Durante el sexenio de Enríquez Peña Nieto, se han triplicado los casos de tortura, desapariciones forzadas, líderes, activistas y luchadores sociales, en las cárceles purgando condenas por delitos, que el Estado Méxicano les a fincado. Las persecuciones extrajudiciales se han triplicado en los últimos años.
Alarmante lo que sucede en México, una constante y permanente, las violaciones a derechos humanos.
El Estado mexicano "tiene un compromiso ineludible con la protección y la promoción de los derechos humanos".
Si
el Estado Méxicano no es capaz de proveer lo mas mínimo de dignidad a sus
gobernados, y por el contrario se transgreden los derechos fundamentales y el transgresor
es el mismo Estado, la situación se vuelve terrible, una carente credibilidad y una crisis de
gobernabilidad de legitimación, las transgresiones echas por el Estado nunca
van hacer reconocidas y por el contrario se van a justificar por si mismas,
para mantener la estabilidad institucional, en ese contexto, existe un gobierno
déspota represor de libertades.
La represión se puede dar en diferentes
formas, y en todos lados y todas son tan peligrosas y conllevaran a lo mismo,
el resultado es una eminente violación a los derechos humanos que terminan en
lo que hoy estamos viviendo en México.
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| Amnistía internacional promueve los derechos humanos |
En un extenso comunicado, destaca que esta
disposición se acredita con el trabajo de todos los órdenes de gobierno de los
últimos años enfocado a fortalecer el marco jurídico e institucional que le da
respaldo y lo garantiza.
"Al mismo tiempo, México reconoce, sin la
menor ambigüedad, que existen retos significativos para lograr, en los hechos,
una mejor y más amplia protección de los derechos humanos en el país. En
particular, se reconoce que la tortura constituye una práctica a la que todavía
se recurre en distintas formas y que no ha sido del todo erradicada. Ésta forma
parte de los retos que el Estado asume y enfrenta a diario para una pronta
solución".
Destaca que la Secretaría de
Relaciones Exteriores valora positivamente la visita y las recomendaciones del
Relator y, precisamente por la importancia que se asigna a la cooperación con
los mecanismos internacionales, interesa que sus diagnósticos sean objetivos, y
desataca que:
• La visita del Relator se realizó mediante un
proceso preparatorio que se llevó a cabo en estrecha coordinación con su
oficina durante varios meses.
• La “plena cooperación [del Gobierno] durante la
visita” está reconocida por el Relator en su Informe.
• El Código de Conducta al que están sujetos los
relatores requiere de ellos que “al expresar sus opiniones (deben) indicar
también con imparcialidad las respuestas proporcionadas por el Estado de que se
trate”. Catalogar la posición de la
SRE como presión va contra el espíritu y la letra de este
código.
• Existen discrepancias con algunas de las
valoraciones vertidas por el Relator, tanto en el informe como en las
declaraciones que le han seguido.
• Una de ellas es la valoración de que en México
existe una práctica generalizada de la tortura, en un contexto de impunidad,
que involucra a todas las fuerzas del orden. Esta valoración no corresponde a
la realidad.
• El relator define el término “generalizado”
como actos que no son “aislados”. Esto contrasta con la definición ordinaria
del término y con su acepción jurídica internacional.
• El Relator realizó visitas a centros
penitenciarios, centros de arraigo, centros de readaptación para menores y
estaciones migratorias. Muchas de ellas se realizaron sin previa cita y con muy
poco tiempo de preparación.
• El Relator asegura categóricamente que no
recibió en ningún momento denuncias de tortura. Así lo dice y lo reitera en su
propio documento.
• Indica que, cuando se lleva a cabo, la tortura
se realiza entre el momento de la detención y la puesta a disposición de la
persona ante el juez. Nuevamente, todo esto no es congruente con la afirmación
de que la tortura se practica en forma generalizada.
• El señor Méndez transmitió los datos sobre 14
casos de tortura. Se ha proporcionado información sobre el estado que guarda la
investigación correspondiente en 12 de ellos.
• Efectivamente, existe frente a la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos y comisiones estatales un número muy elevado de
denuncias de tortura. El sistema no jurisdiccional de protección de los
derechos humanos ha desechado la gran mayoría de estas (más del 97% en el caso
de la CNDH ). Así
lo reconoce el señor Méndez en el párrafo 32 de su informe.
• Esto último reduce innegable y
significativamente el universo de casos donde se alega la práctica.
• Otra inconsistencia radica en una de sus
declaraciones según la cual el Relator recogió cientos de testimonios,
incluidos niños y niñas, que dijeron haber sufrido actos de brutalidad durante
su detención.
• Ante esta grave afirmación, la SRE transmitió al Relator la
preocupación de esta dependencia de que mencione tortura hacia niños sin
compartir la información que lo lleva a esta conclusión.
• Esta afirmación no se sostiene en lo descrito
por el Relator en su informe, en el cual hace referencia únicamente a pobres
condiciones de infraestructura y malos tratos, pero en ningún momento se
refiere a tortura.
• El Relator, como se
comprueba en su propio documento, es inconsistente entre lo que afirma de
manera pública, en los medios de comunicación, y lo que refiere en su informe
final. "No pueden olvidarse, en este sentido, las muy importantes
contribuciones de México en favor de un mejor sistema de gobernanza
multilateral en la esfera de los derechos humanos, tanto en las Naciones Unidas
como en la Organización
de los Estados Americanos", precisa. Dichas contribuciones han tenido
como resultado que las evaluaciones de estos organismos sean objetivas y
equilibradas, al amparo de las mismas reglas para todos, y cuyo propósito es
alentar la cooperación de los Estados con los mecanismos internacionales a los que,
en forma voluntaria y soberana, hemos decidido someternos.
El informe del relator Méndez contiene un
análisis detallado de las medidas legislativas adoptadas en los últimos años y
de las políticas públicas que se han puesto en práctica para prevenir y sancionar
la comisión de esta grave violación a los derechos humanos.
Este análisis, junto con las recomendaciones del
relator, que se han recibido con beneplácito, contribuye al fortalecimiento de
tales políticas encaminadas a la completa erradicación de la tortura en México.
"México está y se mantendrá abierto al
escrutinio internacional y a la plena cooperación con todos y cada uno de los
diversos mecanismos existentes en el ámbito regional y universal (Sistema
interamericano de Derechos Humanos, Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, procedimientos especiales del Consejo de Derechos
Humanos, órganos de tratados), así como a la cooperación con otros organismos
como el Comité Internacional de la
Cruz Roja , la Unión Europea y otros países.
"México rendirá cuentas ante el Consejo de
Derechos Humanos del cumplimiento de sus obligaciones internacionales y de las
recomendaciones contenidas en el informe del Relator".
La información que proporcione México incluirá,
entre otros aspectos, los últimos desarrollos legislativos en la materia,
conforme a las iniciativas del Ejecutivo Federal del 27 de noviembre de 2014, y
los instrumentos de política pública que las autoridades federales y estatales
han desarrollado para mejorar la capacidad de prevención, investigación y
sanción de los actos de tortura.
De esta forma la Secretaría de
Relaciones Exteriores da por concluido este diferendo.
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Jesús Hoyos Hernández
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