Era esencialmente
magia contra narcotráfico.
La
Secretaría de
Defensa Nacional (Sedena), encantada, no compró uno, sino más de 700. Una
ganga, debieron haber pensado, pues cada uno de ellos costó entre 20 y 38 mil
dólares. La fiebre se esparció rápidamente en 2007 y 2008, años particularmente
álgidos en materia de seguridad. Así, Defensa Nacional no fue la única
instancia en adquirir los “modernos aparatos”; le siguieron la Marina, la Procuraduría General
de la República,
gobiernos estatales de Colima, Guanajuato, Estado de México, Sinaloa, Hidalgo,
entre otros. En total, se compraron 1,112 aparatos modelos GT-200, uno de los
infames detectores moleculares de origen británico que provocó verguenza para
instituciones mexicanas que gastaron cerca de 450 millones de pesos por las
que, después se comprobó, eran cajas vacías de plástico con una antena de radio
pegada. El dispositivo en realidad no lo crearon los vendedores ingleses,
originalmente fueron creados y se comercializaron en Estados Unidos como
detectores para pelotas de golf. La fiebre de los detectores moleculares, todos
querían el suyo. México
fue parte de la tendencia iniciada por persuasivos vendedores británicos que
fundaron sus propias empresas de venta de detectores moleculares. Aunque
existieron media docena de ellas, las más prósperas fueron las de Samuel y Joan
Tree que vendian el Alpha 6; la de James McCormick que vendía el ADE650 a
través de ‘Advanced Tactical Security & Communications‘ (ATSC); y Gary
Bolton, el fundador de ‘Global Technical Ltd‘. Pero el profeta de la fiebre de
los detectores moleculares no provenía del antiguo continente, sino de Estados
Unidos. Malcolm Stig Roe fue el precursor de hacer pasar el producto
originalmente conocido como “The Golpher“, por un sistema de detección mucho
más avanzado. Vendió decenas de “detectores de explosivos” a oficinas de
policía local en Estados Unidos en la década de los 90. Lo vendió con un nombre
mucho más presuntuoso: el Quadro Tracker adquirió fama (y ventas) en Illinois y
Georgia, lo que llamó la atención del FBI. Cuando la agencia hizo sus propios
exámenes, llegó a la conclusión inevitable de que se trataba de un pedazo de
plástico inservible, y emitió una alerta en contra de la estafa. Malcolm
entonces mudó su negocio a Reino Unido, en donde ya conocía a Samuel y Joan
Tree. Los tres hicieron crecer el negocio, al que pronto se añadieron los
ingleses Gary Bolton y Jim McCormick. Poco duró la alianza: la ruptura del
grupo hizo que McCormick fundara ATSC y Bolton hiciera lo propio con Global
Technical. Pero McCormick realmente entendió el negocio: vendió el detector
molecular ADE650 a agencias de seguridad de Líbano, Nigeria y China, y aunque
lo intentó, no pudo convencer a Canadá. La explosión de la fiebre sucedió
cuando McCormick consiguió vender la friolera cantidad de 5,000 dispositivos a
Iraq, país resuelto a establecer medidas de seguridad más férreas, pues
atentados entre 2006 y 2008 habían provocado ya la muerte de más de 1,000
iraquíes.Los ingredientes eran claros: se necesitaba de lugares que,
desesperados en sus búsquedas por concretar seguridad, estaban dispuestos a
casi todo, incluso a los métodos más inverosímiles.
Las detenciones
ilegales y la propaganda de los medios
para justificar una compra inútil.
En
2007 ocurrió: los detectores moleculares llegaron a México, en particular, el
GT200 de la compañía de Bolton. Como no podría ser de otra forma, en México se
bautizó con un nombre bastante más dramático, ‘La Ouija del Diablo‘. ‘La Ouija del Diablo’: la
sensación de 2007. Cuerpos armados estaban fascinados por la funcionalidad del
dispositivo. Sedena incluso tuvo comunicación oficial a medios sobre operativos
de incautación de armas y drogas que, dijeron, no se habrían conseguido sin la Ouija del Diablo. En 2010 un
texto de El Universal da detalles de ello. El texto titulado “Con detector
molecular aseguran arsenal y dinero” explica que la Sedena hizo 11 operativos
en Michoacán en los que se consiguieron 120 mil dólares en efectivo, y
encontraron abandonados en maleza (con “ayuda” del detector) dos fusiles AK-47,
tres pistolas revolver, ocho armas tipo escuadra, tres submetralladoras, y más
armamento. Excelsior en octubre de 2008 escribió sobre los detectores
moleculares en la nota “Nueva arma de Sedena pone a temblar al narco“, texto
que asegura que la Ouija
del Diablo es un invento británico que usa el ejército inglés desde el 2000.
Aunque la nota fue eliminada de su sitio, se puede consultar vía web.archive. La
“inversión” tenía que dar frutos: Sedena ya contaba para entonces con 742
aparatos, Semar con 102 y hasta Pemex había conseguido 54, según solicitudes de
transparencia conseguidas por medios. Los detectores moleculares fueron usados
en Kenya, Líbano, Jordania, China, Iraq, México, entre otros. En el terreno
occidental, no hay país que les haya institucionalizado como México lo hizo. Las
instancias de México o ignoraron por completo la advertencia de una década
atrás del FBI, o simplemente no hicieron ningún tipo de investigación previa
sobre los “dispositivos”. El Estado Mayor presidencial incluso llegó a decir
que antes de la compra los aparatos fueron probados por personal experto en
explosivos de ese mismo cuerpo. La
Sedena comenzó a utilizarlos en sus retenes aleatorios en
carreteras del país, y si la antena señalaba a alguien, era motivo suficiente
para llevarlo a proceso por supuestamente haber tenido contacto con drogas o
armas.
Las
falsas acusaciones se arremolinaron, a tal punto que la Comisión Nacional
de Derechos Humanos expidió recomendaciones sobre el uso del dispositivo. El
caso de Ernesto Cayetano Aguilar fue uno de los más sonados: de origen mixe,
Ernesto viajaba de Coatzacoalcos para visitar a su hijo, cuando el autobús en
el que iba fue detenido para un retén. A varios asientos de distancia fue
encontrado un paquete de marihuana, y cuando inspeccionaron a todos los
pasajeros, el detector molecular lo apuntó a él. Aunque no se le encontró
drogas o armas, fue recluido en el penal de máxima seguridad de Villa Aldama
por ocho meses, hasta que se determinó que no había elementos jurídicos para
procesarlo. Como Ernesto, miles más de detenciones bajo condicione similares
ocurrieron. La Ouija
del Diablo habría llevado a 5,000 personas a la cárcel, según retoma Reporte
Índigo, y habría ocasionado más de 1,000 cateos ilegales, motivados en que el
“dispositivo” apuntaba a domicilios que tenían droga o armas dentro. Para 2015,
1,980 personas detenidas a causa de la
Ouija del Diablo seguían detenidas. Incluso se iniciaron
juicios penales contra Defensa Nacional. La comunidad científica en México no
se quedó callada. La
Academia Mexicana de Ciencias ofreció hacer pruebas al
“dispositivo” para comprobar su efectividad. El libro “The Impact of President
Felipe Calderons War on Drugs in The Armed Forces” asegura que Defensa Nacional
declinó la oferta de análisis argumentando que los detectores moleculares
tenían que ver con “seguridad nacional“. Cuando el especialista del Instituto
de Ciencias Físicas de la UNAM,
Luis Mochán, se enteró que un artefacto con semejantes características había
sido adquirido por gobiernos de los tres niveles, no podía creerlo. Era
exactamente el mismo artefacto del que había oído hablar en la década de los
90. Los detectores moleculares no usaban baterías. Los fabricantes aseguraban
que se cargaban con “energía estática”, solo necesitaban que el usuario que los
portara caminara un poco antes de operarlo Mochán, expresidente de la Academia Mexicana
de Ciencias (AMC), como otros científicos de la UNAM y de la AMC, insistieron en todo momento en que los
detectores moleculares no podrían ser otra cosa sino una estafa. Mochán no se
conformó con la negativa de la
Sedena a experimentos hechos por civiles, y siguió intentando
obtener por vías institucionales capacidad para hacer pruebas al GT200. Simultáneamente
tribunales de todos los niveles se llenaban de quejas provenientes de personas
detenidas a causa del detector molecular. El caos fue tal que la CNDH exhortó a gobierno
federal a dejar de usar en su totalidad la Ouija del Diablo. Con tal movimiento solo era
cuestión de tiempo para que alguno de los casos llegara a la Suprema Corte de
Justicia. Antes de que la
Suprema Corte emitiera veredicto, Mochán consiguió su
oportunidad. Un juzgado de Morelos recurrió a Mochán y a Alejandro Ramírez,
científico de la
Universidad del Estado, para hacer peritajes sobre la
efectividad del detector molecular. El ejército también fue convocado. Instalados
en bodegones, en enero de 2011, cuatro años después de que los detectores
aterrizaran en México, la ciencia consiguió su oportunidad. Tendrían solo una,
si faltaba rigor metodológico o había razón alguna para sospechar de los
resultados, el caso podría venirse abajo. El experimento fue tan sencillo como
se pudo: 1,700 pastillas de anfetaminas fueron colocadas, alternadamente, en
distintas cajas de cartón. El ejército designaría a un soldado que desconocía
el contenido de las cajas y que operaría el artefacto. Todo el proceso quedó
documentado en un videoreportaje hecho por El Universal, único medio de
comunicación invitado al experimento. El Universal grabó cuanto pudo. En el
video se ve a Mochán entrando y saliendo del bodegón para, junto con un elemento
de la Sedena,
colocar droga en distintas cajas.
Alertas
del FBI siguieron a la primera emitida en 1995. Hubo también en 1999 y 2002. El
Gobierno de Iraq ignoró todas y dijo en 2009 que el detector molecular sí
funcionaba, en su experiencia. En 2010 el gobierno británico emitió alertas
contra los detectores, todos ellos vendidos a nivel global desde Inglaterra.
Como
Mochán, comunidades científicas de distintos países hicieron sus propios
experimentos. Expertos en explosivos en Sidney dijeron que la caja negra del
aparato era, esencialmente, una caja de plástico. El caso de Mochán fue tan
trascendental que el investigador fue invitado dos años más tarde, al juicio
contra Bolton. Reino Unido no se habría quedado de brazos cruzados. Toda
empresa importante en el sector (la de los Tree, la de McCormick y la de
Bolton) provenía de su país. En 2009 lanzaron una prohibición de exportación de
los productos, pero solo era aplicable a ciertos países, México entre ellos.
Con los detectores moleculares encontrando formas de salir del país, Reino
Unido decidió invertir recursos para armar un frente conjunto, con
especialistas, abogados e investigadores, contra todos aquellos influenciados
por Malcolm, el persuasivo vendedor que en los 90 popularizó hacer pasar a los detectores
de pelota de golf como detectores de explosivos. En 2013, Mochán acudió a Reino
Unido para testificar en contra de Bolton. El empresario Gary Bolton recibió
siete años de condena y saldrá de prisión este 2020; los Tree recibieron solo
algunos meses además de multas, y McCormick, el exitoso vendedor del ADE651 en
medio oriente, fue condenado también en 2013 a diez años de cárcel, la máxima pena por
el delito de fraude. En México, el experimento de Mochán sirvió como insumo
para cuando el caso terminó de llegar a la Suprema Corte de
Justicia. En agosto de 2012 la
Suprema Corte declaró que el detector molecular no era válido
en la persecución de presuntos narcotraficantes, mucho menos para presentar
acusaciones en tribunales. Aún así, en retrospectiva, Mochán recuerda al
experimento como una anécdota agridulce. Dijo a Proceso que los militares
presentes preguntaron si los vecinos estaban tomando medicamentos, e incluso
hicieron sacar del salón la mesa del café, pues podría “falsear los
resultados”. Mochán pudo probar que el “dispositivo” funcionaba azarosamente,
pero los militares que estuvieron presentes siguieron sin creer lo que veían.
En
México no hubo ni un solo responsable por las compras o las órdenes dadas para
utilizar detectores moleculares. El distribuidor de la Ouija del Diablo en México,
la empresa Segtec, opera con normalidad. Despues de casi 20 años ningun funcionario publico a pisado la carcel.
|| El 18 de Marzo del 2014. La LXII Legislatura
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
presento el proyecto de ley donde se prohibía GT-200
por las fuerzas de seguridad y todas las instituciones de gobierno.||
I.
El 20 de agosto, la
Corte Criminal Central de Londres declaró culpable de fraude
a Gary Bolton, dueño de la empresa Global Technical, LTD, por fabricar y
comercializar a distintos países del mundo, incluyendo al mexicano, artefactos
falsos, entre ellos el detector molecular GT200, dispositivo que durante la
administración de Felipe Calderón; fue uno de los elementos clave para la
búsqueda de drogas en México. Tras conocer el veredicto, el gobierno mexicano
dio a conocer que el detector molecular GT200 ya no se utilizaría en ninguna
institución federal del país.
II.
El seudoinstrumento bautizado por el Ejército Mexicano como la “Ouija del Diablo”,
con un costo cercano a los 290 mil pesos por unidad –pero por el cual,
gobiernos estatales llegaron a pagar hasta 800 mil pesos–, detectaba, según su
fabricante, moléculas emitidas por las sustancias componentes de municiones,
explosivos, drogas, oro, marfil, billetes de banco, tabaco y cuerpos humanos.
Para cada detección, era requerida una tarjeta especial de programación con la
información sobre las sustancias que detectarían, lo cual permitiría a la
antena dar la ubicación. El GT200 tenía, además, la supuesta capacidad de
detectar estos materiales hasta a 700 metros de distancia en la superficie, a
profundidades de hasta 60
metros bajo tierra o de 800 metros bajo el mar,
e incluso en el interior de un aeroplano que volara a cuatro mil metros de
altura. No usaba ningún tipo de batería y su vendedor aseguraba que se nutría
de la energía electrostática de la persona que lo manipulaba.
III.
A pesar de que el aparato carecía de respaldo científico que avalara su
funcionamiento y eficacia, la empresa Global Technical, LTD, vendió a México
1,112 artefactos a diversas instituciones federales –entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), la Secretaría
de Marina (Semar) y el Ejército Mexicano (EM)– y a 27 gobiernos estatales, así
como a gobiernos municipales, por cerca de 450 millones de pesos de acuerdo con
información proporcionada por el IFAI. Más aún, mediante información
proporcionada por este mismo instituto, el gobierno mexicano no sólo invirtió cuantiosos
recursos públicos en la compra de aparatos de seguridad nacional que carecían
de toda certificación técnica, sino que al inquirirles si habían sometido a
evaluación científica al aparato, previa compra o, bien, previo a ser
utilizados, la Sedena
respondió que “no se localizó la información solicitada”; mientras que, sorprendentemente,
el Estado Mayor Presidencial contestó que “antes de decidir la compra de los
equipos GT200, éstos fueron probados por personal experto en explosivos
perteneciente a este órgano técnico militar” –El Universal, 27 de julio de
2013. Es decir, el principal comprador en México, con más de 740 aparatos
adquiridos por un monto total de más de 200 millones de pesos, reconoció haber
realizado la erogación referida, pero sobre todo haber basado la eficacia de operativos,
retenes, inspecciones –incluso éstas sin órdenes judiciales– un dispositivo que
carecía de todo rigor o evaluación científica. En otras palabras, reconoció
implícitamente haber puesto en riesgo, por omisión deliberada, el objetivo de
su labor: la seguridad de la ciudadanía.
Esto es así, ya que, como lo mostraron
estudios científicos posteriores, la probabilidad de un “falso negativo” (no
indicar la ubicación de, por ejemplo, explosivos o armas buscadas) era superior
a la de sus aciertos, es decir, que el aparato funcionaba con base en el mero
azar, lo que se traduce,
precisamente, en haber confiado a ésta la ubicación de armas o explosivos que
posiblemente – seguramente fueron utilizados con posterioridad. Tal como
sucedió en Irak.
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