El
Cuerpo de Defensas Rurales o los Rurales (nombre popular), también conocidos
como Guardia Rural, fue una fuerza montada mexicana que operó en todo el
territorio nacional desde 1861
a 1914, y en algunos estados hasta 1947. Su misión era
la defensa de zonas rurales en México, protegiendo diligencias y caravanas de
ataques de bandoleros. El Cuerpo participó en la guerra de Reforma, la Revolución mexicana, la
guerra Cristera y su heredero actual en la guerra contra el narcotráfico.Luego
de la Guerra
de Reforma los caminos y zonas rurales de México presentaron una acentuada
inseguridad. Para combatirla, el presidente Benito Juárez formó, el 5 de mayo
de 1861, el Cuerpo de Policía Rural, como dependencia de la Secretaría de
Gobernación y en afán de emular a la Guardia Civil Española. Este cuerpo, por las
dificultades económicas y organizativas del momento, fue solo un grupo pequeño
y mal pertrechado que tuvo un papel destacado en los caminos cercanos a la Ciudad de México. En esta
campaña adquirieron la fama de trabajar al margen de la ley, ya que evitaban
poner a disposición de los jueces a los asaltantes que atrapaban, matándolos en
un lugar cercano al teatro de sus fechorías. Además como fuerza de la
“Secretaría de Gobernación” se les empezó a temer como grupo represivo y de
espionaje del gobierno. Durante la guerra de intervención francesa y el Segundo
Imperio Mexicano fueron federalizados junto con diversas Guardias Nacionales e
incorporados a los cuerpos de ejército que se formaron. En este periodo, el gobierno
imperial creo el cuerpo conocido como Resguardo,2 que tuvo funciones parecidas a las de los rurales.
Luego de terminada la guerra, los presidentes Sebastián Lerdo de Tejada y
Porfirio Díaz dieron un gran impulso al cuerpo, que en 1889 contaba con 2,000
efectivos permanentes. En sus inicios el cuerpo se formó sobre la base de
ex-convictos, quienes por su experiencia y conocimiento de los grupos de
delincuentes pudieron reducir dramáticamente la inseguridad en los caminos y
zonas rurales, aunque luego se hicieron de procedimientos más rigurosos para la
selección de su personal. Este cuerpo tuvo un destacado papel en la política de
dar seguridad a los inversionistas extranjeros, que empezaron a llegar al país
tras la derrota del Imperio de Maximiliano, y a los cuales brindaban servicios
de escolta y patrullaje, así como de represoras en caso de conflictos obreros o
con labriegos. Por otro lado, sirvieron al gobierno federal como espías y
agentes seguros, quienes servían para controlar la actuación de los cuerpos
armados dependientes de los caciques locales, Durante la Revolución Mexicana
los rurales fueron nuevamente incorporados al “Ejército Federal” ya que
formaban parte de la primera reserva del ejército. Es en el derrocamiento del
presidente Francisco I. Madero que el Mayor Francisco Cárdenas, uno de sus
miembros tiene el papel protagónico de llevar a cabo el asesinato del
presidente y el vicepresidente Pino Suarez, al ser vencido el “Ejército
Federal” y disuelto en julio de 1914, el cuerpo fue disuelto con este. Sin
embargo, en varias partes de la república mexicana fueron formados nuevos
grupos llamados “Cuerpos de Defensa Civil” que combatieron sobre todo asuntos
de bandidaje local, estos cuerpo se mantuvieron activos dentro de los cuerpos
de “Guardia Nacional” dependientes de los gobiernos estatales hasta el año de
1947. El cuerpo de Rurales goza de una mala reputación, como represores de los
movimientos revolucionarios y disidentes de la época porfirista. Se hicieron
famosos por la aplicación de la “Ley Fuga”, que consistía en que si un detenido
intentaba la fuga podía ser muerto por sus guardias. Este intento de fuga se
demostraba por las heridas de bala en la espalda. Esta ley, que varios
consideran solo el nombre de un procedimiento extrajudicial, es en realidad la
aplicación de una ley instaurada en la época de Juárez para prevenir la fuga de
prisioneros de guerra o delincuentes. Aunque en la realidad eran pocas las
ocasiones que esto ocurrió y menos las que se dedicaron a reprimir movimientos.
Rurales en el Paseo de la Reforma Ciudad de México 1904
Del Tribunal de la Acordada a la Policía Rural
Mexicana
La
palabra “acordada” nos refiere a diversos conceptos. Puede ser una orden
dirigida a un despacho para ser cumplida por un subalterno. También, un
documento expedido por una oficina pública administrativa, para comprobar
certificaciones. De igual forma, un acuerdo al que llegan dos individuos de una
manera armoniosa, pero también nos remite a un tribunal medieval llamado de la
“Santa Hermandad” cuya sede estaba en la capital del virreinato de la Nueva España entre
los siglos XVII y XVIII. Con esa fuerza pública, corregían y castigaban los
crímenes en un territorio tan extenso como poco poblado, especialmente de robos
y el bandolerismo imperante en los considerados “caminos reales”, siempre
intransitables por sus malas condiciones. Cuando los atrapaban, los
gobernadores, alcaldes y regidores no aplicaban la ley como era requerido; como
los jueces no tenían en donde encarcelarlos ni recursos para enviarlos a un
penal, los dejaban en libertad y continuaban haciendo sus maldades. Para
terminar con los delitos, el virrey dispuso establecer poblaciones en los
sitios, donde los malandros tenían sus guaridas. Prohibieron a los indios y a
las castas la portación de armas, pusieron a trabajar a los ociosos,
establecieron los toques de queda, formaron guardias para tener rondas
nocturnas entre otras medidas. A la “Santa Hermandad”, también se le conocía
como “Real Tribunal de la
Acordada” comenzó el año de 1719, aunque tenemos referencias
de que se habían fundado, una en 1543 y otra en 1603. Los miembros se dedicaron
a combatir el pillaje, detectaban a los vagos, los ponían a trabajar o mandaban
a vivir en pueblos alejados. Tenían la consigna de aplicar la ley en donde los
hallaran. Eran como un tribunal ambulante que formulaba juicios sumarios y
ejercían la pena capital como castigo. Si no merecía la muerte, lo mandaban a
un centro penitenciario en la
Ciudad de México, llamado precisamente como “Cárcel de la Acordada”. Los índices de
criminalidad no bajaron y en consecuencia llegaron a prohibir los juegos de
azar y bebidas alcohólicas, considerados como perjudiciales para la salud
pública. Pobre de aquel que producía y tomaba pulque amarillo, tepache,
guarapo, mistelas y aguardientes. Consideraban a los vicios como el origen del
pecado y la vagancia. Pero no solamente ajusticiaban a las personas quitándole
la vida, específicamente por medio de la horca en la rama de un árbol. Eran
azotados, desterrados a presidios para que pelearan contra los llamados indios
bárbaros o sometidos a pesadas labores.
Los
rurales fueron un grupo de elite creado en la época porfirista para oprimir al
pueblo de una manera sanguinaria y barbara, para sembrar el miedo entre las
personas y mantener la tiranía del régimen. Según ellos su función era para
salvaguardar caminos , poblaciones y ciudades, atuendo utilizado traje de charro
de casimir. Y portaban pistola, carabina, y sable. Cuando ocurría un supuesto
"robo" en una hacienda, que lo más común eran autorobos que los ricos
se hacían, ya que llamaban a los rurales para abrir "una investigación
para encontrar al ladron", que nunca existía ya que las personas eran
honestas y vivían con el miedo, estos hacían salir a todos de sus casitas para
interrogarlos, cuando se percataban de alguien sospechoso, en la noche lo
visitaban y lo torturaban según para sacarle la verdad. Como advertencia a las
personas, después de haberlos asesinado los colgaban o en ocasiones los
decapitaban y en el lugar por donde todos pasaban los dejaban colgados para que
todos los vieran y no se revelarán a sus patrones.
¿Sabían que el de los
rurales era un cuerpo paramilitar que controlaba la situación en el campo
mexicano en el porfiriato? Muchos de ellos habían sido bandoleros, pero Díaz
les dio oportunidad de cuidar el territorio. A su caída, volvieron a su antiguo
oficio
El 21 de enero
debería ser el Día del Trabajo en México
El
1° de mayo, como todos sabemos, se conmemora el Día del Trabajo. Este tiene su
origen en los acontecimientos ocurridos en el año de 1886, particularmente en
Chicago, Estados Unidos, cuando se inició una huelga general de trabajadores.
La empresa de maquinaria agrícola McCormick continuó su producción gracias a
los empleados que no se habían adherido a la huelga, conocidos popularmente
como esquiroles. La huelga tenía como principal demanda el establecimiento de
la jornada laboral de ocho horas, lo cual desembocó en la revuelta de la plaza
Haymarket. Al término de estos sucesos, el presidente de Estados Unidos, Andrew
Johnson, promulgó la Ley
Ingersoll, mediante la cual se estableció la jornada laboral
de ocho horas diarias.
Por
acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional,
celebrado en París en 1889, se estableció rendir homenaje a los mártires de
Chicago. Estos mártires fueron sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados
tras un juicio considerado injusto. El proceso judicial se inició contra 31
acusados, cifra que finalmente se redujo a ocho, quienes serían conocidos como
los mártires de Haymarket: Oscar Neebe fue condenado a quince años de trabajos
forzados; Samuel Fielden y Michael Schwab a cadena perpetua; George Engel y
Adolf Fischer a la pena de muerte. Albert Parsons, quien, a pesar de no estar
presente en el lugar de los hechos, se entregó voluntariamente para acompañar a
sus compañeros, fue ahorcado; August Spies y Louis Lingg también fueron
condenados a la pena capital. Este último se suicidó en su celda el 10 de
noviembre de 1887, un día antes de la ejecución. Una definición de anarquía,
según Sébastien Faure, es la siguiente: “Cualquiera que niegue la autoridad y luche
contra ella es un anarquista”. Curiosamente, en Estados Unidos y Canadá no se
conmemora el primero de mayo; en su lugar, se celebra el Labor Day el primer
lunes de septiembre.
Por otro lado, en el libro de Florence C. Lister y Robert
H. Lister, titulado Chihuahua, almacén de tempestades, se cita lo siguiente: la
primera huelga que estalló en Chihuahua fue la de los mineros de Pinos Altos,
municipio de Ocampo, el 21 de enero de 1883, tres años antes de la huelga de
Chicago del primero de mayo que daría origen a la celebración mexicana del Día
del Trabajo. En Pinos Altos tuvo lugar un serio altercado entre mineros
mexicanos y la administración británica. Pinos Altos, un distrito minero
fundado apenas diez años antes, se había convertido en propiedad inglesa tras
haber sido denunciado inicialmente por un gambusino mexicano. Posteriormente
pasó a manos británicas, quedando bajo la gerencia de John Buchan Hepburn. Este
ordenó arbitrariamente que los días de pago fueran quincenales en lugar de
semanales, que la mitad del salario se gastara obligatoriamente en la tienda de
raya de la empresa y aumentó la jornada laboral. Harto de una larga cadena de
imposiciones injustas, un grupo de mineros se presentó ante Hepburn, llevando a
cabo la primera huelga en el estado. Sus demandas incluían la sustitución de
dos capataces abusivos y el pago semanal del salario. El gerente inglés, John
Buchan Hepburn, era un individuo déspota y prepotente; cuando visitaba la mina
exigía que los trabajadores le hicieran valla e inclinaran la cabeza a su paso.
El 20 de enero de 1883 se celebraba un baile de gala en su honor en la parte
superior de la tienda de raya. En ese momento, los mineros se presentaron
exigiendo hablar con él. El guardia Jesús Montiel les impidió el paso y mató al
minero Manuel Rascón, quien, antes de caer herido, logró matar al guardia. Ante
este suceso, los mineros se retiraron. Al día siguiente, 21 de enero de 1883,
se declararon en huelga general, saquearon la tienda de raya, tomaron rehenes y
exigieron, a cambio de liberarlos, la entrega de los dos capataces abusivos y
la atención directa del gerente. Mister Buchan Hepburn salió a insultarlos y
ordenó a los guardias que lo acompañaban que dispararan contra los mineros. En
medio de la confusión, el gerente fue herido mortalmente y falleció poco
después. También perdieron la vida los mineros Celso Revilla y Esteban Herrera.
Se dio aviso al jefe político del Mineral de Ocampo, Carlos Conant, quien
acudió a Pinos Altos con fuerzas armadas. Conant y sus guardias tomaron
prisioneros a cinco de los cabecillas y a cuarenta y tres mineros más. Les
formó un juicio injusto y ordenó fusilar a los trabajadores Blas Venegas, Cruz
Baca, Ramón Mena, Jesús Valenzuela y Francisco Campos, dejando en capilla a los
otros cuarenta y tres mineros. Desde Uruachi llegó el oficial Francisco Armenta
con un fuerte destacamento armado, quien reprimió duramente a Carlos Conant por
los fusilamientos realizados, restableció el orden y logró que las peticiones
de los mineros fueran finalmente cumplidas. Sin embargo, de manera misteriosa,
una mañana aparecieron ahorcados los dos capataces en un árbol cercano al
pueblo; nunca se supo quiénes fueron los responsables de este hecho. Este
acontecimiento histórico ocurrió durante el gobierno de Mariano Samaniego. No
obstante, a la justicia histórica chihuahuense se le ha olvidado a los mártires
de Pinos Altos, quedando fuera de la memoria histórica de los mexicanos.
Enajenación del trabajo
Ahora
bien, ¿en qué consiste la enajenación del trabajo? En primer lugar, en que el
trabajo es algo externo al obrero, es decir, algo que no forma parte de su
esencia, en que, por tanto, el obrero no se afirma, sino que se niega en su
trabajo, no se siente bien, sino a disgusto, no desarrolla sus libres energías
físicas y espirituales, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por
tanto, el obrero solo se siente en sí fuera del trabajo, y en este se siente
fuera de sí. Cuando trabaja no es él, y solo recobra su personalidad cuando
deja de trabajar. No trabaja, por tanto, voluntariamente, sino a la fuerza, su
trabajo es un trabajo forzado. No representa, por tanto, la satisfacción de una
necesidad, sino que es simplemente un medio para satisfacer necesidades
extrañas a él. El carácter extraño del trabajo que realiza se manifiesta en
toda su pureza en el hecho de que el trabajador huye del trabajo como la peste,
en cuanto cesa la coacción física o cualquiera otra que constriñe a realizarlo.
El trabajo externo, el trabajo en que el hombre se enajena, es un trabajo de
autosacrificio, de mortificación. En definitiva, la exterioridad del trabajo
para el obrero se revela en el hecho de que no es algo propio suyo, sino de
otro, que no le pertenece a él y de que él mismo, en el trabajo, no se
pertenece a sí mismo, sino que pertenece a otro. Los mismo que en la religión
la actividad propia de la fantasía humana, del cerebro y el corazón humanos,
obra con independencia del individuo y sobre él, es decir, como una actividad
ajena, divina o demoniaca, la actividad del obrero no es tampoco su propia
actividad. Pertenece a otro y representa la pérdida de sí mismo.
"El
trabajador es esclavo en todas partes. Esclavo en Rusia, esclavo en Estados
Unidos, esclavo en México, esclavo en Turquía, en Francia, esclavo dondequiera.
Las famosas libertades políticas que el maderismo quiere conquistar, como la
libertad electoral, la de reunión, la de pensar y otras muchas no son sino
verdaderas engañifas con que se desvía al proletariado de su misión sagrada: la
libertad económica. Sin libertad económica no se puede gozar de la libertad
política".
EL
30 de abril, del año de 1924. Corría ese año cuando México, aún en proceso de
reconstrucción social tras los estragos de la Revolución, fijó la
mirada en uno de sus sectores más sensibles y esperanzadores: la niñez. Bajo la
presidencia del General Álvaro Obregón y con el impulso visionario del entonces
Secretario de Educación Pública,José Vasconcelos, se decretó el 30 de abril
como el Día del Niño en nuestro país.
La
decisión no fue casual ni simbólica solamente. El espíritu de aquella
iniciativa buscaba reafirmar los derechos de los niños y, sobre todo, sentar
las bases de una infancia feliz que permitiera un desarrollo pleno e integral
del ser humano. En una nación marcada por la desigualdad, lapobreza y el rezago
educativo, la niñez representaba el futuro que debía ser protegido desde el
presente.
JoséVasconcelos, convencido de que la educación era el camino para transformar al
país, exhortó a todas las instituciones a fomentar la fraternidad, la
comprensión y el bienestar de los niños, así como a promover activamente sus
derechos. Su pensamiento quedó plasmado en una de sus frases más emblemáticas:
había que hacer de cada escuela “un palacio con alma”, para que los niños
pobres, descalzos y hambrientos vivieran en ellas las mejores horas de su vida
y conservaran recuerdos luminosos que les dieran fuerza y dignidad.
Décadas
más tarde, el compromiso con la infancia trascendió fronteras. El 20 de
noviembre de 1959, la
Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas(ONU) instituyó el Día Internacional del Niño, fecha en la que también
se aprobó la Declaración
de los Derechos del Niño y, posteriormente, la Convención sobre los
Derechos del Niño. Aunque la ONU
declaró ese día como el Día Universal del Niño, cada país eligió una fecha
propia para celebrar a su niñez; México reafirmó la suya el 30 de abril,
dándole un carácter nacional cargado de identidad histórica.
El
objetivo del Día Universal del Niño, y del Día del Niño en México, es recordar
que los niños constituyen el colectivo más vulnerable de la sociedad, el que
más sufre las crisis económicas, sociales y humanas del mundo. Es también una
jornada para dar visibilidad a sus derechos, sensibilizar a la ciudadanía y
reforzar el compromiso de trabajar cotidianamente por su bienestar y
desarrollo.
De
acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la
etapa que comprende de los seis a los trece años de edad es fundamental para
consolidar las capacidades físicas e intelectuales, fortalecer la
socialización, así como formar la identidad y la autoestima. Proteger esta
etapa no es un acto de caridad, sino una responsabilidad social y moral.
En
el ámbito jurídico, México ha dado pasos importantes para respaldar este
compromiso. Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes se encuentran
reconocidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los
tratados internacionales y en leyes específicas, como la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014.
Asimismo, la Convención
sobre los Derechos del Niño constituye el eje fundamental de este marco legal.
Entre
los derechos fundamentales de la infancia destacan:
El derecho a la vida
El derecho a la educación
El derecho a la alimentación
El derecho a la salud
El derecho al agua
El derecho a la identidad
El derecho a la libertad
El derecho a la protección
Así,
cada 30 de abril, más allá de los festejos, regalos y sonrisas, se conmemora
una historia de lucha, conciencia y responsabilidad. El Día del Niño en México
no solo celebra la alegría infantil, sino que recuerda el deber permanente de
garantizar una infancia digna, feliz y protegida, porque en cada niño vive el
presente más frágil y el futuro más valioso de la nación.
El
30 de abril de 1924, por disposición del entonces presidente de México, Álvaro
Obregón, y de su secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, se
estableció oficialmente el Día del Niño en México. Aquel año fue la primera vez
que se celebró esta fecha, concebida para honrar los derechos de la infancia y
promover su protección. Desde entonces, cada 30 de abril se conmemora en las
escuelas, los hogares y las plazas públicas la importancia de garantizar a los
niños una vida digna, saludable y llena de oportunidades. La iniciativa de
Obregón y Vasconcelos reflejó una visión de país donde los más pequeños
ocuparan un lugar central en las políticas educativas y sociales del México
posrevolucionario. Así, lo que comenzó como un decreto presidencial se convirtió
en una tradición profundamente arraigada en la cultura mexicana. A lo largo de
un siglo, el Día del Niño ha evolucionado, adaptándose a los cambios sociales,
pero sin perder su esencia: recordar que la infancia es la base de todo
proyecto de nación y que protegerla es responsabilidad de toda la sociedad.
La protección a la infancia fue una preocupación
del Estado posrevolucionario. En 1924, el gobierno estableció la Primera Junta de Protección
a la Infancia
y en 1926 el Tribunal Administrativo para Menores, encargado de la reinserción
social de los menores infractores de las leyes, quienes, hasta entonces,
compartían el espacio de reclusión en Belén y Lecumberri con los presos comunes.
El Tribunal estudiaba los casos de estos infantes, que hoy llamaríamos “en
situación de calle”, así como los considerados por sus familias como
incorregibles o indisciplinados. Se estableció que los menores de 16 años no
contraerían responsabilidades criminales por sus actos, pero quedarían sujetos
a un tratamiento especializados para restituirlos al orden social.
Las oficinas del Tribunal Administrativo para
Menores Infractores fueron inauguradas el 10 de diciembre de 1926 por el
gobernador Francisco R. Serrano, estaban ubicadas en la calle de Vallarta 17.
En senado de la república se dio un acalorado debate sobre
la participación de los agentes extranjeros de la CIA en el Estado de Chihuahua,
en cual no acudió la gobernadora María Eugenia Campos a explicar. Se debatió y
se discutió sobre lo que ya esta plasmado en la constitución, no hay más que
discutir, hay que aplicar la ley de inmediato, la gobernadora y funcionarios
involucrados, de la fiscalía estatal, violentaron la ley y la constitución,
tienen que enfrentar la justicia, y la gobernadora debería ser suspendida de
sus funciones, enfrentando un juicio político y su desafuero. Por ejemplo la ley marcial no
admite juicios ni discusiones, el delito de traición a la patria se castigaba
con la pena máxima. El delito de traición a la patria no es menor, y tiene que
haber un castigo ejemplar, se tiene que sentar un precedente en la historia de México
para que esto no vuelva ocurrir y no tolerar actitudes que vulneren la
seguridad nacional, también para el instituto político de Acción Nacional,
donde todos sus miembros abierta y descarada mente piden la intervención
extranjera, la derecha en México es un peligro para la subsistencia del país, en eso no podemos ser tolerantes, ni compasivos. Eso ameritaría
quitarle el registro como partido político a esta organización golpista y
fascista. La CIA,
por sus siglas en ingles es una agencia de inteligencia exterior de Estados Unidos, encargada de recopilar, analizar y utilizar información para la seguridad
nacional de los propios Estados Unidos de America. Se fundo en 18 de septiembre de
1947. Para que nos quede claro, la
CIA es una organización criminal de los Estados Unidos de
America, su función es desestabilizar países secuestrar y asesinar lideres políticos,
presidentes de otros países, la
CIA, conlleva violencia y caos, la ayuda y cooperación que prestan a otros países
es siempre un disfraz, destruyen naciones enteras operan en todo el mundo clandestinamente son
autores de guerras internas y golpes de Estado en todo el mundo, asesinatos en masa, secuestro ilegal de líderes políticos mandatarios y jefes de Estado en funciones, son operadores
de los Estados Unidos para provocar el
caos socavar democracias someter a países. Es una organización terrorista disfrazada de justicia. Eso que nos vienen ayudar es mentira.
Pero existe un tema que nadie y ningún analista de
México, a puesto sobre la mesa, ya sabemos que la gobernadora de Chihuahua, no
a informado que hacían esos agentes de la CIA, ya sabemos que les abrieron la puerta, ya
sabemos que renuncio el fiscal, pero eso no lleva a nada seguimos en las
mismas, el gobierno mexicano tiene que saber y tener toda la información es un
tema de seguridad nacional de México y aquí me voy a detener un poco. Todo
eso que ya se discutió, el pueblo de
México exige que se aclare. Ya sabemos que ellos los metieron. Pero
donde esta la inteligencia Nacional y la contrainteligencia de México, ya
sabemos también; en el comunicado del gobierno de México, dice que uno de ellos
entro con pasaporte diplomático y otro con pasaporte de turista, pero antes de
ello nadie sabia nada, esto salio a la luz pública por el fatal accidente donde
perdieron la vida dos de ellos, pero si eso no hubiera ocurrido, todavía estarían
operando con fatales consecuencias para México, no sabemos que plan satánico
traían o tienen. Los Estados Unidos
para México. Hacen mejor su trabajo los periodistas, donde el diario
Milenio publico una fotografía de los agentes armados y portando equipo táctico
de las fuerzas de seguridad de Chihuahua. Hecho por tierra toda la narrativa de
la comisión investigadora que se auto nombro la gobernadora, para auto
investigarse. Mienten y siguen mintiendo. Pero aquí esta lo interesante, México
necesita no solo reforzar sus leyes en materia de seguridad ante amenazas
extranjeras, necesita reforzar la seguridad nacional, fortalecer las
instituciones encargadas de la seguridad interna y externa, agentes que no nada
mas investiguen temas de narcotráfico también de posibles infiltraciones cerrarles la puerta en areas
que son sensibles para México y muy vulnerables, estar al pendiente de la
propaganda extranjera en medios de comunicación, para aquellos que justifican, y piden abierta mente y explícitamente la intromisión, la falsa propaganda es la principal arma y
cuidar y aplicarles la ley a los malos mexicanos traidores a México; por que muchas veces el enemigo lo tenemos en
casa, vive en casa y hasta dormimos con el. No podemos cometer errores del
pasado.
Maru Campos no mostró fuerza
política: mostró miedo. Dejó plantado al Senado, evitó rendir cuentas y
permitió una autoinvestigación donde, casualmente, la culpa terminó en un
difunto. Eso no es liderazgo, es pánico disfrazado de soberbia.
Cuando un gobierno huye de las
instituciones y se absuelve a sí mismo, lo que queda no es autoridad, sino el
olor rancio de la impunidad. Ahora la
FGR tiene la palabra.
María Eugenia Campos no solo
desafía, escupé al Senado
Maru
Campos no solo desafía, escupé al Senado. Lanza un mensaje digna de una
caudilla del siglo XIX: no irá porque “no es obligatorio”. ¿Desde cuándo una gobernadora
decide a qué poder del Estado se somete? La frase es un tiro en la mesa: “le
rendimos cuentas a nuestra gente, no al Senado”. Eso no es autonomía, es
insurrección institucional. Le está diciendo a la nación que sus leyes no le
importan. Que ella es su propia república. El tono no es menor: es el de una
política que olvidó que fue elegida para acatar la Constitución, no para
pisotearla cuando le incomoda. Maru no se planta, se subleva. Esto no es
orgullo, es soberbia autoritaria. No es confrontación, es provocación a la
legalidad nacional. Mientras los senadores sigan de blandengues, estas
gobernadoras se creen intocables. El choque ya no es político: es institucional
y gravísimo. Si Maru Campos no va al Senado, que vaya por ella la ley. O México
termina siendo un rompecabezas de feudos donde cada quien rinde cuentas cuando
quiere.
José Cuauhtemoc Cervantes
Maru
Campos ¿Quién Autorizó A La Cia En Chihuahua?
La
controversia que rodea a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no es menor
ni puede reducirse a un debate técnico sobre facultades legales. El fondo del
asunto es profundamente político: la posible permisividad —o al menos falta de
claridad— frente a la participación de agencias extranjeras como la CIA en
operaciones dentro del territorio mexicano, específicamente en el combate a la
delincuencia organizada. Es cierto: jurídicamente, la mandataria no está
obligada a comparecer ante el Senado de la República. La Constitución no
establece un mecanismo coercitivo para obligar a un gobernador a rendir cuentas
ante el Congreso federal. En ese sentido, su eventual inasistencia no
constituye una falta administrativa directa. Pero reducir el tema a lo legal es,
en sí mismo, una forma de evasión. Porque en política, lo que no es obligatorio
puede ser, sin embargo, indispensable. La invitación del Senado no surge en el
vacío. Responde a hechos graves: la muerte de presuntos agentes vinculados a la
CIA en territorio chihuahuense y las sospechas de operaciones extranjeras sin
el debido aval del gobierno federal. Aquí es donde el discurso oficial choca
con un principio fundamental del Estado mexicano: la soberanía. La presidenta
Claudia Sheinbaum ha sido clara al respecto: el cumplimiento de la Constitución
y de la Ley de Seguridad Nacional no es opcional. Ningún nivel de gobierno
—federal, estatal o municipal— puede actuar al margen de estos lineamientos,
mucho menos cuando se trata de la intervención de agentes extranjeros en tareas
de seguridad. Si se confirma que autoridades estatales permitieron o toleraron
este tipo de operaciones sin autorización federal, no estaríamos ante una
simple omisión política, sino ante una posible violación constitucional. Y eso
abre la puerta a mecanismos mucho más serios, como el juicio político
contemplado en el Artículo 110.
Aquí
es donde la postura de Maru Campos resulta particularmente cuestionable. No
asistir al Senado puede ser legal, sí, pero también puede interpretarse como una
negativa a transparentar decisiones que afectan directamente la soberanía
nacional. En un contexto donde la confianza en las instituciones es frágil, la
opacidad no es una opción responsable. El argumento de que “no hay obligación”
se queda corto frente a la exigencia democrática de rendición de cuentas. Más
aún cuando lo que está en juego no es solo la actuación de un gobierno estatal,
sino la posible injerencia extranjera en funciones que corresponden
exclusivamente al Estado mexicano. Además, el precedente que se siente es
peligroso. Si los gobernadores pueden escudarse en vacíos legales para evitar
explicar decisiones de alto impacto, entonces el federalismo se convierte en un
terreno fértil para la discrecionalidad, e incluso para la impunidad. El debate
no es si Maru Campos debe o no acudir al Senado. El verdadero cuestionamiento
es por qué no lo haría. En política, las omisiones también comunican. Y en este
caso, el silencio puede interpretarse como una falta de voluntad para rendir
cuentas sobre un tema que toca fibras sensibles: la seguridad, la legalidad y
la soberanía nacional. Porque al final, más allá de tecnicismos jurídicos, hay
una pregunta que sigue sin respuesta clara: ¿Quién autorizó —o permitió— la
presencia de agentes extranjeros operando en Chihuahua? Y hasta que esa
pregunta no se responda con transparencia, la sombra de la duda seguirá pesando
más que cualquier argumento legal.
Unidad creada por Maru Campos no está por encima del Ejecutivo: Mier@NachoMierV, presidente de la Jucopo, criticó la unidad creada por @MaruCampos_G para auto investigarse por permitir operativo de la CIA. pic.twitter.com/kUEHUz3HP0
INTROMISION DE LA CIA EN CHIHUAHUA SE DEBE INVESTIGAR A FONDO
El asunto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en Chihuahua no dejará de ser motivo de profunda preocupación y de acciones políticas en diversos sentidos, ya que afecta nuestra soberanía nacional, atributo fundamental de México como nación independiente. Luego de comprobarse que dos efectivos de la CIA, la tenebrosa agencia de espionaje estadunidense, murieron en Chihuahua luego de participar en un operativo que se presentó como de “lucha contra el narcotráfico” junto con funcionarios del gobierno estatal, sin conocimiento, ya no hablemos de autorización, de la Federación, única facultado para realizar acuerdos con gobiernos extranjeros. Las violaciones a la Carta Magna son múltiples:
a) El pacto federal se rompió, vulnerando el artículo 40, que establece que los estados de la Unión son “libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.
El artículo 43 menciona expresamente a Chihuahua como integrante de esa Federación.
b) Se quebrantó el artículo 117, que ordena que “los estados no pueden, en ningún caso, celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras“.
c) El artículo 108, segundo párrafo, que dispone que los gobernadores son responsables por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, la cuales protestan cumplir y hacer cumplir al asumir el cargo.
Lo acontecido nos indica que las autoridades están intentando dejar el asunto sólo en la renuncia de quien fuera procurador estatal, pues una comisión designada por la gobernadora afirma que desconocía la presencia de los espías estadunidenses y su participación en el operativo.
De no investigarse a fondo, ocurrirá lo que con la guerra sucia que hasta hoy continúa sin verdad ni justicia. El caso Ayotzinapa es la demostración más reciente. Es deseable que sepamos qué acuerdos hubo con los elementos de la CIA y que se finquen legalmente las responsabilidades correspondientes.
La Constitución no admite interpretaciones a modo cuando se trata de seguridad nacional. La participación de fuerzas extranjeras sin autorización federal es una violación directa a nuestra Carta Magna y al Artículo 21 constitucional.
Aplaudo sus palabras y su fortaleza, PRESIDENTA @Claudiashein
A cumplir con la ley.
No permitamos por ningún motivo que una gobernadora pisotee nuestra SOBERANÍA.
JUICIO POLÍTICO para Maru Campos, que se aplique la ley, se respete nuestra soberanía y se castigue a culpables. pic.twitter.com/MnknZQBwIz
La CIA no es una agencia dedicada a combatir el crimen organizado, sino a desestabilizar gobiernos. La participación de agentes de este organismo en operativos en tierra con el
La valiente maestra que llegaría al @senadomexicano a dar clase en el combate al narcotráfico ¡No llegó! Chihuahua vive una crisis: la mentira institucionalizada que ha transitado del ocultamiento a un tobogán de mentiras sin fin; de la farsa, ahora aterriza en un acto de… pic.twitter.com/HAcYfUGhSp
.png)
Entradas
