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jueves, 8 de julio de 2021

Represión social en San Salvador Atenco.




Represión social en San Salvador Atenco.

Recuento de los daños 2001

//Resistencia//Siglo XXI//



A un año de haber ganado las elecciones del año 2000, Vicente Fox, desato la furia de un Estado represor en contra de San Salvador Atenco.

 

A principios del año 2001 el presidente Fox anunció la construcción de una nueva terminal aérea para la Ciudad de México. Se presentó como la obra más importante de su sexenio. Existían dos zonas a considerar para el proyecto: Tizayuca, localizada en el estado de Hidalgo, y Texcoco, en el Estado de México. El proyecto no sólo fue analizado públicamente desde una perspectiva técnica, sino que se argumentó respecto a los intereses económicos y políticos involucrados. Dejando de lado el interés social comunitario de los pobladores.

El 22 de octubre de 2001, el secretario de Comunicaciones y Transportes hizo del conocimiento público la expedición de un decreto expropiatorio sobre las tierras ejidales de Texcoco con el propósito de utilizarlas para la terminal aérea. En conferencia de prensa, Pedro Cerisola, titular de dicha Secretaría, sustentó la decisión de construir un nuevo aeropuerto por los problemas de saturación del actual y la imposibilidad de ampliarlo. La decisión contaba con el aval del Colegio de Pilotos, la Cámara Nacional del Transporte y el Instituto de Ecología de la UNAM (Lajous, 2003).

De manera inmediata diferentes actores cuestionaron la decisión. Los más difundidos fueron los de Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno del Distrito Federal, y los presidentes municipales de los ayuntamientos localizados en el área en la que se ubicaría el aeropuerto. Anunciaron que presentarían una serie de controversias constitucionales contra la decisión federal. Su argumento se basaba en que el decreto expropiatorio, tal como fue elaborado, constituía un conflicto de competencias (La Jornada, 2001, y Lajous, 2003). El gobierno federal, por su parte, no hizo ningún señalamiento público respecto al tema. Anunció que comenzarían las licitaciones a fin de iniciar el proyecto.

El decreto contemplaba expropiar 5,376 hectáreas. De los trece municipios afectados, a cinco de ellos se les privaba un promedio del 80% de su superficie: San Salvador Atenco, Santa Isabel Ixtapan, la colonia Francisco I. Madero, Acuexcomac y Tocuila. De los municipios restantes, la expropiación no excede 20% del total de su territorio. Uno de los municipios más afectados, pues se expropiaba el 84% de su territorio, era San Salvador Atenco. Sus pobladores anunciaron que comenzarían una serie de movilizaciones en protesta.


 Las marchas con machetes

El 2 de noviembre de 2001 los ejidatarios de San Salvador Atenco, representados por Ignacio Burgoa Orihuela, maestro emérito de la UNAM, presentaron un amparo contra el decreto de expropiación. El alegato presentado se basaba en que el decreto expropiatorio enunciaba pero no demostraba la utilidad pública de la medida, condición indispensable para esta acción gubernamental. Por su parte, el director jurídico de la Procuraduría Agraria del Estado de México, Jorge Edmundo Bello, en representación de siete ejidos, logró una primera suspensión temporal del decreto (Milenio Diario, 2001). El 30 de noviembre un juez concedió la suspensión "de plano" del decreto, lo que obligaba a las autoridades a detener cualquier actividad para la construcción hasta el fin del juicio (La Jornada, 2001).

El gobierno fijó el precio de indemnización en 26 pesos el m2 para tierras de riego y de 7.20 m2 para las de temporal. El precio partía de suponer que se trataba de tierras con poco valor productivo y comercial. Varios medios de comunicación masiva e intelectuales criticaron el precio fijado, calificando el procedimiento general como "tecnócrata" y tramposo, pues se ignoraba el hecho de que los terrenos debieron de haber sido catalogados no por su uso anterior sino por el que se les quería dar, es decir, terrenos comerciales para un aeropuerto; esto de inmediato elevaba exponencialmente su valor. Los ejidatarios de Atenco realizaron una manifestación al día siguiente de este anuncio oficial, donde el reclamo más frecuente fue el bajo precio que el gobierno ofrecía por "lo único que tienen" (Lajous, 2003).

Se hizo público un análisis sobre las posibilidades de enfrentar acciones colectivas por la construcción del aeropuerto en la región de Texcoco. El estudio formaba parte de los documentos presentados por el gobierno del Estado de México(Arturo Montiel Rojas) para sustentar la viabilidad del proyecto en su territorio. La región en análisis se consideraba de "poco riesgo", bajo el supuesto de que las comunidades de la zona no tenían un historial de movilizaciones sociales anteriores y los residentes eran relativamente "nuevos", por lo que no tendrían un arraigo fuerte con sus tierras (La Jornada, 2002). Sin embargo, como mostró Alejandra Lajous, el municipio de Atenco tenía experiencias previas de movilización social: en 1993 los trabajadores de la empresa Sosa-Texcoco se enfrentaron con fuerzas del orden; en 1995 la organización Habitantes Unidos de San Salvador Atenco bloqueó la carretera Texcoco-Lechería y retuvieron a un funcionario estatal buscando obtener más "tortibonos" y un mejor transporte. Uno de los principales dirigentes del movimiento contra el aeropuerto, Ignacio del Valle, encabezó este cerco (Lajous, 2003).

 

Los ejidatarios de San Salvador Atenco realizaron movilizaciones en las calles de la ciudad de México. La primera manifestación, el 14 de noviembre, la hicieron portando sus machetes. Su idea era marchar utilizando para ello vías grandes, por lo que las autoridades locales mandaron policías para impedirles el paso en la esquina que forman la avenida Francisco Morazán y Calle 47 (La Jornada, 2001). Los campesinos desafiaron a la fuerza pública con sus machetes. El enfrentamiento tuvo una gran cobertura de los medios de comunicación masiva, sobre todo por la expectativa que había por saber cómo el nuevo gobierno federal (y el gobierno local perredista) pretendían resolver su primer conflicto campesino. En este marco, los medios de comunicación realizaron un debate sobre la legalidad de desarrollar manifestaciones portando y utilizando armas "blancas".

Con el apoyo y la propaganda de los medios de comunicación, principalmente de Televisa y T.V. Azteca, con las fuerzas represivas del Estado se ordeno la terrible represión. Vicente Fox, como presidente de la república y Arturo Montiel Rojas, que en aquel entonces era gobernador del Estado de México, con efectivo de la PFP, como el represor de Ardelio Vargas Fosado, actualmente como secretario de gobernación en el gobierno de Miguel Barbosa de Puebla.

Fueron una serie de enfrentamientos (1,2,) violentos por la Policía Federal Preventiva y la policía del Estado de México, la Agencia de Seguridad Estatal la Policía Municipal y habitantes del pueblo, militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 2 (FPDT) Quienes se oponían al despojo de sus tierras comunales. El resultado fue de por lo menos dos muertos, 207 personas detenidas —entre ellas 10 menores de edad—, 146 detenciones arbitrarias, y 26 mujeres violadas.

Según pobladores de San Salvador Atenco un grupo de provocadores infiltrados ingresaron, en contra de los granaderos para justificar la represión.

 

Por su parte, el gobierno federal criticó al gobierno del Distrito Federal por no impedir la obstrucción de vías importantes, a lo que éste respondió diciendo que no se pensaba involucrar en problemas de carácter federal. Los campesinos de Atenco comenzaron a recibir muestras de apoyo por parte del movimiento zapatista y grupos de estudiantes como el Consejo General de Huelga (CGH6) de la UNAM (La Jornada, 2001 y Milenio Diario, 2001).

 

El gobierno federal nombró a un representante para dialogar con los diferentes ejidatarios sobre la venta de sus tierras. A pocos días de la designación, se hizo pública la existencia de reuniones con las autoridades ejidales y municipales de Atenco, así como la posibilidad de acuerdos. Por su parte, el movimiento desconoció a sus comisarios ejidales y al gobierno municipal, acusándolos de "venderse al gobierno", al tiempo que no reconocían a sus autoridades. Las oficinas municipales de San Salvador Atenco fueron tomadas en el mes de noviembre.

Pese al amparo, el gobierno decidió continuar con el proyecto. Para tal fin, contrató al menos en dos ocasiones a compañías especializadas en estudios topográficos para realizar los cálculos necesarios en la zona. Los ejidatarios vieron estas acciones como una provocación y en dos ocasiones retuvieron algunas horas a los trabajadores enviados. El gobierno federal amenazó con acusar a los ejidatarios de secuestro, los campesinos calificaban las acciones como de "autodefensa".

 

A lo largo de nueve meses los pobladores de San Salvador Atenco realizaron varias manifestaciones por la ciudad de México sin lograr ningún cambio visible en la postura del gobierno federal. El 26 de noviembre campesinos de Atenco, Tocuila y Nexquipayac clausuraron de forma simbólica las oficinas de la Procuraduría Agraria en Texcoco. En cada una de las manifestaciones los noticieros televisivos, en especial los de Televisión Azteca, resaltaban la presencia de machetes y de actitudes "desafiantes" al gobierno. Para el mes de diciembre los pobladores de Atenco colocaron barricadas en los accesos de 10 comunidades y establecieron retenes para impedir la entrada a la policía o a las compañías de construcción. El 13 de diciembre declararon frente a los medios que San Salvador Atenco era un "municipio en rebeldía" (Lajous, 2003).

El 12 de enero de 2002 el procurador agrario (dependiente de la Secretaría de la Reforma Agraria), Valdemar Martínez Garza, renunció al cargo bajo el argumento de que no le permitieron actuar con autonomía en la defensa de los campesinos (La Jornada, 2002).

Las protestas continuaron. El 7 de febrero encabezaron una manifestación en la que participaron el CGH y otras organizaciones, como el Frente Francisco Villa. Aunque las manifestaciones bloqueaban avenidas importantes para la circulación vial, tanto el gobierno local como el federal no las impidieron. Seguía la discusión sobre si se trataba de un problema que competía a la federación o al gobierno local.

El 27 de febrero un grupo de ejidatarios intentó llegara Los Pinos, residencia oficial de la presidencia. A la marcha se unieron trabajadores de Euzkadi, de la escuela Normal El Mexe, y del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (La Jornada, 2002). Buscaban invitar al presidente Fox a debatir con ellos en el Auditorio Nacional. El 28 de febrero trataron de irrumpir en un acto encabezado por el gobernador del Estado de México, Arturo Montiel; el secretario de agricultura, Javier Usabiaga, y el embajador de Japón en México, Takahico Horimura (Lajous, 2003).

El 6 de marzo bloquearon la carretera México-Texcoco durante tres horas y retuvieron por el mismo tiempo al director regional de Gobernación del Estado de México, Humberto Navarro. Posteriormente, se dirigieron al Distrito Federal (ahora ciudad de México), para "saludar a grupos solidarios" con su causa. Marcharon por Paseo de la Reforma hasta bloquear una de las vías de acceso a Los Pinos. Por segunda vez, emplazaron al presidente a dialogar con ellos en un foro público.

El movimiento construyó una red de organizaciones solidarias a su causa. El 11 de abril se organizó en San Salvador Atenco un "Encuentro por la dignidad y rebeldía del pueblo de México". Según los organizadores asistieron 35 agrupaciones y acordaron conformar un Frente Nacional Contra el Gobierno. Lajous (2003) sostiene que el financiamiento de estas actividades provenía del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), del Frente Popular Revolucionario (FPR) y de donativos y "boteo" en carreteras y universidades.

A principios de junio los ejidatarios de Atenco encontraron a cinco personas haciendo trabajos de medición en uno de los predios contemplados dentro del decreto expropiatorio. Los trabajadores fueron retenidos durante tres días. Los pobladores usaron esto para exhibir que el gobierno federal no estaba respetando el mandato judicial de suspender cualquier operación de construcción, además de obtener información de los trabajadores respecto al proyecto.

El 8 de julio los ejidatarios bloquearon durante 30 minutos las puertas de acceso al aeropuerto internacional de la ciudad de México. Para estos momentos, el conflicto comenzó a cobrar interés para organizaciones ambientalistas nacionales y extranjeras: grupos como Greenpeace hicieron llamados al gobierno para reconsiderar su propuesta por los daños posibles a la zona del lago de Texcoco y las especies animales que viven en la zona.

 

La terrible represión en contra de San  Salvador Atenco

El 11 de julio el gobernador del Estado de México tenía programada una gira de trabajo por la zona oriente de la entidad; su recorrido contemplaba visitar San Juan Teotihuacan. Los campesinos de Atenco decidieron trasladarse hacia allá para confrontarlo.

En su camino a San Juan Teotihuacan, en el poblado de Santa Catarina, los campesinos se encontraron con dos camiones que bloqueaban la carretera Pirámides-Acolman; los retiraron. En ese momento se hicieron presentes grupos pertenecientes a Fuerzas de Acción y Reacción Inmediata del Estado represor de México.

 

 

 Comenzó una serie de discusiones sin ningún éxito. Los pobladores de Atenco decidieron seguir y para ello embistieron con uno de sus camiones a los policías, provocándose un enfrentamiento (Lajous, 2003).

No funcionó ningún intento de negociación y comenzó un enfrentamiento en el que resultaron veinte personas heridas y seis policías lastimados. La policía detuvo a 14 campesinos, incluidos Ignacio del Valle Medina y Jesús Adán Espinaza Rojas, líderes del movimiento. Los delitos por los que se les acusaba incluían robo de vehículos, ataques a las vías generales de comunicación, motín, ultrajes, privación ilegal de la libertad y robo agraviado contra el patrimonio del Estado de México. El arresto lo realizaron las autoridades con uso excesivo de fuerza (La Jornada, 2002, y Lajous, 2003).

Una vez retiradas las fuerzas del orden, y en respuesta ante el arresto de sus líderes y compañeros, los ejidatarios comenzaron una serie de acciones. Primero cerca de 3,500 campesinos bloquearon en diferentes puntos la carretera Texcoco-Lechería. En el poblado de Acuexcomac quemaron tres patrullas. Tomaron como rehenes a un policía judicial, dos policías bancarios y un técnico de vialidades. Horas más tarde incendiaron otros dos vehículos sobre la autopista ya mencionada, además de retener tres camiones de bebidas embotelladas y una unidad de transporte de presos.

Al saber que dos de sus líderes estaban entre los detenidos, se trasladaron a Texcoco. En esta ciudad, sacaron de forma violenta a 14 personas que trabajaban en el gobierno del estado (incluido el subprocurador de Justicia del Estado de México, José Andrés Mendiola) y regresaron con ellos a Atenco.

Una vez que llegaron a Atenco, llevaron a los prisioneros al auditorio central y los obligaron a quitarse los zapatos y en la noche los presentaron a los medios de comunicación. Los campesinos realizaron una advertencia: la liberación de sus líderes era determinante para saber la suerte de sus rehenes (Lajous, 2003).

Los pobladores bloquearon todos los accesos al pueblo y anunciaron que la venta de sus tierras estaba fuera de toda negociación posible. José Luis Martínez, uno de los miembros del movimiento, declaró a una estación de radio: "Le queremos decir al gobernador Arturo Montiel que no cederemos ni un paso atrás, así nos cueste la vida. Seguiremos adelante y no nos tocaremos el corazón si es que entra la fuerza pública. A los familiares de las personas que tenemos retenidas les digo que no los estamos maltratando, no les tocaremos ni un pelo si no nos agreden, no somos guerrilleros, sólo defendemos nuestras tierras [...] No queremos negociar nuestras tierras. No queremos más dinero por nuestras tierras, sino que nos las dejen como están. No queremos el aeropuerto [...] Lo que quieren Vicente Fox y Montiel es un corredor industrial" (Lajous, 2003).

El procurador del Estado de México calificó dichos actos como propios de "guerrilleros" y no de campesinos. Poco a poco, los ejidatarios organizaron grupos de vigilancia en los accesos al pueblo9 y construyeron bombas "molotov" y otras armas improvisadas. Sobre las personas que fueron llevadas contra su voluntad a Atenco, los campesinos se referían a ellas como "invitados". El gobierno federal hizo llamados al diálogo, pero al mismo tiempo advirtió que haría respetar el Estado de derecho. Varios pueblos cercanos también cerraron sus entradas: San Felipe, Tocuila, San Andrés, La Magdalena Panoaya, Francisco I. Madero, Acuexcomac, Chautla, Papaiotla, Chimalpa, Texcoco y Tepetitlán (La Jornada, 2002; Milenio Diario, 2002).

Los periódicos y noticiarios televisivos y radiofónicos dieron una amplia cobertura a lo que pasaba en Atenco; sin embargo, por temor a una acción de las autoridades, fue restringida y controlada la entrada al pueblo. El gobernador Arturo Montiel declaró que el enfrentamiento había sido provocado por "grupos ajenos al proyecto y que tienen intereses contrarios al desarrollo del país, que han actuado en forma violenta, como quedó demostrado en la agresión" (Milenio Diario, 2002). Los pobladores se enteraron por radio que el gobierno federal había colocado a la Policía Federal Preventiva (PFP) a las afueras de Atenco y se esperaba su inminente entrada al pueblo (Milenio Diario, 2002, y Lajous, 2003).

Paralelamente a estos hechos, tanto el gobierno estatal como el federal se deslindaron de la responsabilidad: el gobernador del Estado de México sostenía que se trataba de terrenos federales y, por su parte, la federación afirmaba que era un problema dentro de un estado (La Jornada, 2002).

Por su parte, el movimiento hacía declaraciones donde manifestaba su disposición a morir por la defensa de sus tierras (Milenio Diario, 2002, y La Jornada, 2002). Los campesinos presentaron ante los medios un pliego de condiciones para resolver el conflicto: la realización de un diálogo público, la cancelación del proyecto, la anulación de las órdenes de aprehensión y la liberación de sus compañeros, así como el reconocimiento del movimiento como interlocutor válido. El movimiento esperaba el arribo de miembros de organizaciones solidarias con el movimiento, como el Consejo General de Huelga (CGH) de la Universidad Nacional Autónoma de México,miembros de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), entre otros (Milenio Diario, 2002).

Según un informe de la Secretaría de Gobernación hecho público en la revista Cambio el 21 de julio, la organización encabezada por Ignacio del Valle y Jesús Adán Espinoza comenzaba a perder poder de convocatoria, lo que había llevado a una radicalización de sus movilizaciones contra el aeropuerto. El texto recomendaba prevenir la creación de un foco de corte marxista-maoísta-leninista (Lajous, 2003).

Después de cuatro días, la situación se distendió cuando el gobierno del Estado de México cambió los delitos por los que fueron consignados los campesinos, lo que permitió, mediante el pago de una fianza, su liberación (fianza cubierta por el gobierno estatal por un monto total de 384 mil pesos). En gesto recíproco, los ejidatarios de San Salvador Atenco dejaron en libertad a las personas que mantenían en calidad de "invitados".

El gobierno anunció que realizaría una serie de mesas de diálogo con los campesinos. Durante unos días se discutió cuál sería el sitio más apropiado para el diálogo. Las pláticas al final se llevaron a cabo en las instalaciones del Archivo General de la Nación, al que los ejidatarios asistieron cargando un ataúd en recuerdo de un campesino que murió en un hospital después de sufrir golpes graves en el enfrentamiento de Acolman.

El gobierno finalmente derogó las órdenes de expropiación y canceló el proyecto de construcción del aeropuerto en la zona de Texcoco, declarando que esta decisión respondía a su vocación "negociadora". Ante la cancelación del proyecto, los campesinos de Atenco anunciaron que su lucha no había terminando y que realizarían nuevas movilizaciones para ayudar a "compañeros" campesinos en otras regiones.


 

Vicente Fox y todos los que participaron en estas agresiones y matanza siguen impunes y con las manos manchadas de sangre siguen creyendo que el Estado y el interés de algunos cuantos se justifica y esta por encima de las voluntades de los ciudadanos, el interés económico por encima del valor humano. 


Jesús Hoyos Hernández

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