Winston Scott, y colaboró en el intercambio
de información sobre movimientos sociales y opositores, previo y durante los
sucesos de 1968. Luís Echeverría Álvarez (1970-1976): Identificado como
LITEMPO-8 (y señalado en archivos como pieza clave desde su etapa como secretario
de Gobernación), mantuvo canales directos de comunicación e inteligencia con
Washington durante la represión interna. José López Portillo (1976-1982):
Archivos desclasificados de la CIA
señalan que tuvo un "control de enlace" e intercambio con la agencia
estadounidense desde años antes de asumir la presidencia de la República.
Documentos
desclasificados de la CIA
y las investigaciones del periodista Jefferson Morley en el National Security
Archive revelan que cuatro presidentes mexicanos colaboraron de forma secreta
con la Agencia Central
de Inteligencia (CIA) durante la
Guerra Fría bajo la red de espionaje y control denominada
Operación LITEMPO. Los mandatarios identificados como informantes o enlaces de
alto nivel son: Adolfo López Mateos (1958-1964): Identificado con el
criptónimos LITEMPO-1. Autorizó la creación de redes de intervención telefónica
y vigilancia conjunta contra embajadas de países socialistas y de Cuba en la Ciudad de México. Gustavo
Díaz Ordaz (1964-1970): Registrado como LITEMPO-2. Mantuvo una estrecha
relación con el jefe de la estación de la CIA, Winston Scott, y colaboró en el intercambio
de información sobre movimientos sociales y opositores, previo y durante los
sucesos de 1968. Luís Echeverría Álvarez (1970-1976): Identificado como
LITEMPO-8 (y señalado en archivos como pieza clave desde su etapa como
secretario de Gobernación), mantuvo canales directos de comunicación e
inteligencia con Washington durante la represión interna. José López Portillo (1976-1982):
Archivos desclasificados de la CIA
señalan que tuvo un "control de enlace" e intercambio con la agencia
estadounidense desde años antes de asumir la presidencia de la República.
Fuentes base para respaldar la publicación: el National
Security Archive documenta la red LITEMPO y señala que sus informantes
incluyeron a Gustavo Díaz Ordaz y al futuro presidente Luis Echeverría. También
publicó en 2025 nuevos materiales sobre la colaboración CIA-México en archivos
JFK, incluyendo el contexto de López Mateos y LIENVOY. Sobre José López
Portillo, El País reportó el documento desclasificado fechado el 29 de
noviembre de 1976, y Jacobin analizó el archivo como evidencia de sus vínculos
con la CIA.
Ernesto
Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California,
por elementos de la
Fiscalía General de la República (FGR). Delitos imputados: Delincuencia
organizada y contrabando de combustible (huachicol fiscal). Medida cautelar:
Prisión preventiva justificada en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.
La Fiscalía General
de la República
(FGR) señala al exgobernador de Baja California como presunto fundador de una
empresa que habría servido como base para una red dedicada al contrabando de
combustibles desde Estados Unidos. Además de Ruffo Appel, la operación incluyó
a Ricardo Thompson Navarro, hijo del empresario portuario Ricardo Thomson
Ramírez, detenido el mismo día en la colonia Zona Playitas de Ensenada. Lo que
llevo a la detención y aseguramiento de Ernesto Rufo, fue en base de diversas
investigaciones fiscales, y periciales, en el 2025 fue detenido un gran
cargamento de ferrotanques, tanques cisterna, y estos pertenecían a la emperasa
de Ernesto Rufo, todo el combustible que
ingresaba a México era ilegal, entraba por las aduanas sin ser declarado, según
fuentes oficiales desde el 20218
operaban en la clandestinidad. El esquema arrancaba en refinerías de
Texas, donde la red adquiría gasolina y diésel. Al cruzar la frontera hacia
México por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa
—todas en Tamaulipas— las empresas vinculadas presentaban pedimentos con
volúmenes muy por debajo de la realidad. La fiscal Godoy precisó en un mensaje
dirigido a medios que cada carro tanque tiene capacidad para hasta 110,000 litros, pero
la red reportaba alrededor de 10,000. Eso equivale a declarar solo el 10% de la
carga real. El resto ingresaba al país sin ningún registro fiscal ni aduanero. La
estructura de la red tenía su origen en una empresa vinculada con actividades
de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ruffo
Appel. Con el tiempo, esa firma amplió sus operaciones hacia la importación de
derivados del petróleo, actividad bajo la cual se desarrolló el esquema de
contrabando. Para que el mecanismo funcionara, la red contaba con la
participación de agentes aduanales y personal autorizado que facilitaba el
ingreso sin revisión. Entre los 25 objetivos con orden de aprehensión se
encuentran operadores logísticos y servidores públicos del sistema aduanero. La
investigación se sustenta en dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y
análisis científico de la información, según subrayó la fiscal.
Operaciones de Ernesto Ruffo Appel
La
investigación documentó 4,238 operaciones de importación en ese periodo de seis
meses. En el caso del diésel, los volúmenes reales introducidos superaron en
más de diez veces lo autorizado. Para la gasolina regular, la diferencia fue de
más de tres veces y media por encima del permiso. Una vez en territorio
nacional, el hidrocarburo viajaba en carros tanque de ferrocarril hasta puntos
de descarga conocidos como espuelas ferroviarias. Ahí, sin contar con los
permisos de la Comisión
Reguladora de Energía (CRE), el producto era transferido a
pipas y tractocamiones de siete empresas distintas. Esas empresas se encargaban
de la distribución posterior. El combustible llegaba principalmente a Coahuila,
Durango y Zacatecas. Las autoridades localizaron decenas de carros tanque en
Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí durante la primera acción operativa,
que generó una afectación de 32,808,000 pesos para la organización. El punto de
partida de toda la investigación fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con
hidrocarburo en Ramos Arizpe, Coahuila, en julio de 2025, en un operativo donde
participaron la Secretaría
de la Defensa
Nacional, la
SSPC, la FGR,
Protección Civil, Pemex y la Agencia Nacional de Aduanas. En total, la
investigación determinó que aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de
combustible no fueron declarados ante las autoridades. La red utilizó 162
carros tanque de ferrocarril para omitir el pago de contribuciones federales.
Las acciones se ejecutaron en Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas,
Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco. La red empresarial de Ernesto
Ruffo Appel, acusado por presunto huachicol fiscal, realizó transacciones por
hasta 5,432 millones de pesos en bancos como Intercam, Monex, BBVA, Banco Base,
Banorte, Banamex y Bank of America. Un análisis de EL CEO con base en
información de la acusación penal del exmandatario, se encontró que la
multimillonaria suma se movió entre el sistema bancario de México, Estados
Unidos y Alemania a lo largo de 11 años. En total, las autoridades detectaron
unas 1,457 transacciones de depósitos, envíos y transferencias. La Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del exgobernador Ernesto Ruffo
Appel, quien se encuentra compareciendo ante una jueza de control por los
señalamientos en su contra por huachicol fiscal.
La fiscal Ernestina Godoy aseguró que es la red de
contrabando de combustible más grande detectada hasta el momento, con un daño
al erario estimado en más de 4,000 millones de pesos
El desmantelamiento
de la mayor red de contrabando de combustible
La Fiscalía General de la
República (FGR)
informó sobre el desmantelamiento de la mayor
red de contrabando de combustible detectada hasta ahora en México,
una organización que presuntamente utilizó empresas, operaciones ferroviarias y
esquemas financieros internacionales para introducir hidrocarburos de manera
ilegal al país. Durante el operativo fue detenido Ernesto Ruffo Appel, exgobernador
de Baja California, señalado como uno de los presuntos responsables de la
estructura investigada. La
Fiscalía confirmó además que otras cuatro personas fueron
capturadas y que continúan las acciones para cumplimentar 25 órdenes de aprehensión. De
acuerdo con la investigación presentada por la FGR y el Gabinete de Seguridad, la organización
importaba combustible desde refinerías
ubicadas en Texas, Estados Unidos, mediante declaraciones
falsas en las aduanas mexicanas. Las empresas involucradas reportaban
únicamente una fracción del combustible transportado o declaraban productos
distintos para evitar el pago de impuestos. Las autoridades detectaron que:
Cada carro-tanque transportaba hasta 110 mil
litros, aunque únicamente declaraban alrededor de 10 mil litros.
El combustible ingresaba sin revisiones aduaneras
completas.
Posteriormente era descargado en espuelas
ferroviarias y distribuido mediante pipas y tractocamiones de diversas
empresas.
La distribución se concentraba principalmente en
Coahuila, Durango y Zacatecas.
La evasión fiscal supera los
4 mil millones de pesos
Las investigaciones revelaron un
importante daño al erario.
Entre los principales hallazgos
destacan:
15.2 millones de litros de
combustible no fueron declarados.
La organización utilizó 162
carros-tanque para ocultar las operaciones.
La evasión del IEPS asciende a 88.5
millones de pesos.
El incumplimiento del IVA suma 18.2
millones de pesos.
El daño inicial por ambos impuestos
supera los 106.8 millones de pesos.
Sin embargo, al ampliar las
investigaciones entre enero y julio de 2025, la FGR detectó 4 mil 238 operaciones de importación
irregulares en las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y
Reynosa, lo que elevó el posible perjuicio a la Hacienda Pública
a más de 4 mil millones de pesos.
Detectan operaciones financieras por miles
de millones de pesos
La investigación también permitió reconstruir la
estructura financiera que sostenía las operaciones.
Los agentes identificaron:
Movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos
en alrededor de 80 cuentas bancarias nacionales.
Operaciones cambiarias superiores a mil 386
millones de dólares.
Transferencias internacionales hacia empresas
extranjeras mediante un esquema de triangulación de recursos.
La
Fiscalía señaló que las cuentas funcionaban como “cuentas
puente”, utilizadas para dificultar el rastreo del origen y destino del dinero.
407 personas han sido
procesadas por contrabando de combustible
La
FGR informó que, del 1 de diciembre de 2025 al 15 de julio de 2026, ha llevado a proceso a 407 personas
relacionadas con redes dedicadas al contrabando de hidrocarburos por vía
marítima, ferroviaria y terrestre.
Entre los investigados figuran
empresarios, operadores logísticos, agentes aduanales y servidores públicos
presuntamente vinculados con estas operaciones. Las autoridades aseguraron que
las investigaciones continúan y que presentarán nuevos avances conforme lo
permitan las etapas procesales.
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