Kamel Nacif: el
poderoso empresario de origen libanés que quiso silenciar a la periodista Lydia
Cacho.
Kamel
Nacif Borge, poderoso empresario textil de origen libanés conocido como “El Rey
de la Mezclilla”,
quedó expuesto en Los demonios del Edén, el libro con el que Lydia Cacho
documentó en 2005 una red de explotación sexual infantil y los vínculos de Jean
Succar Kuri con empresarios y políticos. Nacif respondió llevando a la
periodista ante la justicia por difamación y calumnia. Meses después, Cacho fue
detenida en Cancún, trasladada por carretera hasta Puebla y denunció haber sido
torturada y amenazada durante el trayecto. La historia dio un giro brutal: el
empresario que denunció a la periodista terminó señalado por la operación que
la llevó esposada de un estado a otro. Succar Kuri fue condenado por delitos
sexuales contra menores; Nacif no fue condenado por pederastia, pero sí quedó
bajo investigación judicial por la tortura denunciada por Cacho. El 16 de
diciembre de 2005, policías judiciales poblanos detuvieron a Cacho en Quintana
Roo en cumplimiento de una orden derivada de la querella presentada por Nacif.
La investigación posterior de una comisión de la Suprema Corte
encontró múltiples anomalías: hermetismo extraordinario, obstáculos para que la
periodista preparara su defensa y condiciones que beneficiaron al querellante.
En 2007, sin embargo, el Pleno de la
Corte no alcanzó la mayoría necesaria para declarar que se
habían cometido violaciones graves de garantías conforme a la facultad prevista
entonces en el artículo 97 constitucional. En febrero de 2006 aparecieron
grabaciones atribuidas a Nacif y al entonces gobernador de Puebla, Mario Marín
Torres. En la conversación más famosa, que convirtió al mandatario en el “Góber
Precioso”, ambos hablaban de lo ocurrido con Cacho y Nacif ofrecía enviarle
botellas de coñac. Otras llamadas difundidas mostraban interés en que la
periodista continuara procesada. Las grabaciones sacudieron al país porque
alimentaron la percepción de que la detención de Cacho no había sido un trámite
judicial ordinario, sino una represalia coordinada desde las esferas del poder.
Aunque tuvieron enorme impacto político y periodístico, la Suprema Corte
determinó que, al haber sido obtenidas sin autorización judicial, no podían
utilizarse como prueba para responsabilizar constitucionalmente al gobernador. La
dimensión del caso cambió con el tiempo porque Jean Succar Kuri sí fue
condenado. Tras años de litigios, recibió una pena que terminó fijada en 93
años de prisión por delitos sexuales contra menores y murió en 2024 mientras
cumplía condena. Esa sentencia confirmó judicialmente los delitos centrales
atribuidos a Succar Kuri, pero no convirtió automáticamente en culpables a
todas las personas mencionadas a su alrededor. La propia investigación de la Suprema Corte
registró que, en ese momento, la Procuraduría de Quintana Roo informó que no
existía una averiguación previa contra Kamel Nacif por delitos cometidos contra
menores. Años después, el caso volvió a sacudir al poder. La justicia federal
libró órdenes de aprehensión contra Nacif, Mario Marín y antiguos funcionarios
por su probable responsabilidad en la tortura contra Cacho. Nacif fue
localizado en Líbano en 2020
a raíz de una notificación internacional, pero en julio
de 2021 un tribunal federal mexicano le concedió un amparo que lo protegió de
aquella orden de captura. ARTICLE 19 cuestionó duramente la resolución porque,
a su juicio, abrió la puerta a la impunidad. Jurídicamente, sin embargo, el
alcance es preciso: Nacif no fue condenado por la tortura de Lydia Cacho. Veinte
años después, el caso conserva una fuerza incómoda porque obliga a separar dos
historias que suelen mezclarse. Una es la red de explotación sexual infantil
vinculada a Succar Kuri, cuya responsabilidad penal sí quedó acreditada. La
otra es la represalia denunciada por Lydia Cacho después de publicar su
investigación, un episodio por el que el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó en 2018 que México
violó derechos de la periodista, incluidos los relacionados con tortura,
detención arbitraria y libertad de expresión. Lydia Cacho investigó a hombres
poderosos. Después, fue ella quien terminó esposada, incomunicada y trasladada
cientos de kilómetros para enfrentar una denuncia promovida por uno de los
empresarios mencionados en su libro. El caso dejó una pregunta que sigue
incomodando al sistema de justicia mexicano: ¿Kamel Nacif utilizó una denuncia
penal para castigar a la periodista que lo había exhibido y activar una maquinaria
de poder que terminó acusada de torturarla?.
No
eran “maquiladoras”. Era nomás una, la planta maquiladora de la empresa llamada
Trans-Textil Internacional SA de CV 2. Su dueño era nada más y nada menos que
Kamel Nacif, un empresario vinculado a redes de trata infantil, que mandó
secuestrar a la periodista Lydia Cacho. Nacif era promotor y financiador de la
fundación “Vamos México”, de Martha Sahagún, esposa del entonces presidente
Vicente Fox. 4. También es primo de Roberto Borge, ex gobernador de Quintana
Roo por el PRI, actualmente preso acusado de diferentes delitos. En 2002 los
trabajadores de una planta de la empresa de KN ubicada en Acapulco se fueron a
huelga. La respuesta de Kamel fue cerrar la planta y dejarlos en la calle. Los
trabajadores intentaron quedarse con la maquinaria como indemnización, pero el
poder judicial dijo que nel. Para evitarle pérdidas, Fox le propuso mandar la
maquinaria a San Cristóbal de Las Casas e instalar una planta ahí. 9. El
gobierno de Fox le dio 6 millones de pesos a Kamel para que acondicionara la
nave industrial. El empresario pedófilo contrató a varias empresas y
proveedores locales (herreros, carpinteros, fontaneros) para esa chamba. Nunca
les pagó (que yo sepa). Kamel aceptó, pero puso condiciones: el gobierno
debería pagar el terreno, la nave industrial y pagar los sueldos. Pablo Salazar
(entonces gobernador) se comprometió a pagar los sueldos de las trabajadoras de
la maquila. En formato de becas, durante seis meses, mientras se capacitaban.
Pero quizá, solo quizá, Kamel despedía a las empleadas cada seis meses, así las
becas seguían fluyendo. En cuanto se acabó el sexenio de Fox y Kamel tuvo que
pagar sueldos, se declaró en quiebra (enero de 2007). Para ese entonces el
número de empleadas era de 300. Les tocó una liquidación de entre 2 mil y 4 mil
pesos. El plan de Kamel era que, junto con su maquiladora, instalaría un centro
nocturno (para sus otros negocios), y en un futuro también un casino. Todo eso
iba fluyendo en cuanto a permisos y todo, hasta que estalló el escándalo del
Gober Precioso y se canceló todo.
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