Pablo Chapa Bezanilla; el fiscal prófugo
por irregularidades en sus investigaciones.
Una bruja resolviendo un crimen de
Estado? En 1996, la política mexicana tocó fondo con el caso de "La Paca" y el fiscal Chapa
Bezanilla. Desenterraron un esqueleto en la finca de Raúl Salinas de Gortari
usando "poderes místicos", pero todo resultó ser un fraude de comedia
negra: ¡los huesos eran del suegro de la hija de la vidente! El fiscal terminó
en la cárcel y el gobierno en el ridículo internacional.
Pablo Chapa Bezanilla, termino prófugo en España. Recibió
una de las misiones más delicadas de los años noventa: investigar los
asesinatos políticos que habían sacudido al país. Poco después, el propio
fiscal terminó prófugo, detenido en España y acusado por irregularidades dentro
de las investigaciones que debía esclarecer. Su caída fue tan espectacular como
los casos que tuvo entre las manos. Chapa llegó a la PGR en diciembre de 1994 y
terminó encabezando investigaciones relacionadas con Luis Donaldo Colosio y
José Francisco Ruiz Massieu. En el caso Ruiz Massieu sostuvo que Raúl Salinas
de Gortari había sido el instigador del asesinato. Pero entonces apareció una pieza que parecía
resolver otro misterio.
EL HALLAZGO QUE LO CAMBIÓ TODO
Manuel Muñoz Rocha, diputado priista vinculado a la trama
del asesinato de Ruiz Massieu, llevaba desaparecido desde 1994. En octubre de
1996, Francisca Zetina, “La Paca”,
entregó información que condujo a la fiscalía hasta El Encanto, propiedad de
Raúl Salinas. Ahí apareció una osamenta. Chapa creyó que había encontrado a
Muñoz Rocha. La cobertura de la época incluso registró al fiscal prácticamente
convencido de la identidad de los restos. El problema fue que el cadáver no era de Muñoz
Rocha. Las investigaciones de la Procuraduría capitalina determinaron
posteriormente que pertenecía a Joaquín Rodríguez Ruiz, consuegro de La Paca, y acusaron a Zetina y
otras personas de haber colocado los restos deliberadamente en aquella
propiedad. La situación empeoró cuando se documentó que la PGR había entregado 3.5
millones de pesos a La Paca
después del hallazgo. El ex procurador Antonio Lozano Gracia reconoció haber
firmado los cheques. El investigador comenzaba a convertirse en investigado.
DE FISCAL A PRÓFUGO
A principios de 1997, las autoridades buscaron a Chapa
para que declarara sobre la osamenta. Ya estaba fuera del país. El 16 de mayo
de 1997 fue detenido en Madrid. España lo mantuvo preso mientras se
desarrollaba el procedimiento de extradición solicitado por México. Chapa
enfrentó imputaciones relacionadas, entre otros hechos, con uso indebido de
atribuciones, informes falsos, simulación de pruebas y violaciones relacionadas
con inhumaciones y exhumaciones. Pero aquí llega el giro final.
EL CASO QUE TERMINÓ SIN CONDENA
En 1998 obtuvo su libertad con reservas de ley y el
expediente pasó a jurisdicción federal. La PGR tenía todavía posibilidades de procesarlo. No
lo hizo. En 2005, un tribunal confirmó que los delitos atribuidos al ex fiscal
habían prescrito. Chapa quedó definitivamente libre de acción penal por
aquellos hechos, no porque un juicio hubiera demostrado que todo lo ocurrido
era correcto, sino porque las autoridades dejaron transcurrir los plazos
legales. Ese probablemente sea el dato más incómodo de toda la historia. El
hombre encargado de resolver uno de los principales crímenes políticos de los
noventa terminó simbolizando algo todavía más profundo: una justicia capaz de construir
acusaciones espectaculares, cometer errores monumentales y después ni siquiera
lograr llevar correctamente a juicio a sus propios funcionarios. Pablo Chapa
desapareció del centro de la vida pública. El desprestigio institucional que
dejó el caso de La Paca,
no. ¿El mayor fracaso de Chapa Bezanilla fue equivocarse en una investigación o
demostrar hasta dónde podía degradarse la justicia mexicana?
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