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miércoles, 10 de junio de 2015

Ingobernabilidad




CONCEPTO

Partimos de la definición proporcionada por Manuel Alcántara Sáenz, respecto a Gobernabilidad e Ingobernabilidad, "puede entenderse como gobernabilidad el conjunto de condiciones de carácter medioambiental favorables para la acción del Gobierno o intrínsecas a éste. Por el contrario ingobernabilidad se refiere a una situación disfuncional que dificulta la actividad gubernamental.

 


De tal manera que con esa referencia podemos ubicarnos y en ese sentido, resulta novedoso observar asociadamente el término de "Gestión Pública", utilizado en la mayoría de las veces en lugar de Administración Pública y es que a medida que pasan los años nos vemos rebasados, por ende obligados a reconstituir, reorganizar en una palabra a reestructurar a nuestras Instituciones y ello, como producto de una creciente democracia en la cual la participación, precisamente persiga eso, el que la totalidad de los ciudadanos tengan al alcance no sólo servicios, sino a obtener figuras y autoridades capaces de brindar respuesta a la demanda social.

 


El quemar boletas electorales no tiene que ser delito si las mayorías así lo deciden, pero el Estado en sus funciones, reacciona através de las instituciones como instrumentos de poder y de represión. Pero si lo analizamos también es una manifestación de participación ciudadana

Así las cosas y en la especie cuando nos referimos al término de Nueva Gestión Pública, denota un proceso acabado o un nuevo producto de una serie de reformas, adecuaciones y modificaciones para llegar a ello, desde cambios democráticos y estructurales de fondo, hasta los diversos ordenamientos que tienen que ver con la Administración Pública.
No obstante, que en el discurso político o gubernamental se insista en la transparencia y rendición de cuentas, eficiencia, eficacia y legitimidad, lo cierto es que no ha logrado materializarse tales circunstancias, ya sea por el sistema de elección de nuestros gobernantes y/o por el desfase de los ordenamientos que norman las atribuciones de los referidos en el ámbito institucional. Deviniendo pues en una carente representatividad de la ciudadanía en la participación y gobernabilidad del país.


Ingobernabilidad no es más que la desobediencia civil al orden establecido. En muchos de los gobiernos del mundo se han dado gobiernos que no respoden a la voluntad popular y esto ha hecho que la mayoría de los ciudadanos al no estar identificado con ese gobierno, no haga suyas las líneas y ejecutorias del poder, legalmente establecido o no.


La manera de corregirlo es dando participación a todos los estamentos de la sociedad a los fines de que las líneas y ejecutorias sean el resultado del consenso entre las partes afectadas y que no se vean como imposiciones dictatoriales. 



Luego entonces la disyuntiva surge en resolver esa problemática, de modo tal que exista una verdadera y funcional representación ciudadana, que tome un papel predeterminado legalmente hablando, alejando el oportunismo político o la oferta política hacia la sociedad, sino que se un cauce de participación institucional.
Para ello destacaremos los principios de justicia y equidad que en cada una de las ponencias se ponderan, a efecto de desentrañar si la llamada – NGP- Nueva Gestión Pública, se encuentra o no provista de esos atributos.
Luego entonces y por sus eventuales consecuencias podremos establecer hacia donde se dirige la NGP en la búsqueda del ethos referenciado por la Real Academia Española y con carácter organizacional.

En virtud de lo cual habremos de considerar el hecho y/o circunstancia referente a que para tener o contar con organizaciones gubernamentales eficientes, no sólo necesitamos el gerencialismo, sino también un diseño político inteligente, consciente de aspectos de justicia.
Evidente resulta que la evolución de la sociedad no sólo se da en los seres humanos que la integran, sino que éstos involucran o arrastran a su entorno en todas sus modalidades, en efecto el ser humano representa por sí un agente de cambio en función de sus necesidades.

Es por ello que las transformaciones que han sufrido las ciudades en donde habitan esas sociedades, se han visto como indicadores en diversas materias, principalmente en la económica. Sin embargo en el ámbito del desarrollo social aún más, ya que en éste y en función de los servicios públicos con que cuentan sus habitantes, resultan contundentes para conocer a contrario sensu, el grado de pobreza que existe en esa sociedad o demarcación.

Adentrarnos a lo expuesto implica obligadamente observar el término de globalización, que por lo común implica o connota al sector económico, privado o empresarial, existente dentro de una población, estado o nación. Y es que todo indica que los procesos de sistematización, de avance tecnológico y científico en todo caso, excluyen a los que es y representa el Estado y a su organización interna como lo es su administración pública, en los órdenes que se trate.

En efecto hoy en día resulta novedoso el tema de globalización dentro de lo que conocemos como Estado y consecuentemente en la administración pública. De ahí que a través de diversas teorías y concepciones de los intelectuales al respecto, es como se ha venido introduciendo y adecuando a las circunstancias propias del Estado que se trate a lo que se define como globalización .

En esa secuencia bajo la definición proporcionada, observaremos en consecuencia que no es un fenómeno exclusivo de un sector de la sociedad o de un Estado o Gobierno, sino que sus alcances resultan universales, de ahí que el gobierno y la administración pública en la economía y su relación con la sociedad civil, así como la complejidad de las relaciones político, económico y social han obligado a realizar transformaciones necesarias, encaminadas a redefinir el papel del Estado en la vida de los países, con un gobierno que tome decisiones acordes a la realidad de las sociedades y con una administración pública modernizada y fortalecida para llevar a cabo todas las acciones que aquel decida, utilizando medios y mecanismos que encuentre a su alcance para mantener la gobernabilidad y la satisfacción de demandas sociales.






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