Kamel Nacif: el
poderoso empresario de origen libanés que quiso silenciar a la periodista Lydia
Cacho.
Kamel
Nacif Borge, poderoso empresario textil de origen libanés conocido como “El Rey
de la Mezclilla”,
quedó expuesto en Los demonios del Edén, el libro con el que Lydia Cacho
documentó en 2005 una red de explotación sexual infantil y los vínculos de Jean
Succar Kuri con empresarios y políticos. Nacif respondió llevando a la
periodista ante la justicia por difamación y calumnia. Meses después, Cacho fue
detenida en Cancún, trasladada por carretera hasta Puebla y denunció haber sido
torturada y amenazada durante el trayecto. La historia dio un giro brutal: el
empresario que denunció a la periodista terminó señalado por la operación que
la llevó esposada de un estado a otro. Succar Kuri fue condenado por delitos
sexuales contra menores; Nacif no fue condenado por pederastia, pero sí quedó
bajo investigación judicial por la tortura denunciada por Cacho. El 16 de
diciembre de 2005, policías judiciales poblanos detuvieron a Cacho en Quintana
Roo en cumplimiento de una orden derivada de la querella presentada por Nacif.
La investigación posterior de una comisión de la Suprema Corte
encontró múltiples anomalías: hermetismo extraordinario, obstáculos para que la
periodista preparara su defensa y condiciones que beneficiaron al querellante.
En 2007, sin embargo, el Pleno de la
Corte no alcanzó la mayoría necesaria para declarar que se
habían cometido violaciones graves de garantías conforme a la facultad prevista
entonces en el artículo 97 constitucional. En febrero de 2006 aparecieron
grabaciones atribuidas a Nacif y al entonces gobernador de Puebla, Mario Marín
Torres. En la conversación más famosa, que convirtió al mandatario en el “Góber
Precioso”, ambos hablaban de lo ocurrido con Cacho y Nacif ofrecía enviarle
botellas de coñac. Otras llamadas difundidas mostraban interés en que la
periodista continuara procesada. Las grabaciones sacudieron al país porque
alimentaron la percepción de que la detención de Cacho no había sido un trámite
judicial ordinario, sino una represalia coordinada desde las esferas del poder.
Aunque tuvieron enorme impacto político y periodístico, la Suprema Corte
determinó que, al haber sido obtenidas sin autorización judicial, no podían
utilizarse como prueba para responsabilizar constitucionalmente al gobernador. La
dimensión del caso cambió con el tiempo porque Jean Succar Kuri sí fue
condenado. Tras años de litigios, recibió una pena que terminó fijada en 93
años de prisión por delitos sexuales contra menores y murió en 2024 mientras
cumplía condena. Esa sentencia confirmó judicialmente los delitos centrales
atribuidos a Succar Kuri, pero no convirtió automáticamente en culpables a
todas las personas mencionadas a su alrededor. La propia investigación de la Suprema Corte
registró que, en ese momento, la Procuraduría de Quintana Roo informó que no
existía una averiguación previa contra Kamel Nacif por delitos cometidos contra
menores. Años después, el caso volvió a sacudir al poder. La justicia federal
libró órdenes de aprehensión contra Nacif, Mario Marín y antiguos funcionarios
por su probable responsabilidad en la tortura contra Cacho. Nacif fue
localizado en Líbano en 2020
a raíz de una notificación internacional, pero en julio
de 2021 un tribunal federal mexicano le concedió un amparo que lo protegió de
aquella orden de captura. ARTICLE 19 cuestionó duramente la resolución porque,
a su juicio, abrió la puerta a la impunidad. Jurídicamente, sin embargo, el
alcance es preciso: Nacif no fue condenado por la tortura de Lydia Cacho. Veinte
años después, el caso conserva una fuerza incómoda porque obliga a separar dos
historias que suelen mezclarse. Una es la red de explotación sexual infantil
vinculada a Succar Kuri, cuya responsabilidad penal sí quedó acreditada. La
otra es la represalia denunciada por Lydia Cacho después de publicar su
investigación, un episodio por el que el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó en 2018 que México
violó derechos de la periodista, incluidos los relacionados con tortura,
detención arbitraria y libertad de expresión. Lydia Cacho investigó a hombres
poderosos. Después, fue ella quien terminó esposada, incomunicada y trasladada
cientos de kilómetros para enfrentar una denuncia promovida por uno de los
empresarios mencionados en su libro. El caso dejó una pregunta que sigue
incomodando al sistema de justicia mexicano: ¿Kamel Nacif utilizó una denuncia
penal para castigar a la periodista que lo había exhibido y activar una maquinaria
de poder que terminó acusada de torturarla?.
No
eran “maquiladoras”. Era nomás una, la planta maquiladora de la empresa llamada
Trans-Textil Internacional SA de CV 2. Su dueño era nada más y nada menos que
Kamel Nacif, un empresario vinculado a redes de trata infantil, que mandó
secuestrar a la periodista Lydia Cacho. Nacif era promotor y financiador de la
fundación “Vamos México”, de Martha Sahagún, esposa del entonces presidente
Vicente Fox. 4. También es primo de Roberto Borge, ex gobernador de Quintana
Roo por el PRI, actualmente preso acusado de diferentes delitos. En 2002 los
trabajadores de una planta de la empresa de KN ubicada en Acapulco se fueron a
huelga. La respuesta de Kamel fue cerrar la planta y dejarlos en la calle. Los
trabajadores intentaron quedarse con la maquinaria como indemnización, pero el
poder judicial dijo que nel. Para evitarle pérdidas, Fox le propuso mandar la
maquinaria a San Cristóbal de Las Casas e instalar una planta ahí. 9. El
gobierno de Fox le dio 6 millones de pesos a Kamel para que acondicionara la
nave industrial. El empresario pedófilo contrató a varias empresas y
proveedores locales (herreros, carpinteros, fontaneros) para esa chamba. Nunca
les pagó (que yo sepa). Kamel aceptó, pero puso condiciones: el gobierno
debería pagar el terreno, la nave industrial y pagar los sueldos. Pablo Salazar
(entonces gobernador) se comprometió a pagar los sueldos de las trabajadoras de
la maquila. En formato de becas, durante seis meses, mientras se capacitaban.
Pero quizá, solo quizá, Kamel despedía a las empleadas cada seis meses, así las
becas seguían fluyendo. En cuanto se acabó el sexenio de Fox y Kamel tuvo que
pagar sueldos, se declaró en quiebra (enero de 2007). Para ese entonces el
número de empleadas era de 300. Les tocó una liquidación de entre 2 mil y 4 mil
pesos. El plan de Kamel era que, junto con su maquiladora, instalaría un centro
nocturno (para sus otros negocios), y en un futuro también un casino. Todo eso
iba fluyendo en cuanto a permisos y todo, hasta que estalló el escándalo del
Gober Precioso y se canceló todo.
Una
herida abierta el linchamiento de universitarios en San Miguel Canoa.
México,
San Miguel Canoaes una de las 17 juntas
auxiliar del municipio de Puebla, ubicada a unos 12 kilómetros al
noreste de la capital del estado y asentada en las faldas del volcán Malintzin
(La Malinche).
Es una comunidad de origen prehispánico que destaca por conservar con orgullo
sus profundas raíces culturales, tradiciones, en este poblado sucedió la tragedia
mas vil auspiciada por la ignorancia, la falsa información y la manipulación,
por lideres sociales, políticos y religiosos. La falsa propaganda es culpable
de múltiples atrocidades, como en la inquisición. En San Miguel Cano Puebla, Cinco trabajadores de la Universidad Autónoma
de Puebla salieron el 14 de septiembre de 1968 con un propósito aparentemente
inofensivo: escalar la
Malinche. Una tormenta frustró la excursión y los obligó a
buscar dónde pasar la noche en San Miguel Canoa, Puebla. Horas después serían
acusados de ser comunistas enviados para atacar al pueblo. Dos de ellos
murieron; tres sobrevivieron gravemente heridos. También fueron asesinados dos
habitantes relacionados con quienes les dieron refugio. México atravesaba
entonces uno de los momentos más tensos de la Guerra Sucia y del
movimiento estudiantil de 1968. Apenas un día antes se había realizado la Marcha del Silencio y
faltaban menos de tres semanas para la matanza de Tlatelolco. Puebla, además,
llevaba años experimentando una intensa confrontación entre sectores
universitarios de izquierda y grupos políticos, empresariales y religiosos
profundamente anticomunistas. Investigaciones académicas han documentado que
esa polarización también había llegado a Canoa, donde existían conflictos
internos relacionados con el poder local, el párroco y grupos campesinos. Los
excursionistas —Ramón Gutiérrez Calvario, Jesús Carrillo Sánchez, Julián
González Báez, Roberto Rojano Aguirre y Miguel Flores Cruz— buscaron
alojamiento después de abandonar el ascenso por el mal tiempo. Finalmente
fueron recibidos en casa de Lucas García. Durante la noche comenzó a difundirse
que los recién llegados eran comunistas que pretendían colocar una bandera
rojinegra, profanar la iglesia o atacar al sacerdote.
No existe evidencia de
que los cinco hubieran llegado a Canoa con alguno de esos propósitos. La figura
central del episodio fue el párroco Enrique Meza Pérez. Documentos preservados
por el Archivo General de la
Nación y estudios posteriores señalan el papel de la prédica
anticomunista y responsabilizan al sacerdote de instigar o alimentar el miedo
contra los visitantes. Al sonar las campanas y circular las acusaciones, una multitud
se movilizó hacia la vivienda donde estaban hospedados. Los cinco trabajadores
fueron atacados con extrema violencia; Ramón Gutiérrez Calvario y Jesús
Carrillo Sánchez murieron, mientras Julián González, Roberto Rojano y Miguel
Flores sobrevivieron. Lucas García y otra persona vinculada con la familia que
había auxiliado a los excursionistas también fueron asesinados. El dato más
perturbador apareció después: la magnitud pública del linchamiento no produjo
una respuesta judicial proporcional. Una investigación histórica publicada por
el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM señala que, con
excepción del alcalde y otro habitante que fueron encarcelados y posteriormente
liberados, ninguno de los cientos de participantes recibió castigo por sus
actos. El sacerdote Meza Pérez tampoco terminó condenado como responsable del
linchamiento. Canoa quedó así asociado no solamente con la violencia colectiva,
sino con la impunidad que siguió al crimen.
La historia pudo haberse desvanecido entre los
acontecimientos de aquel turbulento 1968, pero regresó al debate nacional
gracias al cine. Felipe Cazals y el guionista Tomás Pérez Turrent
reconstruyeron los hechos en Canoa: memoria de un hecho vergonzoso. Estrenada
en 1976, la película obtuvo el Oso de Plata, Premio Especial del Jurado, en el
Festival Internacional de Cine de Berlín, y terminó convirtiéndose en una de
las obras fundamentales del cine político mexicano. San
Miguel Canoa demuestra que la violencia de 1968 no puede entenderse únicamente
desde Tlatelolco. En una comunidad poblana, el anticomunismo de la Guerra Fría, los
conflictos locales, la autoridad religiosa y una cadena de rumores fueron
suficientes para convertir a cinco excursionistas en supuestos enemigos. No
llevaban una conspiración al pueblo: buscaban refugiarse de la lluvia. Décadas
después, la contradicción permanece brutalmente vigente: la acusación era
falsa; las muertes fueron reales y la justicia nunca alcanzó plenamente a los
responsables. ¿La
masacre de Canoa fue producto del fanatismo de una comunidad o la consecuencia
de años de miedo político y anticomunismo alimentado desde distintas
estructuras de poder?
Canoa:
memoria de un hecho vergonzoso” — cuando el miedo venció a la razón. Dirigida
por Felipe Cazals en 1976, Canoa: memoria de un hecho vergonzoso es una de las
películas más impactantes y valientes del cine mexicano. Basada en hechos
reales ocurridos el 14 de septiembre de 1968, narra el brutal linchamiento de
cinco jóvenes trabajadores de la
Universidad de Puebla en el pueblo de San Miguel Canoa, confundidos
con comunistas por la histeria colectiva alimentada por el párroco local. Contada
con un estilo casi documental, la cinta muestra cómo el fanatismo religioso y
la manipulación ideológica pueden convertir a una comunidad entera en
instrumento del horror. Con recursos de cine testimonial, Cazals logró una obra
tan poderosa que fue censurada y señalada en su tiempo, pero hoy es reconocida
como una joya cinematográfica y una denuncia inmortal contra la intolerancia y
el autoritarismo. Ganadora del Oso de Plata en el Festival de Berlín, Canoa
sigue estremeciendo por su crudeza, su estructura narrativa y su retrato del
México previo a la matanza de Tlatelolco. Una película que no solo retrata un
crimen colectivo, sino una advertencia: cuando la fe se mezcla con el miedo, el
resultado puede ser monstruoso. Podría repetirse hoy… bajo otra forma de
fanatismo?
Por; Jesús Hoyos Hernández//Nacional//Análisis//Política//Opinión//El poder en México//
Acontecimientos de
1994 que marcaron el gobierno de Salinas y al PRI.
En
1994. No solo ocurrió el error de diciembre. Colosio había sido asesinado, se
daba el levantamiento zapatista. El PRI se comenzaba a sumir en una crisis
interna y el gobierno de Salinas de Gortari buscaba mantener su fachada de
estabilidad mientras el "hermano incómodo", Raúl, era acusado de
todo.
En
ese contexto, José Francisco Ruiz Massieu, entonces secretario general del PRI,
exgobernador de Guerrero y excuñado del presidente, fue asesinado. El crimen,
desató una investigación en la que salió a relucir el nombre de un diputado
federal Manuel Muñoz Rocha, presuntamente implicado en la conspiración. Pero
Muñoz Rocha desapareció. Y ahí empieza una historia que de no ser porque fue
verídica, habría podido ser el guión de una muy mala comedia de bajo
presupuesto. En 1996, Zedillo en el gobierno, y con el panista Antonio Lozano
Gracia como procurador, la PGR
anunció un "avance contundente". La revelación de una
"vidente" llamada Francisca Zetina, alias La Paca; el avance en las
investigaciones fue que La Paca,
había “visualizado”, mediante un trance espiritual, el lugar exacto donde se
encontraba el cadáver de Muñoz Rocha.
En
el rancho Encanto, propiedad de Raúl Salinas. En vez de ciencia forense, usaron
espiritismo. En vez de peritos, una bruja. Y en lugar de hacer justicia,
hicieron un show mediático. Obviamente, todo fue un montaje. El cuerpo había
sido sembrado por Chapa Bezanilla; Un alto funcionario de la PG. "La Paca" simplemente era
una señora "random" a la que usaron para legitimar su maniobra
política. No fue el primer montaje judicial de ese régimen, ni el último, pero
sin duda, fue el más absurdo y grotesco. Este caso marcó el principio del fin
de la credibilidad institucional de la PGR. Expuso cómo el sistema de justicia en México
no perseguía culpables, sino objetivos políticos. Fue parte del ajuste de
cuentas entre el zedillismo y el salinismo. Y dejó claro que en este país, la verdad
judicial puede ser negociada, sembrada o de ser necesario, invocada por una
vidente.
Raúl Salinas estuvo preso más de una década, pero no por este
asesinato, sino por enriquecimiento ilícito. Hoy vive libre, rehabilitado, y
hasta recuperó parte de su fortuna, gracias a sentencias legales durante los
gobiernos de Peña y Calderón. Antonio Lozano Gracia regresó al PAN. Nadie lo
inhabilitó ni lo persiguió por uno hacer uno de los mayores montajes de la
historia judicial de México. Se le recuerda más por los memes que lo vinculan
con Margarita Zavala y la supuesta paternidad de Luís Felipe Calderón Zavala. Chapa Bezanilla fue procesado, pero no condenado. La Paca desapareció del ojo público. Carlos Salinas
sigue siendo una figura intocable en la política y el empresariado mexicano. Y
es muy gracioso que hoy en día, algunos se desgarran las vestiduras con la
propuesta de elegir jueces y magistrados por voto popular. Dicen que eso es populismo. Que es una
“farsa”. Que el sistema actual funciona. Que las instituciones "no se
tocan". El Sistema Judicial que algunos defienden, fue capaz de fabricar
cadáveres, sembrar pruebas y usar a una "bruja" como perito estrella.
Quizá la elección popular no solucione todos los problemas del país; pero no
nos vengan con que este sistema "no se toca".
La otra estafa ó
fraude de Calderón; la compra del detector molecular GT200.
Durante el periodo de los gobiernos neoliberales, por
todos lados existió corrupción, robo de dinero del erario publico y la hacienda
publica, desfalcos, opacidad, engaño, estafas, fraudes, despilfarros, lo peor
era el descaro y el cinismo y el mal manejo de la administración y sus
recursos. Millones de pesos llegaban pero a los bolsillos de funcionarios
corruptos, con total impunidad, mientras Millones de pobres aumentaban, los
funcionarios públicos hasta de mas bajo escalafón, se paseaban en camionetas de
lujo blindadas con cientos de guaruras, guarda espaldadas que cuidaban de sus
seguridad con dinero púdico, comisionados de la policía federal. El ex Presidente Felipe Calderón desvió
millones de pesos, los excedentes petroleros, la Estela de luz, un monumento
a la corrupción, una refinería que nunca construyo pero eso si se gastaron el
dinero, el presupuesto de medicamentos que nunca llegaron y que nunca se
compraron durante la pandemia H1N1. Los hospitales que dejaron en obra negra y
nunca se inauguraron, la venta de infraestructura de PEMEX y CFE para
beneficiar a empresas extranjeras como IBERDROLA. Pero hay un fraude que llama
mucho la atención, por que se trata del fraude más inocente ó más corrupto, jamás
visto como si se tratara cuando le quitas un dulce a un niño, se trata del
detector molecular GT200, que el gobierno mexicano a través de la secretaria de
seguridad publica, compro a una empresa extranjera, a pesar de que otros
gobiernos ya habían advertido a México, de no adquirir esos aparatos por que se
trataba de una estafa. Los aparatos solo eran un artefacto de plástico hueco
por dentro con una antena. Según la
ficha técnica de venta este artefacto podía detectar vibraciones moleculares, y
recopilar átomos de un radio de hasta 500 metros, que después llevados
a un laboratorio podían servir de prueba.
La prensa los llamo productos milagro, los llamados “detectores
moleculares” que el gobierno de Felipe Calderón compró a montones para combatir
al narco, resultaron ser un fraude, juguetes de plástico. Contra las
advertencias del gobierno británico, la experiencia del FBI estadunidense y los
argumentos de la comunidad científica mexicana, el Ejecutivo y los jefes
militares siguen arriesgando la seguridad del país, de su personal y del resto
de los ciudadanos al usarlos para “detectar” bombas o drogas y justificar
cateos.
|| “hay una denuncia
presentada de un equipo que compraron, que tiene un costo en el mercado como de
600 u 800 millones, y lo compraron en 2,600 millones”.Entre el 2010 y el 2012,
las Fuerzas Armadas, Pemex y varios gobiernos estatales adquirieron un
dispositivo que supuestamente iba a salvar a la patria.
La
estafa de los “Detectores moleculares” en México: cuando el gobierno de FelipeCalderón ignoró la ciencia y quiso combatir al narco con magia. La Ouija del Diablo habría
llevado a 5,000 personas a la cárcel y ocasionado más de 1,000 cateos ilegales.
Para 2015, 1,980 personas detenidas todavía seguían detenidas. En total, se
compraron 1,112 aparatos modelos GT-200, uno de los infames detectores
moleculares de origen británico que provocó verguenza para instituciones
mexicanas que gastaron cerca de 450 millones de pesos. El funcionario de
Defensa Nacional a la que le mostraron el “dispositivo”, debió haberse sentido
como quien encuentra un oasis en un inhóspito desierto: que conveniente era
que, precisamente en el momento en que la fuerza militar se incrementaba en
todo el país, un “dispositivo” que podría encontrar droga a 700 metros de distancia
salía a la venta. El artefacto del tamaño de una pistola de silicón consistía
en un mango de color negro, con una antena muy similar a la de un coche, que
podría localizar, presumían sus vendedores de acento inglés, todo tipo de
drogas (incluyendo marihuana), elefantes, humanos y hasta billetes. El truco
consistía, dijeron, en tarjetas intercambiables donde cada una se ajusta a la
frecuencia del objeto a buscar.
Era esencialmente
magia contra narcotráfico.
La
Secretaría de
Defensa Nacional (Sedena), encantada, no compró uno, sino más de 700. Una
ganga, debieron haber pensado, pues cada uno de ellos costó entre 20 y 38 mil
dólares. La fiebre se esparció rápidamente en 2007 y 2008, años particularmente
álgidos en materia de seguridad. Así, Defensa Nacional no fue la única
instancia en adquirir los “modernos aparatos”; le siguieron la Marina, la Procuraduría General
de la República,
gobiernos estatales de Colima, Guanajuato, Estado de México, Sinaloa, Hidalgo,
entre otros. En total, se compraron 1,112 aparatos modelos GT-200, uno de los
infames detectores moleculares de origen británico que provocó verguenza para
instituciones mexicanas que gastaron cerca de 450 millones de pesos por las
que, después se comprobó, eran cajas vacías de plástico con una antena de radio
pegada. El dispositivo en realidad no lo crearon los vendedores ingleses,
originalmente fueron creados y se comercializaron en Estados Unidos como
detectores para pelotas de golf. La fiebre de los detectores moleculares, todos
querían el suyo. México
fue parte de la tendencia iniciada por persuasivos vendedores británicos que
fundaron sus propias empresas de venta de detectores moleculares. Aunque
existieron media docena de ellas, las más prósperas fueron las de Samuel y Joan
Tree que vendian el Alpha 6; la de James McCormick que vendía el ADE650 a
través de ‘Advanced Tactical Security & Communications‘ (ATSC); y Gary
Bolton, el fundador de ‘Global Technical Ltd‘. Pero el profeta de la fiebre de
los detectores moleculares no provenía del antiguo continente, sino de Estados
Unidos. Malcolm Stig Roe fue el precursor de hacer pasar el producto
originalmente conocido como “The Golpher“, por un sistema de detección mucho
más avanzado. Vendió decenas de “detectores de explosivos” a oficinas de
policía local en Estados Unidos en la década de los 90. Lo vendió con un nombre
mucho más presuntuoso: el Quadro Tracker adquirió fama (y ventas) en Illinois y
Georgia, lo que llamó la atención del FBI. Cuando la agencia hizo sus propios
exámenes, llegó a la conclusión inevitable de que se trataba de un pedazo de
plástico inservible, y emitió una alerta en contra de la estafa. Malcolm
entonces mudó su negocio a Reino Unido, en donde ya conocía a Samuel y Joan
Tree. Los tres hicieron crecer el negocio, al que pronto se añadieron los
ingleses Gary Bolton y Jim McCormick. Poco duró la alianza: la ruptura del
grupo hizo que McCormick fundara ATSC y Bolton hiciera lo propio con Global
Technical. Pero McCormick realmente entendió el negocio: vendió el detector
molecular ADE650 a agencias de seguridad de Líbano, Nigeria y China, y aunque
lo intentó, no pudo convencer a Canadá. La explosión de la fiebre sucedió
cuando McCormick consiguió vender la friolera cantidad de 5,000 dispositivos a
Iraq, país resuelto a establecer medidas de seguridad más férreas, pues
atentados entre 2006 y 2008 habían provocado ya la muerte de más de 1,000
iraquíes.Los ingredientes eran claros: se necesitaba de lugares que,
desesperados en sus búsquedas por concretar seguridad, estaban dispuestos a
casi todo, incluso a los métodos más inverosímiles.
Las detenciones
ilegales y la propaganda de los medios
para justificar una compra inútil.
En
2007 ocurrió: los detectores moleculares llegaron a México, en particular, el
GT200 de la compañía de Bolton. Como no podría ser de otra forma, en México se
bautizó con un nombre bastante más dramático, ‘La Ouija del Diablo‘. ‘La Ouija del Diablo’: la
sensación de 2007. Cuerpos armados estaban fascinados por la funcionalidad del
dispositivo. Sedena incluso tuvo comunicación oficial a medios sobre operativos
de incautación de armas y drogas que, dijeron, no se habrían conseguido sin la Ouija del Diablo. En 2010 un
texto de El Universal da detalles de ello. El texto titulado “Con detector
molecular aseguran arsenal y dinero” explica que la Sedena hizo 11 operativos
en Michoacán en los que se consiguieron 120 mil dólares en efectivo, y
encontraron abandonados en maleza (con “ayuda” del detector) dos fusiles AK-47,
tres pistolas revolver, ocho armas tipo escuadra, tres submetralladoras, y más
armamento. Excelsior en octubre de 2008 escribió sobre los detectores
moleculares en la nota “Nueva arma de Sedena pone a temblar al narco“, texto
que asegura que la Ouija
del Diablo es un invento británico que usa el ejército inglés desde el 2000.
Aunque la nota fue eliminada de su sitio, se puede consultar vía web.archive. La
“inversión” tenía que dar frutos: Sedena ya contaba para entonces con 742
aparatos, Semar con 102 y hasta Pemex había conseguido 54, según solicitudes de
transparencia conseguidas por medios. Los detectores moleculares fueron usados
en Kenya, Líbano, Jordania, China, Iraq, México, entre otros. En el terreno
occidental, no hay país que les haya institucionalizado como México lo hizo. Las
instancias de México o ignoraron por completo la advertencia de una década
atrás del FBI, o simplemente no hicieron ningún tipo de investigación previa
sobre los “dispositivos”. El Estado Mayor presidencial incluso llegó a decir
que antes de la compra los aparatos fueron probados por personal experto en
explosivos de ese mismo cuerpo. La
Sedena comenzó a utilizarlos en sus retenes aleatorios en
carreteras del país, y si la antena señalaba a alguien, era motivo suficiente
para llevarlo a proceso por supuestamente haber tenido contacto con drogas o
armas.
Las
falsas acusaciones se arremolinaron, a tal punto que la Comisión Nacional
de Derechos Humanos expidió recomendaciones sobre el uso del dispositivo. El
caso de Ernesto Cayetano Aguilar fue uno de los más sonados: de origen mixe,
Ernesto viajaba de Coatzacoalcos para visitar a su hijo, cuando el autobús en
el que iba fue detenido para un retén. A varios asientos de distancia fue
encontrado un paquete de marihuana, y cuando inspeccionaron a todos los
pasajeros, el detector molecular lo apuntó a él. Aunque no se le encontró
drogas o armas, fue recluido en el penal de máxima seguridad de Villa Aldama
por ocho meses, hasta que se determinó que no había elementos jurídicos para
procesarlo. Como Ernesto, miles más de detenciones bajo condicione similares
ocurrieron. La Ouija
del Diablo habría llevado a 5,000 personas a la cárcel, según retoma Reporte
Índigo, y habría ocasionado más de 1,000 cateos ilegales, motivados en que el
“dispositivo” apuntaba a domicilios que tenían droga o armas dentro. Para 2015,
1,980 personas detenidas a causa de la
Ouija del Diablo seguían detenidas. Incluso se iniciaron
juicios penales contra Defensa Nacional. La comunidad científica en México no
se quedó callada. La
Academia Mexicana de Ciencias ofreció hacer pruebas al
“dispositivo” para comprobar su efectividad. El libro “The Impact of President
Felipe Calderons War on Drugs in The Armed Forces” asegura que Defensa Nacional
declinó la oferta de análisis argumentando que los detectores moleculares
tenían que ver con “seguridad nacional“. Cuando el especialista del Instituto
de Ciencias Físicas de la UNAM,
Luis Mochán, se enteró que un artefacto con semejantes características había
sido adquirido por gobiernos de los tres niveles, no podía creerlo. Era
exactamente el mismo artefacto del que había oído hablar en la década de los
90. Los detectores moleculares no usaban baterías. Los fabricantes aseguraban
que se cargaban con “energía estática”, solo necesitaban que el usuario que los
portara caminara un poco antes de operarlo Mochán, expresidente de la Academia Mexicana
de Ciencias (AMC), como otros científicos de la UNAM y de la AMC, insistieron en todo momento en que los
detectores moleculares no podrían ser otra cosa sino una estafa. Mochán no se
conformó con la negativa de la
Sedena a experimentos hechos por civiles, y siguió intentando
obtener por vías institucionales capacidad para hacer pruebas al GT200. Simultáneamente
tribunales de todos los niveles se llenaban de quejas provenientes de personas
detenidas a causa del detector molecular. El caos fue tal que la CNDH exhortó a gobierno
federal a dejar de usar en su totalidad la Ouija del Diablo. Con tal movimiento solo era
cuestión de tiempo para que alguno de los casos llegara a la Suprema Corte de
Justicia. Antes de que la
Suprema Corte emitiera veredicto, Mochán consiguió su
oportunidad. Un juzgado de Morelos recurrió a Mochán y a Alejandro Ramírez,
científico de la
Universidad del Estado, para hacer peritajes sobre la
efectividad del detector molecular. El ejército también fue convocado. Instalados
en bodegones, en enero de 2011, cuatro años después de que los detectores
aterrizaran en México, la ciencia consiguió su oportunidad. Tendrían solo una,
si faltaba rigor metodológico o había razón alguna para sospechar de los
resultados, el caso podría venirse abajo. El experimento fue tan sencillo como
se pudo: 1,700 pastillas de anfetaminas fueron colocadas, alternadamente, en
distintas cajas de cartón. El ejército designaría a un soldado que desconocía
el contenido de las cajas y que operaría el artefacto. Todo el proceso quedó
documentado en un videoreportaje hecho por El Universal, único medio de
comunicación invitado al experimento. El Universal grabó cuanto pudo. En el
video se ve a Mochán entrando y saliendo del bodegón para, junto con un elemento
de la Sedena,
colocar droga en distintas cajas.
Alertas
del FBI siguieron a la primera emitida en 1995. Hubo también en 1999 y 2002. El
Gobierno de Iraq ignoró todas y dijo en 2009 que el detector molecular sí
funcionaba, en su experiencia. En 2010 el gobierno británico emitió alertas
contra los detectores, todos ellos vendidos a nivel global desde Inglaterra.
Como
Mochán, comunidades científicas de distintos países hicieron sus propios
experimentos. Expertos en explosivos en Sidney dijeron que la caja negra del
aparato era, esencialmente, una caja de plástico. El caso de Mochán fue tan
trascendental que el investigador fue invitado dos años más tarde, al juicio
contra Bolton. Reino Unido no se habría quedado de brazos cruzados. Toda
empresa importante en el sector (la de los Tree, la de McCormick y la de
Bolton) provenía de su país. En 2009 lanzaron una prohibición de exportación de
los productos, pero solo era aplicable a ciertos países, México entre ellos.
Con los detectores moleculares encontrando formas de salir del país, Reino
Unido decidió invertir recursos para armar un frente conjunto, con
especialistas, abogados e investigadores, contra todos aquellos influenciados
por Malcolm, el persuasivo vendedor que en los 90 popularizó hacer pasar a los detectores
de pelota de golf como detectores de explosivos. En 2013, Mochán acudió a Reino
Unido para testificar en contra de Bolton. El empresario Gary Bolton recibió
siete años de condena y saldrá de prisión este 2020; los Tree recibieron solo
algunos meses además de multas, y McCormick, el exitoso vendedor del ADE651 en
medio oriente, fue condenado también en 2013 a diez años de cárcel, la máxima pena por
el delito de fraude. En México, el experimento de Mochán sirvió como insumo
para cuando el caso terminó de llegar a la Suprema Corte de
Justicia. En agosto de 2012 la
Suprema Corte declaró que el detector molecular no era válido
en la persecución de presuntos narcotraficantes, mucho menos para presentar
acusaciones en tribunales. Aún así, en retrospectiva, Mochán recuerda al
experimento como una anécdota agridulce. Dijo a Proceso que los militares
presentes preguntaron si los vecinos estaban tomando medicamentos, e incluso
hicieron sacar del salón la mesa del café, pues podría “falsear los
resultados”. Mochán pudo probar que el “dispositivo” funcionaba azarosamente,
pero los militares que estuvieron presentes siguieron sin creer lo que veían.
En
México no hubo ni un solo responsable por las compras o las órdenes dadas para
utilizar detectores moleculares. El distribuidor de la Ouija del Diablo en México,
la empresa Segtec, opera con normalidad. Despues de casi 20 años ningun funcionario publico a pisado la carcel.
|| El 18 de Marzo del 2014. La LXII Legislatura
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
presento el proyecto de ley donde se prohibía GT-200
por las fuerzas de seguridad y todas las instituciones de gobierno.||
I.
El 20 de agosto, la
Corte Criminal Central de Londres declaró culpable de fraude
a Gary Bolton, dueño de la empresa Global Technical, LTD, por fabricar y
comercializar a distintos países del mundo, incluyendo al mexicano, artefactos
falsos, entre ellos el detector molecular GT200, dispositivo que durante la
administración de Felipe Calderón; fue uno de los elementos clave para la
búsqueda de drogas en México. Tras conocer el veredicto, el gobierno mexicano
dio a conocer que el detector molecular GT200 ya no se utilizaría en ninguna
institución federal del país.
II.
El seudoinstrumento bautizado por el Ejército Mexicano como la “Ouija del Diablo”,
con un costo cercano a los 290 mil pesos por unidad –pero por el cual,
gobiernos estatales llegaron a pagar hasta 800 mil pesos–, detectaba, según su
fabricante, moléculas emitidas por las sustancias componentes de municiones,
explosivos, drogas, oro, marfil, billetes de banco, tabaco y cuerpos humanos.
Para cada detección, era requerida una tarjeta especial de programación con la
información sobre las sustancias que detectarían, lo cual permitiría a la
antena dar la ubicación. El GT200 tenía, además, la supuesta capacidad de
detectar estos materiales hasta a 700 metros de distancia en la superficie, a
profundidades de hasta 60
metros bajo tierra o de 800 metros bajo el mar,
e incluso en el interior de un aeroplano que volara a cuatro mil metros de
altura. No usaba ningún tipo de batería y su vendedor aseguraba que se nutría
de la energía electrostática de la persona que lo manipulaba.
III.
A pesar de que el aparato carecía de respaldo científico que avalara su
funcionamiento y eficacia, la empresa Global Technical, LTD, vendió a México
1,112 artefactos a diversas instituciones federales –entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), la Secretaría
de Marina (Semar) y el Ejército Mexicano (EM)– y a 27 gobiernos estatales, así
como a gobiernos municipales, por cerca de 450 millones de pesos de acuerdo con
información proporcionada por el IFAI. Más aún, mediante información
proporcionada por este mismo instituto, el gobierno mexicano no sólo invirtió cuantiosos
recursos públicos en la compra de aparatos de seguridad nacional que carecían
de toda certificación técnica, sino que al inquirirles si habían sometido a
evaluación científica al aparato, previa compra o, bien, previo a ser
utilizados, la Sedena
respondió que “no se localizó la información solicitada”; mientras que, sorprendentemente,
el Estado Mayor Presidencial contestó que “antes de decidir la compra de los
equipos GT200, éstos fueron probados por personal experto en explosivos
perteneciente a este órgano técnico militar” –El Universal, 27 de julio de
2013. Es decir, el principal comprador en México, con más de 740 aparatos
adquiridos por un monto total de más de 200 millones de pesos, reconoció haber
realizado la erogación referida, pero sobre todo haber basado la eficacia de operativos,
retenes, inspecciones –incluso éstas sin órdenes judiciales– un dispositivo que
carecía de todo rigor o evaluación científica. En otras palabras, reconoció
implícitamente haber puesto en riesgo, por omisión deliberada, el objetivo de
su labor: la seguridad de la ciudadanía.
Esto es así, ya que, como lo mostraron
estudios científicos posteriores, la probabilidad de un “falso negativo” (no
indicar la ubicación de, por ejemplo, explosivos o armas buscadas) era superior
a la de sus aciertos, es decir, que el aparato funcionaba con base en el mero
azar, lo que se traduce,
precisamente, en haber confiado a ésta la ubicación de armas o explosivos que
posiblemente – seguramente fueron utilizados con posterioridad. Tal como
sucedió en Irak.
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