Partimos de la definición
proporcionada por Manuel Alcántara Sáenz, respecto a Gobernabilidad e
Ingobernabilidad, "puede entenderse como
gobernabilidad el conjunto de condiciones de carácter medioambiental favorables
para la acción del Gobierno o intrínsecas a éste. Por el contrario
ingobernabilidad se refiere a una situación disfuncional que dificulta la actividad
gubernamental.
De
tal manera que con esa referencia podemos ubicarnos y en ese sentido, resulta
novedoso observar asociadamente el término de "Gestión Pública",
utilizado en la mayoría de las veces en lugar de Administración Pública2 y es
que a medida que pasan los años nos vemos rebasados, por ende obligados a
reconstituir, reorganizar en una palabra a reestructurar a nuestras Instituciones3. 4, y ello, como producto de una creciente democracia en la cual la participación,
precisamente persiga eso, el que la totalidad de los ciudadanos tengan al
alcance no sólo servicios, sino a obtener figuras y autoridades capaces de
brindar respuesta a la demanda social.
El quemar boletas electorales no tiene que ser
delito si las mayorías así lo deciden, pero el Estado en sus funciones,
reacciona a través de las instituciones como instrumentos de poder y de represión. Pero si lo
analizamos también es una manifestación de participación ciudadana
Así
las cosas y en la especie cuando nos referimos al término de Nueva GestiónPública, denota un proceso acabado o un nuevo producto de una serie de
reformas, adecuaciones y modificaciones para llegar a ello, desde cambios
democráticos y estructurales de fondo, hasta los diversos ordenamientos que
tienen que ver con la Administración Pública.
No
obstante, que en el discurso político o gubernamental se insista en la
transparencia y rendición de cuentas, eficiencia, eficacia y legitimidad, lo
cierto es que no ha logrado materializarse tales circunstancias, ya sea por el
sistema de elección de nuestros gobernantes y/o por el desfase de los
ordenamientos que norman las atribuciones de los referidos en el ámbito
institucional. Deviniendo pues en una carente representatividad de la
ciudadanía en la participación y gobernabilidad del país.
Ingobernabilidad no es más que la desobediencia civil
al orden establecido. En muchos de los gobiernos del mundo se han dado
gobiernos que no responde a la voluntad popular y esto ha hecho que la mayoría
de los ciudadanos al no estar identificado con ese gobierno, no haga suyas las líneas
y ejecutorias del poder, legalmente establecido o no.
La manera de corregirlo es dando participación a todos los estamentos de la
sociedad a los fines de que las líneas y ejecutorias sean el resultado del
consenso entre las partes afectadas y que no se vean como imposiciones
dictatoriales.
Luego entonces la disyuntiva surge en resolver esa
problemática, de modo tal que exista una verdadera y funcional representación
ciudadana, que tome un papel predeterminado legalmente hablando, alejando el
oportunismo político o la oferta política hacia la sociedad, sino que se un
cauce de participación institucional.
Para
ello destacaremos los principios de justicia y equidad que en cada una de las
ponencias se ponderan, a efecto de desentrañar si la llamada – NGP- Nueva
Gestión Pública, se encuentra o no provista de esos atributos.
Luego
entonces y por sus eventuales consecuencias podremos establecer hacia donde se
dirige la NGP en
la búsqueda del ethos referenciado por la Real Academia
Española y con carácter organizacional.
En
virtud de lo cual habremos de considerar el hecho y/o circunstancia referente a
que para tener o contar con organizaciones gubernamentales eficientes, no sólo
necesitamos el gerencialismo, sino también un diseño político inteligente,
consciente de aspectos de justicia.
Evidente
resulta que la evolución de la sociedad no sólo se da en los seres humanos que
la integran, sino que éstos involucran o arrastran a su entorno en todas sus
modalidades, en efecto el ser humano representa por sí un agente de cambio en
función de sus necesidades.
Es
por ello que las transformaciones que han sufrido las ciudades en donde habitan
esas sociedades, se han visto como indicadores en diversas materias,
principalmente en la económica. Sin embargo en el ámbito del desarrollo social
aún más, ya que en éste y en función de los servicios públicos con que cuentan
sus habitantes, resultan contundentes para conocer a contrario sensu, el grado
de pobreza que existe en esa sociedad o demarcación.
Adentrarnos
a lo expuesto implica obligadamente observar el término de globalización, que
por lo común implica o connota al sector económico, privado o empresarial,
existente dentro de una población, Estado o nación. Y es que todo indica que
los procesos de sistematización, de avance tecnológico y científico en todo
caso, excluyen a los que es y representa el Estado y a su organización interna
como lo es su administración pública, en los órdenes que se trate.
En
efecto hoy en día resulta novedoso el tema de globalización dentro de lo que
conocemos como Estado y consecuentemente en la Administración pública. De ahí
que a través de diversas teorías y concepciones de los intelectuales al
respecto, es como se ha venido introduciendo y adecuando a las circunstancias
propias del Estado que se trate a lo que se define como globalización .
En
esa secuencia bajo la definición proporcionada, observaremos en consecuencia
que no es un fenómeno exclusivo de un sector de la sociedad o de un Estado o
Gobierno, sino que sus alcances resultan universales, de ahí que el gobierno y
la administración pública en la economía y su relación con la sociedad civil,
así como la complejidad de las relaciones político, económico y social han
obligado a realizar transformaciones necesarias, encaminadas a redefinir el
papel del Estado en la vida de los países, con un gobierno que tome decisiones
acordes a la realidad de las sociedades y con una administración pública
modernizada y fortalecida para llevar a cabo todas las acciones que aquel
decida, utilizando medios y mecanismos que encuentre a su alcance para mantener
la gobernabilidad y la satisfacción de demandas sociales.
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